Diana Maffía

En el mediodía de hoy la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires a la Dra. Elena Highton de Nolasco, jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el acto, el Vicepresidente Primero de la Legislatura porteña Oscar Moscariello resaltó que “esta distinción es pequeña en relación a la contribución de la Dra Highton a la sociedad argentina”.

Gladys Alvarez, una de las promotoras en Argentina del procedimiento de la mediación como método alternativo de resolución de controversias y amiga personal de Highton de Nolasco, destacó la figura de la homenajeada y enumeró las principales virtudes de la jueza que “no figuran en su extenso currículum”.

Para finalizar y como una de las autoras de la iniciativa que reconoce a Highton de Nolasco como Ciudadana Ilustre destaqué todos sus esfuerzos en la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

El acto contó la presencia de la embajadora de los Estados Unidos en la Argentina Vilma Martínez, la jueza de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay, la Defensora General de la Nación Estela Maris Martínez, y miembros del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras personalidades.

Comparto el audio de mi discurso

Por un proyecto que presentamos en coautoría con el diputado Sergio Abrevaya (Coalición Cívica), la Legislatura porteña decidió declarar Ciudadana Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Dra. Elena Highton de Nolasco.

Elena Highton de Nolasco nació el 7 de diciembre de 1942. Ingresó en la Facultad de Derecho y  Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en el año 1961 egresando de la misma con los títulos de Abogada, Procuradora y Escribana en 1966. En 1970 obtuvo el diploma de honor en esa alta casa de estudios. Entre 1969 y 1980 hizo tres doctorados en la Universidad de Buenos Aires. También hizo cursos en la escuela de Leyes de Harvard y en el Judicial College de Nevada.

Ejerció la profesión de abogada hasta 1973, año en el que comienza su carrera dentro del Poder Judicial de la Nación como Defensora Oficial de Incapaces y Ausentes ante la Cámara Nacional de Apelaciones y Juzgados Nacionales de Primera Instancia Especial en lo Civil y Comercial.

Es autora de numerosos libros que son referencia para los estudiosos del derecho, en especial en el aquellos vinculados con los derechos reales y la resolución alternativa de conflictos, asimismo publicó alrededor de 150 trabajos de investigación, actualización y conclusiones personales.

Su labor en la Justicia la desarrolló a la par de su carrera docente. En el Poder Judicial se ha desempeñado como Juez Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial (1979/1988), Juez Nacional de Primera Instancia en lo Civil (1989/1994) y Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal desde 1994 hasta su designación como Ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 9 de junio de 2004, convirtiéndose en la primera jueza en integrar la Corte Suprema de Justicia por nominación de un gobierno democrático. El 1 de septiembre de 2005 fue designada Vicepresidente de la CSJN, tras la renuncia del juez Augusto Belluscio

Fue impulsora de la creación de la Oficina de Violencia Familiar en el ámbito del máximo tribunal de la Nación conciente de  la importancia que tiene la creación de estas  oficinas de protección a las víctimas de la violencia en el seno familiar.

Uno de los mayores reconocimientos a su trayectoria lo recibió en el marco de la “10ª Conferencia Bienal de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ)”, donde se le otorgó el premio “Human Rights Awards 2010” por su trayectoria como defensora de los derechos humanos de las mujeres.

Con este proyecto intentamos destacar todos sus esfuerzos en la defensa de los derechos humanos y de la protección de los derechos de la mujer, y queremos que tenga un merecido reconocimiento de la Legislatura.

Consulte aquí el texto del proyecto

*Por Susana Campari (de Mujer y Gobierno www.mujerygobierno.com.ar )

El  7 de agosto se cumplieron 5 años del dictado de la Ley 11.340 denominada «Ley Maria da Penha» que marca un antes y un después en las políticas implementadas en Brasil frente a las agresiones y violencias de género.

Esta ley se dicta como resultado de una situación de gravísima violencia doméstica sufrida por Maria da Penha, brasileña, biofarmacéutica que en 1983 fue víctima de doble intento de homicidio por su entonces marido y padre de sus 3 hijas.

Ceará Marco Antonio Heredia Viveiros, colombiano naturalizado brasileño, economista y profesor universitario, fue su agresor. Le disparó por la espalda mientras ella dormía, causándole paraplejia irreversible, entre otros graves daños a su salud. Posteriomente, intentó electrocutarla en el baño. Hasta 1998, más de 15 años después del crimen, pese haber dos condenas por el Tribunal de Jurados de Ceará (1991 y 1996), no había una decisión definitiva en el proceso y el agresor permanecía en libertad, razón por la cual Maria da Penha, junto al CEJIL y CLADEM enviaron el caso a la CIDH/OEA, no recibiendo respuesta a dicha petición por parte del el Estado durante todo el procedimiento.

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Los próximos 30 de junio y 1 de julio deberán exponer nuevamente ante la Justicia Federal Jorge “Fino” Palacios y Osvaldo Chamorro respectivamente para ampliar sus declaraciones indagatorias en la causa en la que se investiga a la empresa Strategic Security Consultancy, firma que se les atribuye. En noviembre pasado, formulé este pedido en mi calidad de querellante en la causa por las escuchas ilegales.

Mi solicitud a la Justicia se basa en que, de las declaraciones anteriores, no surge cuál ha sido el móvil para que mi nombre figure en un listado de consulta a la empresa Nosis, realizado en una computadora perteneciente a Strategic Security. Me llama la atención que dicha empresa compartiera el mismo piso de oficinas donde Osvaldo Chamorro posee su estudio jurídico, así como que compartieran el mismo usuario y clave para acceder al sistema Nosis, toda vez que ambos eran los convocados para ejercer como Jefe y Sub Jefe de la Policía Metropolitana.

Es indispensable desentrañar cómo funcionaba la empresa de inteligencia montada por esta aparente asociación ilícita, que ha conculcado mi derecho a la intimidad constituyendo una grave ofensa hacia mi persona.

En resumen, es necesaria toda información que ayude a desentrañar el motivo por el que he sido objeto de investigación por parte de aquellos a los que la ley, específicamente, les impide realizar este tipo de actividades.

Vea aquí mi presentación ante la Justicia Federal.

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos expresó su repudio a los argumentos vertidos en el fallo de la Sala I del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, en la causa 18.560, a consecuencia del accionar de un pastor de un culto no registrado “Iglesia Evangélica Jesús es el Camino”, que abusó sexualmente de dos niñas de 14 y 16 años de edad.

Diana Maffía es autora del proyecto aprobado en la última sesión legislativa y en el texto expresa: “Los argumentos vertidos en relación al estado de las niñas en esta sentencia judicial resultan contrarios a toda noción de justicia e implican la errónea interpretación de normas de protección internacionales de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional en nuestro país y que dada la interpretación realizada por los magistrados, la cual resulta alejada del espíritu, texto y motivación de las mismas, logran tornarse inaplicables para este caso concreto, que atendiendo a su gravedad motiva el repudio de esta casa legislativa”.

El proyecto de declaración considera al fallo como una grave afrenta a la promoción, protección y defensa de los derechos humanos; como también, un desconocimiento de la normativa internacional en la materia.