Diana Maffía

La Presidenta firmó un decreto prohibiendo el “rubro 59” en los clasificados. Así, con nombre y apellido se corrió el velo hipócrita que presentaba como intercambio legítimo la intermediación en la oferta de cuerpos, partes de cuerpos, prácticas de riesgo, orígenes exóticos, infantes, disidencias sexuales, trampas en horario de oficina, todo a cambio de dinero o tarjeta de crédito.

La decisión política es significativa, aunque el significado quede menoscabado por haber ignorado el debate legislativo existente en el Congreso Nacional, y los reparos de algunas de las propias personas en prostitución que dicen encontrar en los avisos una manera accesible y segura de ofrecer sus “servicios” sin estar en la calle.

Todavía falta voluntad política para ofrecer programas integrales de atención de personas en prostitución (fundamentalmente de quienes son víctimas de trata), para depurar las fuerzas de seguridad y las instancias del ejecutivo responsables de las inspecciones, para que la justicia no sea cómplice de las redes de explotación y la política no se financie de manera vil con las ganancias que prostituyentes y explotadores se reparten entre sí tan fraternalmente.

SALUD – PROYECTO DE LEY

Según datos del Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) las infecciones hospitalarias “constituyen una afección endemo-epidémica de los establecimientos de salud, controlable pero difícilmente erradicable. Éstas afectan desde un 3% a un 17 % de las personas que requieren internación, teniendo como consecuencia un sustancial incremento de la enfermedad, fallecimientos y costos para el centro hospitalario”.

Por eso, presenté a principios de año un proyecto de ley que propone modificar la Ley de Ropa Hospitalaria (Ley Nº 2.203) y el Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines lograr un mayor y mejor acatamiento y cumplimiento de la normativa sobre la gestión de ropa hospitalaria.

El proyecto busca abordar la protección de la salud integral de lxs trabajadores y pacientes de los centros de salud; lograr la correcta especificación de un régimen sancionatorio; y ampliar el número de sujetos comprendidos en el uso de ropa hospitalaria.

Las y los profesionales de la salud de mayor riesgo para contraer infecciones son los que realizan sus actividades en quirófanos, salas de parto, unidades de Cuidados Intensivos, Laboratorios, Servicios de Emergencia y Hemoterapia. Con este proyecto queremos que se amplíen las precauciones y protocolos en el ámbito de la salud para prevenir infecciones intrahospitalarias o de la comunidad.

Para conocer el proyecto ingrese aquí

En la mañana de hoy participé de la 9º Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, organizada por la Asociación Civil Intercambios en la Cámara de Diputados de la Nación.

Junto con otrxs legisladorxs, formamos parte de la mesa «Políticas de drogas en la agenda política» y las preguntas giraron en torno a seis ejes bien definidos: despenalización del consumo personal y de la tenencia simple; criminalización del cultivo de cannabis; actores del tráfico; drogas e inseguridad urbana; crimen organizado y fuerzas armadas; problemas de salud asociados a las drogas y reducción de daños.

Manifesté allí, una vez más públicamente, que no estoy de acuerdo con criminalizar las prácticas personales, como el consumo y el autocultivo, que son parte de las libertades individuales; pero sí es necesario criminalizar aquello que son delitos penales como el tráfico de estupefacientes y la protección que tiene de las fuerzas de seguridad y de los partidos políticos.

Al final hice una mención especial a las políticas públicas en adicciones de la Ciudad de Buenos Aires y señalé la necesidad de una reglamentación interministerial de la ley N° 2318 (sobre Prevención y Asistencia del consumo de sustancias psicoactivas), para abordar seriamente el complejo problema de las adicciones.

En el día de ayer, Jorge “Fino” Palacios se presentó nuevamente ante la Justicia Federal para ampliar su declaración indagatoria, respondiendo a un pedido que formulé como querellante en la causa en la que se investiga a la empresa Strategic Security Consultancy.

Según versiones periodísticas, Palacios habría reconocido que utilizó el sistema Nosis desde la consultora de seguridad «para recabar datos sobre los dirigentes opositores a los cuales iba a demandar judicialmente a futuro».

Es indispensable desentrañar cómo funcionaba la empresa de inteligencia montada por esta aparente asociación ilícita, que ha conculcado mi derecho a la intimidad constituyendo una grave ofensa hacia mi persona.

Comparto una entrevista que me hizo Canal 7 sobre el tema.

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Más repercusiones y entrevistas en Agencia Télam y Página 12.

También puede conocer aquí mi presentación ante la Justicia Federal.

Días pasados presenté un proyecto de ley para la creación de una Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Especial en Derechos Humanos con el fin de proteger a las personas ante actos de torturas, apremios ilegales y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes, que cometan funcionarixs públicxs de la Ciudad.

La iniciativa propone que estas Fiscalías especiales tengan por funciones: investigar los hechos de torturas, apremios ilegales u otros tratos degradantes de los que tomare conocimiento, cometidos por funcionarixs públicxs; investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarixs públicxs, sean éstxs civiles o policiales, que se encuentran tipificadas como delitos en los códigos Penal, Contravencional y de Faltas; velar por la pronta, expedita y correcta administración de justicia, y porque en los juzgados y tribunales de la Ciudad se respeten las garantías judiciales y el debido proceso; entre otras.

El proyecto le otorga a dicho órgano las mismas atribuciones que las fiscalías comunes. La importancia de esta mención radica en la experiencia chaqueña, en donde inicialmente se constituyó a la Fiscalía como un “agente fiscal” con facultades limitadas que lo convertían en mero querellante. Finalmente, fue necesaria la modificación de la ley del Ministerio Público de Chaco, para asignarle competencias que le permita funcionar como una verdadera fiscalía con capacidad de investigación y titularidad de la acción penal.

Por último, propongo que existan dos fiscalías, conforme la distribución establecida en la ley de Ministerio Público de la Ciudad: una fiscalía de primera instancia y una fiscalía de cámara.

Para conocer el proyecto haga clic aquí