Diana Maffía
29 Dic 2009
mis aportes ante el tribunal ético por cromañón
En mi calidad de ex Defensora del Pueblo adjunta en Derechos Humanos (MC 1998-2003) e integrante de la Comisión de Mujer, Infancia y Adolescencia y de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me presenté ayer ante el Tribunal Ético por la Masacre de Cromañón con la figura de amicus curiae (amiga del tribunal) señalando las obligaciones del Poder Ejecutivo, así como de la función de los organismos de control; y una valoración del papel de las organizaciones sociales.
En el caso Cromañón, el protagonismo social no fue acompañado por el poder de control sino que se actuó muy por debajo de las amplias posibilidades de intervención. Ante la falta de cumplimiento del Ejecutivo, la persistente falta de control y la ausencia de sanciones para los locales, la Defensoría del Pueblo debió cumplir su obligación de denunciar ante juez competente la omisión de la Subsecretaría de control Comunal y al propio titular del Poder Ejecutivo. Pero esto no ocurrió. El informe fue enviado a la Legislatura, que tampoco intervino como forma de control de políticas públicas. Y ningún fiscal inició de oficio una investigación a partir de la difusión pública del informe sobre locales bailables que produjo un resultado obviamente violatorio de las obligaciones y de ciertos riesgos para un segmento de cuidado especial según nuestra Constitución como son lxs adolescentes y jóvenes.
Cuando la noche del 30 de diciembre de 2004 ocurrió el incendio de República Cromañón, llevándose la vida de 194 personas y más de 700 heridos, sólo se puso de manifiesto la dimensión del riesgo en que el abandono por parte del Estado de sus obligaciones, sometía cotidianamente a estxs jóvenes. Hay dos modos de violar derechos por parte del Estado: el abuso de poder y la omisión de obligaciones que garanticen el ejercicio de derechos. Una “irregularidad administrativa” se constituyó en una sentencia de muerte.
De izq.a der: Volnovich, Calvo y Castelucci
Al final del acto el tribunal, integrado por Adriana Calvo, Oscar Castelucci y Juan Carlos Volnovich, detalló las responsabilidades éticas de los funcionarios públicos que llevaron a que se produzca la tragedia y que estuvieron involucrados en la gestión del entonces jefe de gobierno Aníbal Ibarra.
“Cromañón no fue un accidente, tampoco fue una tragedia inevitable, fue un crimen que afectó a toda una generación y a todo un pueblo. Fue un crimen perpetrado bajo el mando de un Estado Democrático. Fue un crimen en masa perpetrado contra una población inerme, según define el diccionario la palabra <masacre>“dictaminó el tribunal al cumplirse cinco años de Cromañón.
Todo el material de la jornada podrá verse en www.quenoserepita.com.ar
Ésta es mi presentación ante el Tribunal Ético y el veredicto final del jurado
