Diana Maffía

DIA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS MUJERES

Casi 3000 mujeres que habitan la Ciudad de Buenos Aires, se comunicaron desde mediados de 2009 con la Línea “Aborto: Más información, menos riesgos”.

Según los datos brindados por la organización que sostiene la línea, el 90% de las mujeres adolescentes y el 98% de las adultas llama antes de las 12 semanas de gestación. El 20% de las adolescentes que consultó a la línea sobre aborto con misoprostol tiene hijxs, en tanto el 51% de las consultantes adultas tenía hijxs; el 77 % de las adolescentes usó anticoncepción y en las adultas esta proporción es del 69%.

Estos datos resultan del 4º informe de la Línea “Aborto: Más información, menos riesgos”, presentado esta tarde en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por la diputada Diana Maffía y por la organización Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto.

El informe expone información relevante sobre abortos en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de las llamadas recibidas en la línea, que funciona desde julio de 2009 democratizando el acceso a la información sobre aborto con misoprostol, medicamento declarado por la Organización Mundial de la Salud como un método seguro para abortar hasta las 12 semanas de embarazo.

En la presentación, la diputada Diana Maffía remarcó un dato llamativo del informe: “A pesar de usar algún tipo de método anticonceptivo, el 50% de las adolescentes no tenía información sobre aborto. Mientras tanto, las adultas acceden a más información, pero a menudo es errónea. Por ejemplo, el 12% de las mujeres adultas contaba con información equivocada provista por su médicx. Hay que preguntarse qué está pasando”.

A su turno, Verónica Marzano del colectivo Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto demandó un mayor compromiso de lxs legisladorxs locales, sobre todo, para ampliación, visibilización y respaldo de los servicios de salud sexual y reproductiva; la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral; la prevención y la reducción de daños en materia de aborto; la capacitación de efectores de salud y difusión de información tendiente a disminuir abortos inseguros; la producción pública de misoprostol, entre otros.

En la presentación estuvieron presentes lxs diputadxs Rafael Gentili, María Elena Naddeo y Francisco “Tito” Nenna.

Otros datos del informe

• El 33% de los CESACs y el 62% de los hospitales brindan asesoramiento pre y post aborto. Sin embargo, estos servicios no son publicitados ni visibilizados, reproduciendo la clandestinidad del aborto.

• A mayor clandestinidad en la compra del misoprostol, mayor precio, menos pastillas y peor información.

• Acceder al misoprostol en la Ciudad de Buenos Aires requiere entre 2 días y 1 semana, la mitad que el promedio nacional. Los precios del mercado clandestino de misoprostol son entre el 20 y 30% más bajos que el promedio nacional.

• Las adultas tienen más oportunidades de enterarse de la Línea (se enteran por diversos medios: por organizaciones sociales, por la radio, a través de su médicx, por Internet, por información de boca en boca). Mientras tanto, las adolescentes se enteran mayoritariamente por Internet, de boca en boca y sólo el 5% a través de su médicx.

El informe revela, entre otros puntos, que el acceso temprano a información correcta sobre el misoprostol disminuye la incidencia de abortos inseguros, desplaza métodos inseguros y reduce abortos en el segundo trimestre de gestación.

Consulte aquí el informe En la cama con Macri, presentado hoy.

Biblioteca de Martínez. Arenales y Aristóbulo del Valle, Martínez, pcia. de Buenos Aires.

Expondré junto a la diputada nacional Fernanda Gil Lozano y la diputada provincial Maricel Etchecoin Moro.

Organizan: Candidato a Intendente de San Isidro (CC-ARI) Prof. Ricardo Aragona; Mesa Muejres por la Paz, Provincia de Buenos Aires.

Reunión de diputadxs.

Fuente: Indymedia

Recientemente, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió dictamen en el caso de LMR, la joven mujer a la que se negó el acceso a un aborto no punible en un hospital público, en 2006.

El Comité consideró que la omisión del Estado al no garantizar el derecho a interrumpir el embarazo en un supuesto legalmente previsto causó un «…sufrimiento físico y moral …, tanto más grave cuanto se trataba de una joven con una discapacidad», y que la ilegítima injerencia del Estado constituyó una violación de su derecho a la privacidad. Específicamente, concluyó que los hechos analizados en el caso ponen de manifiesto una violación a los artículos 7 -derecho a estar libre de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes-; 17 -derecho a estar libre de injerencias arbitrarias e ilegales en la vida privada-; y 2, párrafo 3 -derecho a recursos efectivos y garantías contra la violación de derechos y libertades- en relación con los artículos 3 -derecho a la igualdad y a la no discriminación-, 7 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. 

Asimismo, el Comité dispone «…la obligación del Estado parte de proporcionar a LMR medidas de reparación que incluyan una indemnización adecuada» y también «…la obligación de tomar medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro».

Esta decisión está en consonancia con las Observaciones Finales que el propio Comité de las Naciones Unidas emitió en marzo de 2010 para el Estado argentino, en las cuales expresó su preocupación por «…la legislación restrictiva del aborto contenida en el artículo 86 del Código Penal, así como por la inconsistente interpretación por parte de los tribunales de las causales de no punibilidad contenidas en dicho artículo», a la par que sostuvo que el Estado parte «debe modificar su legislación de forma que la misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas (…)».

En sentido similar, en agosto de 2010 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer emitió sus Observaciones Finales para el Estado argentino, en las cuales observó que «(…) el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva sigue constituyendo un grave problema para las mujeres argentinas»; y expresó su preocupación «(…) por la elevada tasa de embarazos entre las adolescentes y la elevada tasa de mortalidad materna, que en una tercera parte tiene como causa el aborto ilegal», instando además al Estado argentino «a que revise la legislación vigente que penaliza el aborto, que tiene graves consecuencias para la salud y la vida de las mujeres».

Estas son nuevas señales dirigidas a llamar la atención sobre la situación vigente, relevantes para la discusión de políticas efectivas sobre la interrupción del embarazo que garanticen servicios dignos, seguros, accesibles y respetuosos del derecho a la autodeterminación de todas las mujeres.

Ver completo: Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU (28 de abril de 2011)

Reunión de diputadxs.