Diana Maffía

 En el marco de esta convocatoria a todos los sectores que integran el Sistema de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, y atendiendo especialmente a las necesidades de los/as pacientes y los familiares de  pacientes que se atienden en los distintos efectores del Sistema Público de Salud, es que deseo transmitir en esta ocasión mi profunda preocupación por el estado de situación generado por las políticas públicas en el Sector.

El estilo de la actual gestión en el Gobierno de la Ciudad  es de carácter verticalista, y refleja un desconocimiento de la fecunda tradición y probada experiencia de las prácticas psicoterapéuticas que se desarrollan en nuestro país desde hace décadas. Dichas prácticas están sustentadas en los principios democráticos de participación comunitaria, el reconocimiento de los derechos de las personas con trastornos psiquiátricos, la capacitación permanente de los/as trabajadores en Salud Mental y la pluralidad de enfoques en el abordaje psicoterapéutico de los/as pacientes.

Parece ser el criterio del Ejecutivo en nuestra Ciudad, el de subsumir las políticas de Salud a criterios de beneficio económico. Las políticas de Salud Mental se deciden hoy, de manera inconsulta, en los Ministerios de Hacienda y Desarrollo Urbano. El funcionamiento general de todo el Sistema de Salud Mental propuesto por la actual conducción del Gobierno se dio a conocer en el pliego de condiciones para la construcción de nuevos recursos físicos para la atención de Salud Mental. La desjerarquizada Dirección de Salud Mental parece depender ahora de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura.

Asimismo cabe preguntarse qué criterios sustentan los funcionarios de Hacienda para decidir prioridades en la distribución de insumos y medicamentos. Sabido es que si se interrumpe el suministro de psicofármacos a pacientes medicados, los pacientes se descompensan y pueden requerir una re-internación, con el costo psíquico que implica, y que además encarece la prestación.

Por otra parte, según consta en la convocatoria al “Concurso Nacional e Internacional de Ideas y Anteproyecto para el Parque Cívico” del Gobierno de la Ciudad, la reorganización del Sistema de Salud” prevé desafectar del uso de Salud las 37,7 hectáreas hoy ocupadas por los Hospitales Borda, Moyano y el Hogar Rawson. El objetivo de este emprendimiento está orientado a integrar las áreas verdes existentes a la generación de un Distrito Tecnológico, llamado nuevo “Cluster” de la inteligencia y futura sede del Centro Cívico. Queda claro entonces que no hay un Plan de Salud Mental en el inicio. De lo que se trata entonces es del Plan del Nuevo Parque Cívico, polo inversor que intenta desmantelar las comunidades que habitan el Borda y el Moyano.

¿Y qué decir de la nueva infraestructura edilicia prevista y de los dispositivos tecnológicos? El sistema de monitoreo con cámaras digitales entran en franca contraposición al Hospital de Puertas Abiertas. El modelo propuesto parece sustentarse en la contención física, mecánica y farmacológica en detrimento del abordaje psicodinámico, histórico y comunitario. ¿Qué dirían los Doctores Enrique Pichon Riviere y Mauricio Goldenberg de estos “novedosos dispositivos” producidos por la tecnología para controlar la supuesta peligrosidad del paciente en los tiempos en que se encuentra solo?

Por último, nada se dice en el supuesto Plan de Salud Mental sobre el destino de los/as pacientes crónicos que no pueden ser externados por problemas sociales, de los/as pacientes judiciales y de los deteriorados irreversibles. Tampoco se prevé la continuidad de los Talleres Protegidos, la continuidad laboral de los/as trabajadores de la Salud Mental y la formación de grado y postgrado de los/as concurrentes y residentes.

La situación descripta vulnera los derechos de quienes deberían ser beneficiarios/as del sistema de Salud Mental tal como lo concibe la letra de la ley 448.

El incumplimiento de la ley y una política pública de Salud asociada a la lógica de mercado se apartan radicalmente de una política enmarcada en los Derechos Humanos sostenida por esta Comisión.

* Texto que leí esta mañana en representación de la diputada Diana Maffía en el marco de la presentación del primer informe sobre salud mental.

Descargar informe

 Este lunes las diputadas Alicia Bello, Diana Maffía, Gabriela Alegre e Ivana Centanaro, integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento y Evaluación para el cumplimiento de la Ley Nº 448, firmaron el primer informe sobre el análisis del sistema de salud mental en la Ciudad de Buenos Aires.

El documento transmite una lectura crítica del funcionamiento del Sistema de Salud Mental, toda vez que denuncia la discrecionalidad en la toma de decisiones gubernamentales y el distanciamiento del marco legal regulatorio vigente.

Finalmente en las conclusiones queda expresada la posición de las diputadas firmantes del documento en tanto  “… continúa pendiente una transformación de fondo que cumpla con la legislación vigente, para poder brindar un sistema de atención digno que abarque a todo el sector: pacientes, profesionales y trabajadores que intervengan en las distintas instancias de atención”.

Desde esta Comisión se convoca a todos los sectores a un acto que se realizará mañana a las 11 horas en el Salón Montevideo de esta Legislatura (Perú 160), en ocasión de la semana en que se celebra el Día de la Salud Mental. Estimamos que es una excelente oportunidad para hacer público el informe, y dar lugar a la palabra de algunos expositores que  participarán de este acto.

Mural “Justicia para Ana María Acevedo”, Santa Fe, Argentina

Diana Martínez Barrios, Alicia Bello, Diana Maffía, Enrique Olivera y Pablo Failde

Hoy se realizó la primera reunión abierta organizada por la Comisión de Salud para debatir el proyecto unificado de regulación del artículo 86 del Código Penal (Aborto No Punible). Participaron los diputados Enrique Olivera, Aníbal Ibarra, Alicia Bello, Pablo Failde, Gabriela Alegre, Victoria Morales Gorleri, Diana Martínez Barrios, Cristhian Asinelli y Diana Maffía.

La primera intervención fue la de María José Lubertino,  presidenta del INADI, que expuso como ciudadana al comienzo de la reunión. Se pronunció a favor de la reglamentación en tanto que el Estado ha asumido una responsabilidad frente a los tratados internacionales de derechos humanos en pos de la salud bio-psíquico-social de la mujer. En este sentido, también, recalcó la innecesariedad de la judicialización de los casos de abortos contemplados en el Código Penal.

Los cuatro oradores invitados fueron Silvia Oizerivich, coordinadora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Ciudad, Mariana Romero, investigadora del CEDES y del CONICET quienes realizaron una presentación visual con datos estadísticos sobre esta temática. Además estuvieron los abogados Alberto Solanet, de la Asociación de Abogados Católicos, y Mario Turzi, de la organización Defensoría de la Vida Humana.

Ibarra expresó que la Legislatura tiene facultad para discutir y hacer cumplir el artículo del Código Penal, en tanto que ya ha sido tratado en el ámbito del Congreso Nacional. Por otra parte  remarcó que lo que se pretende con este proyecto es proteger a los sectores más vulnerables que tienen denegado el acceso a las clínicas privadas por cuestiones socio económicas.

Diana hizo hincapié en que la no reglamentación de los ANP y el incumplimiento de las políticas públicas por parte del Estado atenta contra la integridad y autonomía de las mujeres, siendo éstas objeto del proyecto en discusión. “En el camino hacia una ciudadanía plena, no podemos olvidarnos de que las mujeres no somos un frasco en el que germina un poroto, somos seres humanos”, dijo.

Además de expertos/as y diputados/as, contamos con un numeroso público, entre quienes estaban valiosas y queridas compañeras feministas.

Los/as esperamos en la próxima reunión que se realizará el 17 de octubre a las 11 horas en el salón Montevideo de la Legislatura (Perú 160). Para anotarse como oradoras/es, deberán comunicarse con la Comisión de Salud con anterioridad (4338-3000 int 3772/3135).

Descargar la presentación de Mariana Romero

Descargar la presentación de Silvia Oizerovich

Charo Márquez y Pamela Querejeta Leiva

En el marco de la discusión de los cuatro proyectos de regulación de los abortos no punibles previstos por el artículo 86 de Código Penal, desde la Comisión de Salud  programamos cuatro reuniones con expertos y expertas en el tema en las que se prevé dar intervención a la ciudadanía.

En estos debates abiertos y plurales esperamos hacer un diagnóstico de las múltiples barreras que impiden que los abortos que están dentro del marco de la ley sean atendidos como corresponde por el sistema de salud. 

De este modo el proyecto que presentamos para asegurar el procedimiento de atención de estos abortos dará claridad a la práctica de los efectores de salud, sobre todo asegurará el acceso a los derechos para las mujeres que decidan interrumpir un embarazo en condiciones de no punibilidad.

Los encuentros se realizarán los viernes 3 y 17 de octubre en el Salón Montevideo, y los días viernes 31 de octubre y 14 de noviembre en el Salón J. D. Perón, entre las 11 y las 13:30 horas.

Para registrarse como oradoras/es se deben comunicar con la Comisión de Salud. Teléfono: 4338 - 3000 internos 3772/3135. Las reuniones serán abiertas y la primera media hora se destinará a manifestaciones del público.

Perú 160, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La corrupción en el control del juego en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus efectos diferenciales sobre las mujeres

Una investigación realizada en equipo desde los despachos de dos diputadas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en la Cámara de Diputados de Nación y en la Legislatura, acompañando el trabajo de su bloque) comenzó a revelar una sucesión de decisiones lesivas para los intereses de la ciudad que comprometen a jefes de gobierno, sindicatos, jueces, fuerzas de seguridad y sobre todo empresarios amigos del poder. En el curso de la investigación se solicitó un informe, por la ley de acceso a la información pública, al Instituto del Juego de la Ciudad de Buenos Aires. Su director primero solicitó una prórroga, y luego denegó el pedido alegando que la solicitante era Legisladora de la Ciudad. La bancada oficialista retira el control del juego de la planificación de control de la Auditoría de la Ciudad. El seguimiento de la investigación es complejo y difícil.

Mientras tanto, las consecuencias de la mala liquidación de las ganancias derivadas del juego en la ciudad, destinadas a planes sociales para grupos vulnerables, impactan en mayor medida sobre las mujeres (principales destinatarias de esas políticas). Los hospitales reportan un crecimiento diferencial en las consultas por ludopatía en mujeres y el estado se desentiende de su obligación en la prevención y atención de la problemática. El deficiente ambiente de trabajo afecta especialmente la salud de las mujeres. Y, se dice, a medida que crecen los espacios destinados al juego, crece la oferta de prostitución.

La corrupción tiene sexo. Sus efectos también.

Descargar informe completo

Por decisión del PRO, las cuatro iniciativas para reglamentar los abortos no punibles en la ciudad pasarán a la Comisión de Justicia, donde el macrismo tiene mayoría. La oposición denuncia que así los proyectos quedarán cajoneados.

por Mariana Carbajal

El último viernes se presentó en el ámbito nacional un proyecto de declaración con motivo de abogar por la recuperación de los restos de Mario Roberto Santucho, desaparecido en 1977. La conferencia de prensa realizada en el Salón José Luis Cabezas del Congreso de la Nación contó con la presencia de la diputada nacional Fernanda Gil Lozano(Coalición Cívica), autora del proyecto; Blanca Santucho, hermana de Mario Roberto; Facundo Urteaga, hermano de Benito, quien desapareció junto con el líder del PRT-ERP; la diputada de la Ciudad de Buenos Aires Diana Maffía (Coalición Cívica), promotora del proyecto en el ámbito de la Ciudad; y Martha Vázquez, presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.

La diputada Gil Lozano comentó el proyecto y, más allá de su importancia eminentemente simbólica, destacó que renueva el compromiso del Estado en la búsqueda de la verdad y la justicia. En este sentido, sostuvo: “La historia del Estado con los cuerpos es nefasta: cuerpos torturados, desaparecidos, embalsamados”. Como el caso de Santucho, cuyo cuerpo embalsamado, según algunos testimonios, fue expuesto como trofeo de guerra en la inauguración del ”Museo de la Subversión” por parte del general represor Antonio Bussi, en 1979. 

Por otro lado, Gil Lozano se pronunció sobre la necesidad de promulgar una nueva Ley de Archivos que organice la innumerable profusión de decretos, resoluciones y demás documentos burocráticos.

Facundo Urteaga, para comenzar su intervención, hizo suyas las palabras que, según él, su hermano Benito habría sostenido si hubiera estado presente: “Solidaridad activa con el pueblo boliviano”, en referencia al conflicto que se desarrolla en el país hermano.

A su vez, sostuvo que “el eje de nuestro reclamo es dónde sepultaron los restos de Benito Urteaga y su comandante Mario Santucho”. Y añadió que “en esta gestión hubo avances en materia de Derechos Humanos, pero hay un verdadero protagonista que es el pueblo”.

Blanca Santucho reseñó brevemente la historia de su familia, que sufrió la desaparición y asesinato de once integrantes y la persecución y estigmatización de su apellido aun después de la última dictadura. La impulsora del proyecto hizo hincapié en la necesidad de reforzar la voluntad política para recuperar los cuerpos -que según testimonios estarían en Campo de Mayo-, porque a pesar de que “el decreto del ex presidente Néstor Kirchner fue un bálsamo, actualmente todo está estancado”.

La hermana de Mario Santucho eligió una frase de Osvaldo Bayer para recordar su figura: “Santucho es la línea recta en el laberinto argentino”. Y sostuvo que a pesar de los cambios que hubo en el mundo, “el destino de América Latina está pendiente”, en referencia a hechos como los sucedidos en Bolivia o la detención arbitraria de los cinco cubanos en Estados Unidos.

Por su parte, Diana Maffía señaló que los de Santucho y Urteaga “son cuerpos simbólicos, porque para quienes los desaparecieron fueron el símbolo de lo que quería ser combatido”. Y agregó que “los compromisos de ambos son compromisos que tenemos que llevar a la actualidad en la búsqueda de sus restos”.

A su turno, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Martha Vázquez, expresó que “el panorama se está abriendo” y que es optimista con el resultado de la búsqueda de Santucho y Urteaga.

Por último, la diputada Gil Lozano destacó las firmas que acompañaron el proyecto y la necesidad de llevar adelante la búsqueda con el apoyo de distintas fuerzas políticas: Elisa Carca (CC), Fabián Peralta (CC), Fernanda Reyes (CC), Roy Cortina (Partido Socialista), Silvia Augsburger (Partido Socialista), Silvia Storni (UCR), Norma Morandini (Memoria y Democracia), Claudio Lozano (Proyecto Sur), Miguel Bonasso (Dialogo por Buenos Aires) y Victoria Donda Pérez (Encuentro Popular y Social).

El proyecto que hoy se propone a votación ha sido largamente discutido en la Comisión de Cultura, y en esas discusiones fueron muchos los cambios incorporados a la propuesta inicial del Poder Ejecutivo. En los debates participaron también los trabajadores y trabajadoras del Teatro Colón, que como bien se expresa en los fundamentos constituyen el patrimonio intangible del mismo. Considero que los derechos de los trabajadores del Colón no están garantizados en el proyecto que hoy discutimos.

En cada uno de los debates resonó la pregunta “¿qué tipo de Teatro queremos?”. Esa pregunta, si lugar a dudas, se responde con una Ley Orgánica para el Teatro Colón, no con una ley de autarquía. Pero estamos votando una ley de autarquía sin tener ley orgánica de funcionamiento. El tipo de Teatro que queremos en la Coalición Cívica, como expresó y defendió la diputada Anchorena, es un teatro de producción propia, con sus talleres en la sede histórica.

Muchos fueron entonces los cambios incorporados, pero habría sido necesario más tiempo para seguir debatiendo la forma de hacer operativa la respuesta a esa pregunta. En la presión por sacar de inmediato esta ley, algunas de las diferencias de las que dejé constancia en mi observación al proyecto no han sido incorporadas. No voy a ser redundante en esas diferencias, porque obran en las bancas.

Sí quisiera referirme especialmente al sistema de control interno. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 132 establece un sistema de control integral e integrado que es reglado por la ley 70 y sus normas reglamentarias. El art. 121 de la citada ley dispone que “el sistema de control interno queda conformado por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y por las unidades de auditoría interna de cada jurisdicción y entidades que dependen del Ejecutivo. Estas unidades dependen jerárquicamente de la autoridad superior de ada organismo y actúan coordinadas técnicamente por la Sindicatura General”.

¿Por qué, siendo el Ente a crearse una entidad autárquica sujeta a las normas de administración financiera vigentes en la Ciudad (art. 4 de la ley 70) no se rige por las normas vigentes, y se crea en cambio una unidad de control de gestión cuyas autoridades son designadas directamente por el Ejecutivo de la Ciudad sin intervención del Directorio del Teatro como el resto de las unidades de auditoría interna de la Ciudad?

Propongo que este punto sea revisado por el Cuerpo en la sesión de hoy, adaptando la ley que va a discutirse a las normas vigentes. No obstante, dado que este punto y otros quedan aún sin clarificar y que no se ha hecho lugar a las sugerencias aportadas en mi observación, solicito al cuerpo (tal como he acordado con mi bloque) autorización para abstenerme de votar esta ley.

Ver Despacho de Comisión 562/2008

11 de septiembre de 2008