Diana Maffía

Esta no es la primer marcha. Hace años que, casi en soledad, La Casa del Encuentro tiene una cita cada día 3 en esta esquina. Hace años que se les da rostro, nombre y apellido a las víctimas de femicidio y a las víctimas de desapariciones en democracia. Este 3 de junio es distinto,  la convocatoria se ha hecho masiva y eso tal vez significa que la sociedad expresa el límite de su tolerancia a los crímenes impunes, que además pudieron haber sido evitados con presencia efectiva del Estado.

Queremos llamar la atención de cada una y cada uno aquí presentes para ampliar el compromiso con una vida libre de violencia. Todos y todas tenemos oportunidad de intervenir para no reproducir y si es posible evitar la violencia. Pero fundamentalmente quienes tienen responsabilidades políticas en los distintos poderes del Estado. Reflexionemos sobre los compromisos pendientes.

La voluntad política se expresa en presupuesto. Una asignación de 80 centavos por mujer no puede ser el valor de esa voluntad. Los programas deben extenderse en todo el país, no hay ciudadanías de segunda. La capacitación de las fuerzas de seguridad y de la justicia debe ser un imperativo para intervenir en estos casos. Las leyes que hemos logrado deben ser reglamentadas oportunamente y provistas de recursos para llevar a cabo las acciones que demanden. Y en todos esos pasos debemos estar presentes las mujeres, en igualdad de oportunidades, de trato y de resultados.

Sin mujeres no hay democracia ni derechos humanos. #NiUnaMenos

– RAGCyT Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología

– Centro Cultural Tierra Violeta

– Biblioteca Feminaria

Hace apenas 5 años, durante mi gestión como diputada de la Ciudad de Buenos Aires, realizamos una sesión especial para reflexionar sobre las experiencias y necesidades de fortalecimiento ciudadano en una sociedad que todavía tenía fuertes rasgos de discriminación por género e identidad sexual. Representantes de organizaciones de defensa de derechos ocuparon las bancas e hicieron diversos reclamos en esa sesión. Todavía no teníamos legislado el matrimonio igualitario, ni la ley de identidad de género, pero eran claras las demandas que condujeron a esas leyes y luego a necesarios cambios en el Código Civil.
Quedan todavía tareas pendientes, y tenemos que seguir escuchando en sus propias voces las demandas que surjan de las muchas maneras de encarnar los derechos. Por eso me parece oportuno difundir aquel testimonio.

Descargar el libro: 17 de Mayo. Dia de lucha contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género (PDF)

Una mujer que denuncia a su ex pareja porque se llevó a su bebé luego de darle una feroz golpiza. Un policía que no toma la denuncia porque ella no puede dar un domicilio preciso del agresor. Un fiscal que no investiga la violencia de género porque sostiene que se trataría de «una problemática de familia» en la que no debe intervenir el fuero penal. El camino de las mujeres para acceder a la Justicia cuando eso no siempre significa acceder a justicia es tortuoso, laberíntico y tan violento como la espiral de agresividad que intentan denunciar. ¿Cómo hacer para pasar del tutelaje del hombre violento al tutelaje estatal? ¿Cómo hacer para que el relato, la palabra, la experiencia tenga un efecto en la vida propia y también en la de otras mujeres en igual situación? Ante estos interrogantes la filósofa feminista Diana Maffía (que participó esta semana de la actividad «Juntas lo hacemos posible» organizada por el Instituto Municipal de la Mujer) postuló «la importancia del trabajo en red, colectivo, con educación para la prevención, con recursos destinados a la protección de quienes sufren violencia y con enfoque hacia quienes la ejercen para erradicar esas prácticas». La actividad contó con la participación de mujeres de todos los distritos de la ciudad. Ante un grupo heterogéneo compuesto por referentes barriales, funcionarias municipales, militantes sociales y académicas, Maffía rescató la diversidad de la convocatoria y resaltó: «La violencia afecta a las mujeres en todos los lugares donde realicen sus actividades, porque la sociedad tiene una impronta violenta en relaciones de género y así como no solo la academia te ayuda a tener mejor perspectiva no siempre el que tengas voluntad de ayudar a la gente del barrio hace que lo hagas con las mejores herramientas». Maffía que además es directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires advirtió que el 90% de las víctimas de violencia son mujeres y niñas y destacó la importancia de una articulación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial cuando una mujer denuncia un hecho de violencia. «Hay que tomar medidas a tiempo para evitar una agresión posterior o incluso de la muerte», expresó.

¿Cuál es el rol de la Justicia en materia de violencia de género?

El papel de la Justicia es muy importante para no ejercerla desde esos prejuicios que son parte de la cultura pero que de ninguna manera debieran trasladarse a quienes atienden en la Justicia a mujeres que son víctimas de la violencia. Porque es un grave problema pensar que estas mujeres se quejan, mienten, utilizan la denuncia como estrategia para obtener algún tipo de ganancia en un divorcio o simplemente que no vale la pena invertir en ellas porque luego se arrepienten. Por eso siempre rescato el valioso el trabajo que se realiza desde la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) donde las magistradas se dan un espacio de reflexión sobre el papel de la Justicia en todo sentido.

En el camino laberíntico de la denuncia ya sea en la comisaría como en Tribunales muchas víctimas de violencia quedan atrapadas en cierto halo mítico de: «Las mujeres denuncian pero luego se arrepienten y no se separan del agresor».

Hay cierta idea de que las mujeres no son constantes y que están confusas en relación con las realidades que atraviesan. Pero eso que aparece como confusión es el producto de un esmerilamiento permanente que la violencia produce sobre la subjetividad. Porque mucho antes que llegue el golpe llegó el insulto, el recorte de los vínculos de esa mujer, el condicionamiento económico, la violencia simbólica, el repetirle que no sirve para nada, que sin el varón no puede llegar a ningún lado y que sola no va a poder. Entonces todo ese entorno que va configurando la subjetividad mucho antes que llegue el golpe debe ser comprendido como un proceso.

¿Y existe desde la Justicia una mirada sobre la violencia de género como parte de un proceso?

Muchas veces la Justicia cuando analiza, sobre todo en el derecho penal, casos donde donde aparece la violencia física o el femicidio, tiende a juzgar solo el hecho y no toda la raíz histórica que lleva a ese hecho determinado. Se supone que eso es para evitar ciertos enfoques que han sido estigmatizadores hacia personas que por su condición pareciera que están propensas al delito. Entonces, para evitar eso se evita ese punto de vista que va a poner contexto e historicidad a los hechos criminales. Pero de esa forma se deja de comprender las raíces profundas, los aspectos históricos que esos antecedentes de violencia tienen en ese hecho penal que se está analizando. De acuerdo a lo que establece la Convención de Belem do Pará no se puede suspender una investigación sobre violencia. Si la mujer se arrepiente o se dice del varón que es una persona trabajadora y se propone brindarle sesiones de psicología, en realidad lo que hay que hacer es investigar profundamente y se debe llevar a la Justicia cada hecho de violencia.

¿Cuál debería ser la relación entre políticas públicas y accionar judicial?

Muchas veces las mujeres que sufren una separación marcada por la violencia, se sienten en riesgo de la pérdida de sus hijos. Casi siempre son casos en que las mujeres no tienen autonomía económica ni siquiera acceso a una vivienda y muchas hasta terminan por esas razones permaneciendo con sus agresores. Por eso la presencia pública es muy importante y para ello se hace necesario que la Justicia tenga un vínculo estrecho con el Ejecutivo. No se trata de controles de la Justicia al Ejecutivo o del Ejecutivo hacia la Justicia, sino de una articulación de recursos, es decir, que esa persona que va a juzgar el hecho de violencia tiene que ver cómo se protegen de forma integral los derechos de esa mujer y de los niños y niñas involucrados. El Estado tiene brindar un sistema de protección que no elimine la autonomía de las personas. La creación de la oficina de violencia doméstica en la Corte Suprema de Justicia consiguió una intervención que estuvo pensada desde la Justicia y para la Justicia para evitar que los juzgados de familia tardaran meses en determinar el grado de peligrosidad que sufría una mujer, permitió tener un espacio donde la víctima fuera a denunciar e inmediatamente se diagnosticara el grado de peligrosidad de esa violencia para determinar la exclusión del hogar, la restricción perimetral del agresor de la casa, el trabajo o la escuela de sus hijos, y para la búsqueda de un refugio. Todas medidas que protegen a la víctima de una agresión posterior o incluso de la muerte. Tomarlas de inmediato es un desafío que la Justicia tiene y que muchas veces no puede cumplir por el exceso de trabajo, por no tener un espacio físico adecuado. Hoy en día en los Tribunales es común que se haga una audiencia y la víctima se encuentre con su agresor porque es el mismo pasillo y la misma sala de espera para los dos. Son cosas que perjudican al más débil en la relación y esto es parte de lo que le pasa a las mujeres.

Fuente: http://www.agenciafe.com/noticias/val/245499-16/el-90-por-ciento-de-las-v%C3%ADctimas-de-violencia-en-todo-el-pa%C3%ADs-son-mujeres-y-ni%C3%B1as.html

El pasado 24 de marzo me hicieron una entrevista en el programa de género «Graves y agudas» de Radio Sur, donde decidieron abordar el tema Derechos Humanos;  en particular hablamos sobre violencia sexual como delito de lesa humanidad.

La consideración de la violencia sexual como delito de lesa humanidad ha sido recientemente abordada desde la cultura de los derechos humanos, y con  posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que a pesar de que en esa  guerra todas las partes del conflicto fueron acusadas de violaciones masivas, ni el tribunal de Tokio ni el de Nuremberg reconoció el delito de violencia sexual.

Tristemente la historia nos ha mostrado como  los ejércitos consideraron la violación como un botín de guerra legítimo. Las luchas feministas han estado presentes en la génesis de este cambio, en pos de la  inclusión de las mujeres en la universalidad de los derechos humanos.

Clip de audio: Es necesario tener Adobe Flash Player (versión 9 o superior) para reproducir este clip de audio. Descargue la versión más reciente aquí. También necesita tener activado Javascript en su navegador.

(36.54 mb)

Fuente: http://www.radiosur.org.ar/index.php?id=4905

Mesa de debate Violencia sexual como delito de lesa humanidad (en el marco del Convenio con el Programa de Actualización en Genero y Derecho, UBA)
Destinatarios: Magistrados/as, Integrantes del Ministerio Público, Funcionarios/as y empleados/as del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Profesionales del Derecho y público en general interesados/as en la materia.

Fechas: 17 de marzo de 2015

Horario: 18:00 a 21:00 hs.

Duración: 3 (tres) horas reloj

Lugar/es: Facultad de Derecho UBA, Av. Figueroa Alcorta 2263, Planta principal – CABA – Salón Azul

Docentes: Sonderéguer, María
Lewin, Miriam
Cruz, Margarita
Rozanski, Carlos

Coordinadora: Diana Maffía

Contenidos: La consideración de la violencia sexual como delito de lesa humanidad ha sido recientemente abordada desde la cultura de los derechos humanos, y con  posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que a pesar de que en esa  guerra todas las partes del conflicto fueron acusadas de violaciones masivas, ni el tribunal de Tokio ni el de Nuremberg reconoció el delito de violencia sexual.

Tristemente la historia nos ha mostrado como  los ejércitos consideraron la violación como un botín de guerra legítimo.

Recién en 1992, tras las violaciones sistemáticas y masivas contra las mujeres musulmanas en Bosnia y Herzegovina comenzó a tomarse conciencia de la magnitud de este delito.

Veamos algunos ejemplos: en 1994 en Rwanda fueron violadas entre 100.000 y 250.000 mujeres durante los tres meses de genocidio. Los organismos de la Naciones Unidad calculan que más de 60.000 mujeres fueron violadas durante la guerra civil de Sierra Leona (1991-2000), más de 40.000 en Liberia (1989-2003), hasta unas 60.000 en la ex Yugoslavia (1992-1995) y al menos 200.000 en la República Democrática del Congo desde 1998.

Recién en 1993, en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional de la Ex Yugoslavia se incluyó la violación como crimen de lesa humanidad. Recordemos que la Dra. Carmen Argibay, quien fuera jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,  formó parte de ese tribunal.

No debe olvidarse además que después de que concluyen los conflictos, persisten los efectos de la violencia sexual en forma de embarazos (y nacimientos) no deseados, enfermedades de transmisión sexual y estigmatización

La violencia sexual a la que fueron sometidas las víctimas del Terrorismo de Estado que operó en Argentina ha sido silenciada fundamentalmente  por el sistema de justicia que no investigó ni sancionó esa forma específica de violencia, con claras connotaciones de género.

Desde el Juicio a las Juntas en 1985 y a la actualidad, nuestro país ha dado paso a la consideración de la violación, no ya como  un delito de orden privado sino como delito de lesa humanidad.

Las luchas feministas han estado presentes en la génesis de este cambio, en pos de la  inclusión de las mujeres en la universalidad de los derechos humanos.

ACLARACIÓN IMPORTANTE:

EL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL EMITE CERTIFICACIÓN DE LAS HORAS CURSADAS SIN VALIDEZ PARA EL POSGRADO.

Inscripción: http://www.cfj.gov.ar/curso.php?all=1&cur=358