Diana Maffía

Presentación del Informe final de la Comisión.

Participaré en esta actividad que se desarrolla en el marco del Programa Subregional MERCOSUR (PSM) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con una intervención en el panel sobre Estrategias para la transversalización de la perspectiva de género en las política públicas.

El PSM tiene como objetivo contribuir a fortalecer y consolidar la institucionalidad del MERCOSUR, así como apoyar a que las instituciones del MERCOSUR elaboren y ejecuten políticas públicas y acciones en sectores estratégicos del proceso de integración regional con participación de la sociedad civil.
 
En el marco del Memorándum de Entendimiento entre el MERCOSUR y la AECID, se encuentra en proceso de ejecución el Programa regional de fortalecimiento institucional de políticas de igualdad de género en la agricultura familiar del MERCOSUR. Con motivo de generar un espacio de reflexión y análisis, el Programa Subregional MERCOSUR (PSM-AECID), el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo y la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del MERCOSUR (REAF), organizan esta actividad de formación, que se desarrollará en Montevideo entre el 17 y el 19 de noviembre de 2009. Este Seminario-Taller está dirigido a cuatro (4) integrantes de la REAF por estado miembro del MERCOSUR y en él participarán destacados expositores nacionales y extranjeros.

Participaré de la inauguración del Curso en gráfica y diseño, audio, video e imagen, y redes sociales con una clase sobre «Feminismo y nuevas tecnologías». El curso se enmarca dentro del Proyecto ODM3 «Fortalecimiento en el uso de las tecnologías de información y comunicación para prevenir la violencia hacia mujeres y niñas» de APC (Asociación para el Progreso de las Comunicaciones) y se dictará en la sede del Taller Permanente de la Mujer.

Celebro el tratamiento de los Expedientes 1854-D-2008 y 1737-D-2009 por parte de las Comisiones de Legislación General y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputadxs de la Nación. Estos proyectos proponen la modificación del Código Civil en lo referido a los derechos en las relaciones de familia, a fin de asegurar el acceso a los derechos vinculados al matrimonio a las parejas conformadas por personas del mismo sexo.

Más allá de la conveniencia o no de garantizar derechos a través del status matrimonial de las y los ciudadanos, en la coyuntura actual me parece muy importante promover la plena vigencia y el ejercicio universal de los derechos para todas las personas, sin distinciones basadas en sexo, género u orientación sexual.

Estas iniciativas no requieren justificación, porque son consecuentes con los consensos básicos que sostienen nuestro sistema democrático en lo que hace a la igual dignidad de las personas frente a la ley. Son las y los detractores quienes deben esforzarse en explicitar cuáles son los argumentos moralmente relevantes por los cuales deberíamos distinguir entre personas en razón de orientación sexual, y hasta el momento sólo han ofrecido argumentos prejuiciosos y falaces.

Al final de la reunión conjunta de las dos comisiones realizada el pasado jueves 5 de noviembre, la defensora de los derechos de las lesbianas María Rachid comentó llorando que a nadie se le ocurriría pedirle a la colectividad judía que discuta una ley sobre la memoria del Holocausto con grupos nazis. Esta situación nos sirve para pensar las condiciones de los debates en los que entramos y los términos en que aceptamos dar la discusión. Urge elaborar estrategias políticas que eviten la exposición de ciudadanxs al insulto y la humillación por parte de quienes se oponen a sus demandas.

Para terminar, recomiendo la lectura de “Acerca de la igualdad y el matrimonio”, una carta que puso en circulación el Grupo de Estudios sobre Sexualidades (Instituto “Gino Germani”, Universidad de Buenos Aires) y que, en menos de una semana, recibió más de quinientas adhesiones, en su mayoría de docentes e investigadorxs universitarixs y profesionales del campo de las ciencias sociales y las humanidades.

El 15 de octubre pasado voté en contra de la ley 3230 que fija una prórroga de 1 año del cumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se establece que el 5% de los empleados del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y de las empresas concesionarias de servicios públicos deben ser personas con discapacidad, en concordancia con lo dispuesto por el art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional.

Ahora los/las invito a firmar el petitorio de los amigos de REDI:

Como muchos/as sabrán, la Legislatura de la Ciudad por medio de la ley 3.230 intenta prorrogar el cumplimiento del cupo laboral de Personas con Discapacidad en la Ciudad. Le estamos solicitando al Jefe de Gobierno que vete dicha ley.

Les pedimos que por favor accedan al petitorio online, lo lean y, si están de acuerdo, lo firmen:

cupo

Se agradece la firma y la difusión!!!

Muchas Gracias,
REDI Asociación Civil
www. rediderechos.blogspot.com