Diana Maffía

DEL 13 DE MARZO HASTA EL 26 DE JUNIO

De marzo a junio coordinaremos junto a Danila Suárez Tomé, el taller de lectura de «El género en disputa» de Judith Butler en el Centro Cultural Tierra Violeta, modalidad virtual.

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2 de diciembre de 2020. – Este martes, las comisiones de Legislación General; Legislación Penal; Mujeres y Diversidad y Acción Social y Salud Pública comenzaron a debatir el proyecto de ley sobre regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

La ronda de exposiciones se inició con funcionarios del Ejecutivo y siguió con una lista de más de 20 invitados para expresar su posición sobre la iniciativa.

Comparto con quienes me siguen, lo que expuse en la mañana de hoy en el Congreso:

«Agradezco a las legisladoras que me invitaron a dar mis argumentos a favor de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que espero sean tomados en cuenta por quienes todavía no han fijado posición o tienen dudas con respecto a los alcances y fundamentos morales de este proyecto. Hablo de fundamentos morales porque en un debate legislativo corresponden razones públicas. Y porque debemos repetir enfáticamente: habilitar el aborto no obliga a nadie a abortar, pero prohibirlo sacrifica la vida de muchas mujeres en el circuito clandestino y no preserva ninguna vida.

Hay dos formas de despenalizar el aborto, una por causales (que ya está consagrada en nuestro código penal) y otra por plazos, como se propone en la ley que se debate en esta audiencia pública. Que se habilite por plazos no quiere decir que no haya razones, sino que esas razones no serán evaluadas por un tercero sino por la propia persona gestante. Si decide continuar con el embarazo, la ley de los 1.000 días le ofrecerá protección. Si decide interrumpirlo, esta ley la amparará. Estamos fundando la obligación de protección -por parte del Estado- de las razones que una persona tenga para interrumpir un embarazo en las primeras 14 semanas, sin que estas razones sean tuteladas, reconociendo a las mujeres -en esa decisión- la condición de autonomía, básica no sólo como presupuesto bioético sino como condición de la dignidad humana.

En el resto de su tiempo gestacional sigue vigente el código penal, que no marca plazos en su aplicación. Y ha sido inteligente por parte de quienes legislaron que no los marcara, porque esos plazos están afectados de modo directo por el avance de la técnica médica. Dado que la mayoría de los abortos ocurren durante el segundo trimestre, la legislación por plazos ha ido variando en el mundo y la consideración de causales (respetada en la ley que estamos debatiendo) sigue siendo oportuna.  Insisto: no se está legislando sobre embarazos avanzados, sino sólo sobre las primeras 14 semanas de embarazo. Es de mala fe introducir en este debate otras deliberaciones no atinentes.

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