Diana Maffía

En estos cuatro años de mandato legislativo, tuve especial interés por los temas de educación. Durante 2008 y 2009 participé como vocal en la Comisión de Educación, defendiendo muchos temas de interés docente y en permanente diálogo con sus representantes y con los Centros de Estudiantes. Apoyé con energía los aumentos de salarios, las becas estudiantiles, las viandas, los comedores escolares, la infraestructura, la calefacción en las escuelas, los bachilleratos populares, la capacitación docente, la educación sexual, los programas socioeducativos entre otras medidas. En esos años, también, acompañé acciones opositoras de dirigentes sindicales que se presentaban como independientes pero luego fueron candidatos partidarios.

En 2010 y 2011, a pesar de no formar ya parte de la Comisión de Educación, tuve una asesora permanente representándome allí (la Lic. Cynthia Bustelo). El clima de trabajo no fue bueno en general. En especial, el último tramo del año fue turbulento, por la presentación por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto que eliminaba las Juntas de Clasificación del Estatuto del Docente.

Desde mi punto de vista, la presentación del Ejecutivo fue muy inoportuna. En pocas semanas se realizaban las elecciones de Juntas y los sindicatos estaban comprometidos en esa elección. Quedaba poco tiempo para el final del año y por lo tanto poca oportunidad para consultas. El oficialismo hacía valer su apabullante éxito electoral como plebiscito de gestión, y la oposición produjo un masivo rechazo a la propuesta.

El lema de “no tocar el Estatuto”, sin embargo, merece algunas consideraciones. Cada año, por deficiencias en las titularizaciones, se solicitaban desde los mismos sindicatos efectivizaciones masivas por fuera de las Juntas. Y cada año se realizaban. Evidentemente había que hacer cambios.

En las pocas reuniones realizadas, el Pro no quiso discutir otro proyecto que el propio, a pesar de la circulación de un proyecto redactado por el diputado de la Coalición Cívica Sergio Abrevaya. Así se produjeron dos circunstancias paralelas: el despacho oficialista 2023 tuvo masivo rechazo, y las reuniones fueron un juego de suma cero. Por otra parte, ante la negativa de poner en discusión el proyecto de Abrevaya, éste fue objeto de diálogos entre este diputado, el presidente de nuestro bloque Fernando Sánchez, y representantes de los sindicatos, en reuniones que no fueron públicas.

En esas reuniones, los trabajadores de la educación propusieron muchas modificaciones y artículos que fueron incorporados, y también solicitaron la titularización de más de 4000 compañerxs que forman parte de una cláusula transitoria que la efectiviza. Creo que el proyecto ganó así muchas ventajas importantes para el sistema de clasificación, y garantías de transparencia para lxs docentes, pero también perdió algunas prerrogativas de los sindicatos porque se incorpora una comisión (la COREAP) que toma algunas de las funciones que pertenecían a las Juntas.

Ofrecemos para su análisis el proyecto del oficialismo, los que proponían su archivo, y el que finalmente fue convertido en ley y apoyé con mi voto. También, un cuadro comparativo que permite despejar una insistente atribución que es falsa: la ley votada difiere enormemente del proyecto oficialista, no elimina las Juntas y deja entre sus funciones una muy importante: la elevación al Ministerio del listado de aspirantes según su orden de mérito, fiscalizado por las mismas Juntas. Se respetan las elecciones de Juntas realizadas en noviembre, durante los 4 años de mandato. Además, aunque la cantidad de juntas es menor, la proporción de docentes en relación a representantes del Ejecutivo, será mayor en las Juntas propuestas por la ley.

Creo que es significativo y sintomático que desde 1997, todos los períodos legislativos (el mío no fue la excepción) hayan fracasado en votar con amplio consenso una Ley de Educación. Necesitamos un diálogo genuino que nos permita arribar a esa ley, y en ese diálogo debe participar toda la sociedad.

Voté con convicción, a favor de quienes llevan adelante una tarea que es también mi profesión desde hace más de 30 años, y que valoro enormemente. Hubiera deseado que el debate fuera público, y también que el diálogo con los representantes sindicales lo fuera. Creo que el proyecto del Ejecutivo afectaba los intereses de lxs docentes, pero el mero archivo dejaba sin resolver problemas de vieja data que necesitaban respuesta. La Ley finalmente aprobada, desde mi punto de vista, avanza mucho en la resolución de esos problemas.

A continuación puede descargar el proyecto del PRO (2023 D 11); el proyecto de archivo (D 2023 2011); la ley finalmente sancionada (Ley 4109); y el cuadro comparativo de los proyectos.

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