Diana Maffía

El sábado pasado participé en el piso del programa Visión 7 Internacional, por la Televisión Pública, entrevistada por Telma Luzzani y Pedro Brieger sobre el proceso que se iniciará contra el primer ministro italiano Silvio Berlusconi por abuso de poder y prostitución de menores. Aquí el informe y la posterior entrevista.

Acompañada por su equipo técnico y su familia, la legisladora Diana Maffía recibió hoy el Premio Parlamentario por tercer año consecutivo por su destacada labor legislativa.

Ayer participé de la primera audiencia para despenalizar el aborto, organizada por la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, con el objetivo de aportar opiniones expertas para el tratamiento de proyectos de ley sobre la cuestión.

Es un hecho sin precedentes que el Congreso de la Nación inicie formalmente la discusión de este tema ya que, en los últimos años, varias iniciativas perdieron estado parlamentario sin que ni siquiera se discutieran en comisiones. Esta vez, la audiencia es el inicio de una serie de reuniones previas para el tratamiento de los proyectos y en esta oportunidad, la expositora invitada fue Marianne Mollman, de Human Right Watch,

Mollman señaló que “la clandestinidad no evita la realización de abortos, sino que la hace una práctica peligrosa”. Esta afirmación explicita que las posturas en defensa de la vida no se logran mediante la prohibición del aborto que, además, se lleva la vida de las mujeres. La defensa de la vida debe ser positiva e incluir políticas de educación sexual, acceso a la anticoncepción, igualdad de oportunidades y acciones contra la violencia de género. Un Estado ausente en el sostenimiento de estos pilares conduce a embarazos no deseados que pueden terminar en abortos.

Otra de las intervenciones de Mollman señaló que “ninguna mujer se embaraza para abortar”. Por ello, hay que derrotar los prejuicios en torno a los motivos por los que las mujeres abortan y revelar las verdaderas razones por las que la corporación medica se opone al aborto. Fuera de los alegatos por cuestiones morales o religiosas, hay un hecho contundente: los recursos económicos que generan los abortos clandestinos. Según datos recientes, el Estado Nacional cuenta con un presupuesto anual de 35 millones de pesos para políticas públicas en salud reproductiva, mientras que el aborto ilegal mueve 4 millones de pesos por día, de acuerdo a los cálculos realizados por organizaciones de la sociedad civil.

Con motivo de recordarse en toda América Latina este 28 de setiembre como día de Lucha por la Despenalización del aborto participaré en Asunción del Paraguay del panel debate “Aborto: ética, bioética y política” con la ponencia “Cuestiones éticas, jurídicas, políticas y religiosas en relación al aborto”.

La Campaña 28 de setiembre «por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe» es una iniciativa regional del movimiento feminista.

En Paraguay, el grupo impulsor está formado por la Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP) y la Campaña por una Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Reproductivos, Católicas por el Derecho a Decidir (CDD – Paraguay), Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM – Paraguay), el Equipo Feminista de Comunicación, Grupo Luna Nueva y Las Ramonas.

La iniciativa surgió el 22 de noviembre de 1990, en San Bernardo, Argentina, cuando con motivo del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe se acordó “declarar el día 28 de septiembre como Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y del Caribe, creando comisiones por el derecho al aborto en cada país de la región y/o apoyar a las ya existentes, así como formar la “Coordinadora Latinoamericana y del Caribe para la movilización por el derecho al aborto”; lograr el apoyo de las mujeres de los países que ya cuentan con ese derecho en la práctica y a su vez apoyarlas en sus luchas por mantenerlo en vigencia, y hacer campañas en cada país y conjuntamente en nuestro continente, para lograr ejercitar este derecho en forma legal, no clandestina, segura y digna para cada una de nosotras” (Declaración de San Bernardo, V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, Argentina, 1990).

La Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal (AAPDP) emitieron un pronunciamiento con los alcances de los permisos para abortar vigentes.

En la declaración precisan que “los abortos justificados en el Código Penal Argentino desde 1922, que no necesitan autorización de jueces ni de comités médicos para su realización, son: a) el realizado con el consentimiento de la mujer y practicado por un médico cuando no existe otro medio para evitar un peligro para la vida o la salud –física o psíquica– de la madre, b) cuando el embarazo fue causado por una violación respecto de una mujer sana mentalmente, c) cuando el embarazo es producto de un acceso carnal con mujer menor de trece años, d) cuando el embarazo es producto de un acceso carnal con mujer que por alguna otra razón (por ejemplo, deficiencias mentales) no pudo consentir el acto sexual, y e) cuando el embarazo no es producto de acceso carnal, sino de cualquier acción no consentida contra cualquier mujer, como una inseminación artificial”.

La AAPDP cuenta entre sus integrantes con el ministro de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni; el juez federal Daniel Rafecas; el presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), David Baigun; el ex presidente del Superior Tribunal de Justicia porteño y referencia obligada en derecho procesal penal, Julio Maier; entre otrxs.

Puede consultar aquí el documento completo