Diana Maffía

Les dejo esta interesante nota sobre la Educación Sexual Integral en la Ciudad de Buenos Aires, escrita por Luciana Peker para Las/12 y publicada el pasado 21 de septiembre.

Por Luciana Peker

Imagen: Joaquín Salguero

Comparto con ustedes esta entrevista publicada en Revista Zoom.

Maffia: “El Estado infantiliza a las mujeres”

Referente de las luchas de género, Diana Maffia afirma que, más allá del resultado parlamentario, el debate sobre el aborto concluirá con «una victoria para las mujeres». Estado paternal, el rol de la Iglesia y el futuro de la primavera feminista.

Comparto con ustedes esta nota publicada en PERFIL el 5 de agosto de 2018.

La inmoralidad de la criminalización del aborto

Muchas veces, quienes están en contra de la legalización de la interrupción del embarazo apelan a la ética como base argumental. Las ideas que expuso la autora en la Cámara Alta, y que PERFIL reproduce en exclusiva en una versión ampliada, enriquecen la discusión en ese terreno. (Fuente www.perfil.com).

Aunque no hay acuerdo sobre esto en el feminismo, donde se prefiere hablar de derecho al propio cuerpo, definiré el aborto como un dilema ético. De los conflictos más complejos, que no son entre el bien y el mal (en cuyo caso solo deberíamos elegir el bien) sino un conflicto entre dos males: una maternidad forzada o la interrupción del embarazo. Un dilema ético tiene lugar cuando los principios que se pretende defender entran en conflicto entre ellos, de tal forma que cada uno solo puede ser protegido en desmedro del otro. Cada caso es singular, no se trata de una deliberación abstracta, por eso la decisión es de conciencia y debe tomarla la persona gestante, no puede ser sustituida. Es necesario escuchar a las mujeres y sus razones para comprender la gravedad de este conflicto, porque la dimensión de la tortura que significa una maternidad forzada puede medirse en que esa mujer arriesga su vida en un aborto clandestino e inseguro para evitarla. Es necesario pensar en esto para comprender también la tortura que significa obligar a alguien a gestar. Ni hablar cuando ese cuerpo es el de una niña, ni hablar cuando el embarazo es producto de un incesto o de una violación.

El aborto no es un asesinato, no lo es en el Código Penal y no lo es en la intención de las mujeres que abortan. Así se entendió hace ya un siglo cuando se autorizó en los casos en que hoy está despenalizado. Podríamos explicarlo con la doctrina bioética llamada del “doble efecto”, donde una misma acción tiene dos efectos, uno bueno y otro malo. Al interrumpir un embarazo se preserva la vida de la mujer, o su salud, o su autonomía, que es un valor, pero tiene también el efecto de eliminar la vida del embrión. Aunque en la actualidad la ley indica la prioridad del derecho a la vida, la salud y la autonomía (en caso de violación) de la mujer con respecto a la vida del embrión, y por eso se autoriza el aborto, en el debate parlamentario para legislar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo se ha afirmado el derecho a la vida del embrión como derecho absoluto. Se ha dicho que es inconstitucional priorizar otro derecho. Eso y afirmar que la ley que tiene casi cien años de vigencia es inconstitucional, es lo mismo. Y nadie ha hecho una declaración de inconstitucionalidad del Código Penal. El problema es que no hay hasta ahora manera de preservar la vida de ese embrión como no sea obligar a la persona gestante a continuar el embarazo. Pero –y ésta es la pregunta importante aquí– ¿es justo hacerlo?

Las posiciones contrarias a la ley de interrupción voluntaria del embarazo (sostenida en las audiencias públicas por una significativa mayoría de varones que nunca se verán en la situación encarnada de poner a prueba sus mandatos) promueven esta obligación de gestar. Trataré de argumentar por qué me parece inmoral hacerlo, pero también diré que el fundamental problema ético y político con esta ley es que al establecer un plazo en que las mujeres no deberemos dar explicaciones sino solo demandar una respuesta estatal sobre la resolución de nuestro dilema personal, somos las exclusivas agentes morales y políticas de nuestra decisión, sin tutela.

Es este ejercicio de ciudadanía y razón deliberativa el que se nos niega. Porque hasta ahora se ha logrado obligarnos a gestar con diversas estrategias obstructivas desplegadas por un sistema médico y un sistema judicial paternalistas. En la filosofía moral, el paternalismo es la limitación intencionada de la autonomía de una persona por parte de otra que alega tener mejor criterio para decidir. Cuando la bioética indica como un principio inviolable el respeto por la autonomía, está evitando un modelo paternalista que nos niega la condición de personas adultas y capaces, para infantilizarnos y decidir por nosotras.

El filósofo checo Jan Patocka describe el modo en que comienza nuestra vida desde el nacimiento, nuestra existencia y nuestra inclusión en el mundo humano, a través de lo que él llama “movimiento de la existencia humana”. La primera etapa de este movimiento, que denomina “enraizamiento” o “arraigo”, consiste en el recibimiento por parte de los otros: ingresamos al mundo y formamos parte de él en tanto que somos “aceptados” e “invitados” por parte de otros y otras que ya están en él y que nos acogen. Este recibimiento forma parte de la responsabilidad humana frente al mundo y frente a los otros sujetos. Es necesario en términos de existencia y mundo humano, que al nacer y aún antes nos preceda esa “invitación” que parte del deseo; ese cuidado y abrigo amoroso sin el cual la criatura no sobrevive aunque tenga alimento y abrigo; esa inclusión en el mundo intersubjetivo que nos va a proporcionar identidad.

Realidades. Esta manera ideal de nacer no está asegurada para todos, y en particular muchas mujeres se embarazan, gestan y paren de modos violentos y forzados, muy lejos de esa calidez social que les haga sentir que cuentan en la convivencia, que importan y son consideradas. La condición humana no es abstracta ni la encarnación de lo humano está asegurada con la mera vida: una vida humana tiene mucho valor agregado. Y ese valor agregado lo producimos las mujeres. Esta tarea de humanización no es instintiva ni biológica, no es “natural” sino que está en el centro mismo de la cultura, exige mucha dedicación e intensidad no solo física sino en aspectos emocionales, mentales, éticos y epistémicos. Es compleja, porque en muchos casos las decisiones del cuidado y la primera socialización tienen que ver con ideales de persona y de sociedad, con mundos posibles y con las alternativas y recursos materiales y simbólicos del mundo real, con la proyección de esas criaturas en nuestras expectativas y en el vínculo amoroso con ellas.

Pero entonces, si toda la sociedad depende de ese cuidado inclusivo ¿es justo demandarle solo a las mujeres que cuiden la vida? El destino diferencial marcado por la cultura para varones y mujeres se expresará también en responsabilidades diferentes en cuanto a la sexualidad. Las consecuencias para los varones no serán las mismas. Al evaluar maternidades o paternidades, no estamos poniendo en la balanza ni el mismo esfuerzo, ni el mismo tiempo, ni el mismo compromiso. A las mujeres se nos exige permanentemente que sobrevivamos y hagamos sobrevivir en condiciones que exceden largamente la Justicia, en condiciones de sacrificio que la ética llama supererogatorias. Los actos supererogatorios no son moralmente exigibles, son actos heroicos y por eso son tan admirables, pero a nosotras nos obligan. Para asegurarse todos esos renunciamientos se impone un modelo de maternidad como abnegación. El término “abnegación”, nos dice la Real Academia Española, significa “el sacrificio que alguien hace de su voluntad, de sus afectos o de sus intereses. Por lo general –aclara– dicho sacrificio se realiza por motivos religiosos o por altruismo”. Pero si las mujeres no aceptamos sacrificarnos se nos considera egoístas, porque una cultura con sesgos de género promoverá esa rara forma de altruismo selectivo que no solo empuja a las mujeres (y no a los varones) a sacrificarse en función de la maternidad, sino que luego le quitan todo valor moral a ese sacrificio, lo presentan como un instinto y no un valor humano, nos hacen desaparecer, nos consideran el mero envase donde ocurre “el milagro de la vida”: salvo que intervengamos para interrumpirla, la vida se gesta sola.

La imaginería que ha recorrido las calles enarbolando un feto que no está conectado a ningún útero, un “feto wi fi”, como símbolo de defensa de la vida, exhibe qué lugar ocupa para quienes la usan el cuerpo gestante: ninguno. Y si el cuerpo, que es ineludible por lo necesario y manifiesto, ni siquiera se ve y se toma en cuenta ¿qué puede esperarse del alma, de la mente, de la voluntad, de la trascendencia, de las emociones? Todo lo que se pide que se le reconozca a un cigoto, a una mórula, a un embrión, a un feto, se ignora y se niega en las mujeres y las niñas. Hablar del derecho a la vida soslayando los derechos de las mujeres es transformarnos en instrumentos, expulsarnos de la condición de humanidad, y es además, un gesto de mala conciencia política cuando ni siquiera se nos han asegurado a las mujeres las condiciones de igualdad apropiadas para sostener esa vida.

Hace un siglo, cuando se redactó el artículo que hoy se procura modificar, no teníamos ninguna autonomía cívica. Eramos tuteladas por los varones y permanecíamos como menores de edad perpetuas, como incapaces. Ni siquiera se nos reconocía la responsabilidad parental sobre nuestros hijos e hijas. Cuando las mujeres logramos lugares de representación a través del cupo, ocurrió algo extraordinario: el cuerpo se transformó en un explícito territorio político, los derechos sexuales en una explícita relación de poder. No es que el ciudadano antes no tuviera un cuerpo sexuado, es que su sexo no era sometido a desigualdades políticas derivadas de su diferencia, porque todos eran varones.

Luchas. Lo que se puso de manifiesto con el cupo es que el cuerpo de la ciudadanía no era el femenino, sino el cuerpo hegemónico (que no menstrúa, ni gesta, ni pare, ni aborta, ni lacta…). Esa construcción la hicimos las mujeres. Todas las leyes que afectan los cuerpos de las mujeres para construir igualdad, se dictaron a partir de la presencia de una masa crítica de mujeres que garantizó la ley de cupo: ley de salud reproductiva; ley de protección contra la violencia familiar; reforma del Código Penal que sustituye “delitos contra la honestidad” por “delitos contra la integridad sexual”; carácter nacional y obligatorio del Régimen de Asignaciones Familiares; régimen especial de inasistencias escolares para adolescentes embarazadas; creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; derecho de acompañamiento durante el trabajo de parto, nacimiento e internación; ley de parto humanizado; acceso a anticoncepción quirúrgica (ligaduras de trompas y vasectomía); ley de educación sexual integral; prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas; ley de matrimonio igualitario; regulación de protocolos para la atención integral de abortos no punibles; ley de identidad de género; femicidio; reproducción asistida; cuerpo de abogados/as especializados en violencia de género y muchas más.

Las mujeres venimos construyendo ciudadanía desde el retorno de la democracia. Los Encuentros Nacionales de Mujeres (mil mujeres en el primero en 1986, sesenta mil en los más recientes) son lugares de visibilidad y construcción de colectivos políticos feministas. Porque como dice Hannah Arendt, la democracia requiere un lugar de visibilidad y de toma de la palabra. Ese es precisamente el lugar de lo público. Pero las mujeres tenemos asignado el lugar de lo privado, del cuidado y la maternidad, de las tareas domésticas, incluso en el presente. Encontrarnos en lo público colisiona con esos mandatos, los pone en crisis. Y no hay una construcción de la masculinidad que acompañe ese cambio. Por el contrario, no hay más que ver las reuniones políticas donde los funcionarios dicen con satisfacción “estamos todos” cuando solo hay varones, gabinetes enteros de economía, de empresarios, de sindicalistas, de dirigentes deportivos, que consideran que son democráticos si sus respectivas fracciones representadas por varones están presentes. Nuestras demandas no figuran en sus negociaciones.

Las mujeres hace más de tres décadas nos estamos viendo y escuchando, tomando la palabra, en espacios construidos para reconocer nuestras peticiones como demandas de ciudadanía, no personales sino políticas. La demanda de acceso al aborto legal fue parte de las conclusiones de todos los encuentros nacionales de mujeres por más de tres décadas, se constituyó la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; se presentó un proyecto de ley cada vez que el anterior perdía estado parlamentario, hasta hoy en que estamos discutiendo la séptima presentación. Dimos nuestras mejores razones en Diputados y se logró la media sanción. Estamos dando nuestras mejores razones ante ustedes, razones públicas basadas en los derechos humanos. Porque la fuente laica de la moralidad en nuestra sociedad son precisamente los derechos humanos, y su respeto indica no solo garantizar el acceso al aborto legal sino que tipifica como tortura su extendida falta de acceso. Tortura selectiva hacia los cuerpos gestantes.

Fue conmovedora la vigilia en espera de la media sanción de la ley y lo será mucho más el 8 de agosto. Y ahora que sí nos ven, sepan que en estos meses hemos afirmado una ciudadanía que ya no tiene retroceso. Y que esperamos que nuestros representantes estén a la altura de esta afirmación.

Comparto con ustedes la invitación a esta charla abierta sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Ciclo de charlas: «Cultura, Género y Diversidad»

Sábado 21 de julio, 17hs.

Exponen:

• Diana Maffía, Directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.
• Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
• Juana Garay, Presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires.

Salón República. Pres. Perón 1242, CABA.

Comparto con ustedes esta columna que escribí para Perfil.com y fue publicada el 10 de junio.

Desventuras del feto wi-fi, operado desde un centro confesional

¿Cómo es este presente argentino que discute la ley? Detrás del símbolo del muñeco en las manifestaciones antiaborto hay una política y una idea del embarazo y del amor.

Dibujo de Ro Ferrer. Fuente: diariofemenino.com.ar/v2/index.php/2018/06/08/el-feto-wifi/

Con el debate parlamentario de la ley de interrupción voluntaria del embarazo asistimos a un momento histórico. Especialmente las mujeres lo vivimos así. En parte por el ámbito donde se produce, el Congreso, la institución que expresa la pluralidad de ideas políticas de una sociedad. Pero sobre todo porque estamos discutiendo el aborto, algo que impacta en la vida de todas las mujeres y que casi un siglo atrás fue legislado sin nosotras; y esta vez estamos presentes para que se consideren nuestras razones, nuestros testimonios y nuestras experiencias.

A pesar de desvíos y faltas de pertinencia insistentes, en la audiencia pública quedó claro que lo que se decide no es si las mujeres deben abortar o no (es un desafío unánime bajar el número de abortos) sino en qué condiciones lo harán. Las mujeres abortamos, la cifra es elocuente y el fracaso del camino punitivista también. El movimiento de mujeres, a través del socorrismo, hace años ha tomado en sus manos acompañar a las mujeres a abortar de modo seguro. El que está ausente es el Estado, y sobre eso se debe legislar. El desencuentro entre el Estado y las mujeres es lo que estamos subsanando, y esta legislatura deberá demostrar con su voto si en este encuentro nos considera o no ciudadanas capaces.

La criminalización del aborto no ha resultado eficaz para bajar el número, pero sí ha resultado eficaz para amenazar la vida, la salud y la autonomía de todas, las que parimos y las que abortamos. Porque fuimos objeto de un siglo de leyes insensibles a nuestras experiencias, donde nuestra condición adulta no nos evitó la tutela permanente. Y porque la aplicación de esas leyes también desoyó nuestras demandas sustituyendo la decisión de las mujeres por un conjunto de representantes de poderes patriarcales. En 1921, cuando se redactó el artículo del Código Penal que hoy intentamos cambiar, las mujeres éramos consideradas incapaces, pasábamos del dominio del padre al del marido, no votábamos, no legislábamos, no administrábamos nuestros bienes, no ejercíamos profesiones ni patria potestad sobre nuestros hijos, nuestra palabra no valía y ni siquiera podíamos ser testigos en un juicio. En nuestro sistema normativo no fuimos representadas sino sustituidas, no fuimos protegidas sino tuteladas.

Es una paradoja ética: la dignidad que se ha insistido en otorgar a un embrión, un ser en gestación potencialmente humano, se nos niega desde hace siglos a las mujeres. Se desconoce nuestra condición de sujetos morales, se obstruye nuestra autonomía y se debilita el reconocimiento de nuestra ciudadanía. La exclusión y la invisibilidad de las mujeres y otras personas gestantes en un asunto que nos impacta de un modo en que ninguna ley ni prohibición afecta a los varones tiene su ícono en un feto gigante que tomó el espacio público, en afiches, películas y alusiones donde se presenta a embriones con título universitario y se ignora a quien los porta en su útero como alguien que representa algo más que un recipiente desprovisto de trascendencia, de dignidad y de proyecto de vida propio. Quienes se oponen a la ley obsequiaron a los legisladores y legisladoras pequeños fetos en primorosas cajitas. Allí nos dicen qué somos para ellos las mujeres: NADA.

Como en procesión, vimos exhibir en las marchas antiderechos un gigantesco feto rosado, inviable sin una persona gestante pero orondamente independiente, un feto de nadie, con un cordón umbilical que no lo conecta a ningún cuerpo ni persona humana, un feto wi-fi que no se liga a una vida amorosa que lo anida y lo recibe con alegría (como debería ser desde un punto de vista humanista cualquier nacimiento) sino uno cuyo centro de operaciones son instituciones confesionales y misóginas, religiosas y académicas, que durante siglos han hablado por nosotras.

Nos hablan de prevención, al fin, pero no nos engañemos: los mismos que hoy argumentan en contra del derecho al aborto legal estuvieron en contra del divorcio vincular, de la patria potestad compartida, de la educación sexual, del acceso a la anticoncepción, del matrimonio igualitario, siempre con argumentos tremendistas que fueron desmentidos por la sociedad, porque lo que se obstaculiza y niega es que somos perfectamente capaces de hacer un uso racional de la ley. Esos segmentos de la sociedad que se autoatribuyen y ejercen con un poder de macho cruel una función de tutela sobre nosotras siguen tratándonos como menores de edad perpetuas. Estamos aquí un siglo después y todavía se pretende que debemos demostrar que podemos tomar decisiones autónomas sobre nuestra vida.

En un explícito abuso de poder, la cúpula de la Iglesia católica usó el tedéum oficial nacional y en las provincias para demandar la oposición a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Eso es ofensivo de muchas maneras. Se obliga a los legisladores y gobernantes en una fecha patria a recibir pasivamente las admoniciones extorsivas de una religión que tiene privilegios económicos y políticos, y lo hace en las voces de una institución que por motivos dogmáticos excluye a las mujeres, de modo que nunca deberán poner a prueba en sus cuerpos y decisiones morales sus dogmas sobre aborto. Si tuvieran en los púlpitos la persuasión dogmática buscada, no necesitarían esta insistencia para transformar el pecado en delito. Si sus castigos fueran eficaces, no necesitarían perseguirlo con la fuerza pública. Para un Estado laico, esta interferencia (sumada al privilegio de la financiación pública del culto) es claramente antidemocrática.

Los argumentos filosóficos formulados en contra de este proyecto de ley presentan notorias debilidades lógico-semánticas vinculadas con la comprensión de la vaguedad conceptual, la construcción del significado de los conceptos de clases naturales y la diferencia aristotélico-escolástica entre acto y potencia. No es este el espacio para exponerlas. Pero hay uno de otra índole que aparece en ámbitos culturales diferentes y que es ilustrativo de la difundida ceguera al trasfondo prejuicioso de numerosos opositores a este proyecto. Sin base en investigaciones científicas, sin siquiera apreciar su necesidad, con recurso a la mera intuición individual, se teme que la ley dispare un libertino descontrol sexual con ilimitado crecimiento de la tasa de embarazos, derivado de la incontinencia emocional y la inferioridad intelectual de las mujeres.

Es curioso que se pase por alto que, en las situaciones típicas, el embarazo requiere la participación de varones y que entonces, si acaso se disparase semejante desenfreno, el hecho revelaría en ellos pareja (al menos) torpeza moral e indigencia racional, difícilmente paliadas por hipotético recurso a circunstanciales intervenciones de serpientes diabólicas de incidencia exclusiva en las avanzadas mentes varoniles y cuya permanencia en las sombras servía muy bien al propósito de conservar, irracionalmente, un privilegio de género en la elaboración de las leyes.

El aborto constituye una demanda permanente del movimiento de mujeres desde el retorno de la democracia. En todos los Encuentros Nacionales de Mujeres se ha expresado de modo elocuente. En estas décadas nos hemos ocupado de desarmar muchas falacias, recolectar datos y evidencias genuinas y refinar nuestras razones. Muchas de esas razones han sido expuestas en las audiencias públicas. Los derechos de toda persona en relación con su sexualidad pueden ser reproductivos o no reproductivos, y el Estado debe garantizar ambos tipos de derechos con políticas adecuadas.

Las mujeres somos capaces de gestar, de parir, de amamantar, pero esa capacidad no puede transformarse en una obligación. Tenemos el derecho a una maternidad deseada y no el deber de una maternidad forzada. Un embarazo deseado coincide con la voluntad procreacional, y el Estado está obligado a garantizar el respeto a ese proyecto vital. Un embarazo forzado se da cuando no hay voluntad procreacional, o cuando hay obstáculos que nos dañan, y se evalúa entonces su continuidad o interrupción; y la persona gestante es quien debe decidirlo y debería tener derecho a interrumpirlo respaldada por el Estado.

Recordemos que el Código Civil establece la prioridad de la voluntad procreacional sobre la maternidad o paternidad biológica, pero las objeciones a la interrupción del embarazo pretenden que la mera condición de gestación obligue a la maternidad, aunque sea involuntaria o amenace con un daño o sea expresamente contradictoria con la voluntad de la persona gestante, y esto afecta su libertad y su dignidad. Se nos obliga a una conducta heroica, supererogatoria, y eso no es exigible moralmente. El punto es quién toma la decisión: esta es la cuestión política. Porque involucra relaciones de poder, y porque forma parte de la construcción de ciudadanía.

En este debate se decide si se reconoce el estatus moral de las mujeres para tomar decisiones autónomas sobre sus propias vidas, o si continuamos bajo tutela. La autonomía sobre el propio cuerpo gestante es un derecho inalienable; por ende, la clandestinización, la criminalización y la muerte por abortos inseguros no deberían ser NUNCA MAS una política de Estado. Lo que se discute es si una mujer que aborta debe ir presa o no, y si hacerlo de modo seguro o inseguro debe depender de su estatus económico; por eso se pide aborto legal, seguro y gratuito.

Quienes estamos a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo no intentamos imponer nuestras decisiones a quienes están en contra del aborto. Y nos hemos asegurado de que ninguna mujer sea obligada a abortar, porque su consentimiento debe ser explícito. Pero quienes objetan la ley pretenden imponer sus preferencias morales e impedir que el resto de la sociedad pueda planificar su vida con otras convicciones éticas. La ética es racional y crítica, no dogmática; el dogma es religioso. Quienes sigan un dogma podrán no abortar.

Que la interrupción voluntaria del embarazo se legalice es un hecho político que repara la desigualdad de poder en la apropiación de las decisiones sobre los cuerpos gestantes. Que no se legalice y se perpetúen los abortos clandestinos y riesgosos también es una acción política, esta vez a favor de la apropiación de los cuerpos gestantes como medios para fines que no son propios de su decisión autónoma. Y no considerar a las mujeres un fin en sí mismas es un hecho inmoral que nos obliga a un sometimiento indigno de la condición humana.

Por otra parte, se puede defender el derecho a la vida de las personas nacidas y en etapas gestacionales sin penalizar el aborto. La vida se defiende positivamente y no mediante prohibiciones; es bueno que algunas de las formas estatales de esta defensa positiva se hayan recordado en el debate. Cuando promovimos normas (todavía incumplidas y obstaculizadas) sobre educación sexual y acceso a la anticoncepción, lo hicimos pensando en la autonomía de las mujeres para evitar un embarazo no deseado y una maternidad forzada.

Nosotras defendemos la vida. La legalización disminuye las muertes maternas, y también disminuye el número de abortos. La conclusión es lógica: si quieren salvar las dos vidas, como dicen, aprueben la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

(Fuente www.perfil.com).