Diana Maffía

Se cumplen 30 años de la adopción de La Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), con la cual la ONU reafirmó la necesidad de que cada Estado miembro se apartara del concepto clásico de la igualdad para entenderla como un valor transformado en derecho humano.

Esta decisión fue crucial en el proceso de construcción del concepto de igualdad, entendido como un derecho humano, conformado por tres principios: no discriminación, responsabilidad estatal e igualdad de resultados o igualdad sustantiva.

La igualdad, más allá de sus definiciones, no es la exigencia de trato idéntico, sino la que se logra como resultado de la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres mediante acciones, planes y programas de los Estados. En este sentido resulta condición necesaria por parte de los Estados parte, la remoción de todos aquellos obstáculos políticos, económicos, sociales, culturales, civiles o de cualquier otra esfera que menoscaben o restrinjan los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres.

Implica, asimismo, eliminar la discriminación contra las mujeres por el sólo hecho de serlo y que el Estado promueva cambios en todos los niveles de la sociedad, desde conductas, percepciones y actitudes individuales; en ideas e ideologías; en la comunidad, en la cultura; en las  instituciones y prácticas institucionales, así como en las estructuras de poder social y económico.

Esta concepción de la igualdad no implica la necesidad de igualar a las mujeres con los varones, sino de establecer equidad en el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos de todas y todos, incluye la igualdad de facto y la igualdad de jure (por ley), la de oportunidades y la de resultados, así como la eliminación de todos los prejuicios, costumbres o tradiciones que se basan en la idea de la superioridad de la masculinidad.

LUNES 28 DE DICIEMBRE, DE 16 a 20 hs.
COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS/ Av Corrientes 1441 C.A.B.A.

“Este es un Tribunal Ético, de opinión, no una corte de justicia. Sin embargo, respeta una argumentación y documentación rigurosas, apoyado en la diversidad de las tradiciones judiciales y éticas. A partir de una Acusación basada en amplio material documentado y de testimonios presentados en una sesión por hombres y mujeres que luchan por los derechos humanos, contra toda forma de impunidad y por la verdad y la justicia, llegará a su veredicto.”

Participan:
 
Nora Cortiñas, Diana Maffia, Maristella Svampa, Padre Luis Farinello, Juan Carlos Volnovich, Atilio Borón, Isabelino Siede, Laura Ginsberg, Graciela Rosemblum, Enrique Piñeyro, Adriana Calvo, Pablo Pimentel, Oscar Castellucci, Alberto Lebbos, Gustavo Carabajal, Eduardo Soares, Alfredo Grande, Susana Etchegoyen, Raul Buganem, Vanesa Arruga, Santiago Morales, Martín Caparrós, Marisol Gallardo, Patricia Walsh,
 
Adhieren:
Eduardo Galeano (Uruguay), Amador Savater (España), Alberto Morlachetti (Fundación Pelota del Trapo), Vicente Zito Lema; Héctor Bidonde
 
Organizan: Familiares, Sobrevivientes y amigos de las víctimas de Cromañón a 5 años de la Masacre Impune.
 
Reservas de lugares/ contacto de prensa: tribunaletico@gmail.com

Hablaba en el post anterior de «hacer política de otra manera»… Lo que sigue fue lo que expresé con respecto a la imposibilidad de votar en el recinto el proyecto consensuado de regulación de aborto no punible. Ocurrió en la última sesión ordinaria del año, antes del recambio de la Legislatura que se hará esta semana con la llegada de 30 nuevos diputados y diputadas con quienes, espero, podremos avanzar en un terreno de respeto de acuerdos políticos. De más está decir que insistiremos con nuestro proyecto apenas comience el nuevo año parlamentario.

Sra. Maffía.- Pido la palabra

Señor presidente: para el día de hoy teníamos prevista una preferencia, que finalmente no apareció en el Orden del Día, respecto de un proyecto para reglamentar el aborto no punible en la Ciudad de Buenos Aires.

Originalmente, a partir de cuatro proyectos de ley, se consensuó un proyecto común. Llevó muchos meses llegar a ese consenso. En la Comisión de Salud, finalmente, logramos un proyecto que creo que cumplía con todas las condiciones como para evitar la principal causa de muerte materna en la Argentina y, en particular, en la Ciudad de Buenos Aires.

Los casos de muerte materna están muy mal distribuidos. Están distribuidos de modo tal, que existe la mortalidad materna de Canadá en la zona norte y la mortalidad materna de Formosa, en la zona sur. Cuando las mujeres mueren por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, mueren por aborto y, cuando mueren por aborto, es porque son pobres. De otra manera, no mueren por aborto.

Este proyecto consensuado –que creo que tenía ventajas notables, incluso, con respecto al proyecto que se estaba discutiendo en el Congreso de la Nación– requirió por parte de los diputados y diputadas de la Comisión de Salud varias jornadas de debate con asesores técnicos, que pudieran venir a hablar sobre cuestiones vinculadas con el embarazo adolescente, con la bioética, con los derechos humanos, con la ginecología y la obstetricia, con las violaciones y con los aspectos jurídicos y penales.

Todo eso se hizo pacientemente en varias jornadas de debate junto con asesores. Finalmente, el día en que debía salir el despacho y debía ser firmado, curiosamente, durante la reunión de la Comisión de Salud, apareció un despacho de minoría que no había sido enviado ni avisado. Se presentó en ese momento sin haber sido visto por ninguno de los asesores y asesoras de la comisión que, como dije, habían trabajado durante largos meses. Por supuesto, era un despacho que indicaba el archivo de ese trabajo que tenía bastante tiempo.

Luego pasó a la Comisión de la Mujer, y allí también recibió su firma. Pero, mientras estaba en este giro –eran dos los giros pedidos: a las comisiones de la Mujer y a la de Salud–, tuvimos la sorpresa de que se solicitó un giro adicional, sin haber sido discutido en la Comisión de Labor Parlamentaria y sin haber sido acordado por los jefes y jefas de bloque, en un momento en el que el jefe de bloque de Frente para la Victoria había sido reemplazado por su vice. Apareció sobre tablas una propuesta de giro, que fue festejada, y se hizo un giro extra a la Comisión de Justicia, comisión en la que raramente se debería opinar sobre este tema; pero esto fue lo que ocurrió.

Hablo de estas malas praxis de la política y de estas malversaciones de las reglas y de los consensos, porque es difícil ver cómo habiendo tenido preferencia para el día de hoy, este proyecto no fue puesto en debate en la Comisión de Justicia y, por lo tanto, no fue considerado.

Estamos en la última sesión del año y este proyecto desapareció como preferencia para ser discutido en el día de hoy. Esto significa que pierde estado parlamentario y que estos dos años en los que estuvimos trabajando tan duramente, en donde hubo un acuerdo para que haya libertad de conciencia, dicha libertad se transformó en imposición. De esta forma es como las personas dogmáticas entienden que puede haber un latifundio del bien, obligando e imponiendo sus convicciones, aunque sea a costa de la muerte, porque acá no interesa tanto la vida como el dogma; el dogma se sobrepone a la vida.

Entonces, quiero expresar, por supuesto, no solamente mi desacuerdo con que este proyecto no sea considerado y votado hoy con libertad de conciencia –como debió haber ocurrido y además había sido acordado políticamente– y con cómo se han traicionado todos los pactos, sino también mi decepción profunda por el modo de trabajo y de sostener los presuntos principios de quienes dicen regir su vida por estos; es decir, por el modo de pretender expresar las relaciones sociales de quienes dicen basarse en una relación amorosa con la comunidad y producen indiferencia, traición y muerte.

Realmente, uno de los objetivos para tomar esta banca fue privilegiar los derechos de las mujeres –derechos de un grupo altamente vulnerable–, sobre todo de las que no tienen defensa posible, porque no pueden entrar en un mercado de ciudadanía que sólo se reconoce a quienes pueden autoabastecerse y en donde el Estado no está: entonces, quienes no pertenecen al mercado no tienen nada, ni derechos ni capacidad de acceder a ellos.

Quiero dejar explícito mi desacuerdo, mi decepción profunda y ante la traición de todos los acuerdos a los que se habían arribado para llegar al día de hoy, a la última sesión del año, sin siquiera tener este proyecto consensuado, a partir de cuatro proyectos iniciales, trabajados durante prácticamente dos años. Dicho proyecto salió de dos comisiones y tuvo un giro innecesario a una tercera, en la que jamás se discutió y donde hoy cae de su estado parlamentario. (Aplausos.)