Diana Maffía

“Hay que ampliar la mirada sobre el género, repensar los estereotipos y las relaciones entre los géneros, como relevantes para el Poder Judicial”, sostiene Diana Maffía, directora del Observatorio de Género en la Justicia de la CABA. El organismo, en funciones desde 2012, depende del Consejo de la Magistratura porteño y  tiene a su cargo la investigación y promoción de iniciativas tendientes a alcanzar la igualdad entre los géneros.

-Las leyes son el efecto de un cambio que ya hay en la sociedad. La ley de matrimonio igualitario estuvo precedida por una campaña muy rápida y con mucho consenso social. Se legitimaron familias homoparentales que ya existían, de dos hombres o dos mujeres con hijos a cargo. La presunción de que una pareja homosexual tiene más tendencia al abuso o la violencia es prejuiciosa y responde a una consideración patológica de la homosexualidad como perversión, como sujetos peligrosos que deben ser perseguidos. La Comunidad Homosexual Argentina (CHA) en “Adopción, la caída del prejuicio” publicó una investigación que dejaba en claro que los resguardos para proteger a los niños y niñas en adopción son que no haya violencia, abuso, explotación de menores; independientemente de cualquier estructura. La ley de matrimonio igualitario genera cambios administrativos e importantes porque legitiman esas parejas homosexuales. También marcan la laicidad de la sociedad. Si bien el matrimonio religioso por dogma no va a aceptar este tipo de uniones, la ley expresa la voluntad de una sociedad plural y laica que decide las legitimaciones institucionales de contratos, como el matrimonio, con protección del Estado. La ley de identidad de género, por su parte, va a traer muchísimos cambios y creo que algunos todavía no son visibles. Va a vincular el género asignado en el documento con la autopercepción de una persona, no con su cuerpo. Hasta ahora un cuerpo y sobre todo una genitalidad estaban relacionados con un género. Cuando alguien quería cambiar el género asignado debía pedir autorización judicial, que implicaba una evaluación psiquiátrica y médica.

-Claro, porque se consideraban los datos biográficos de la persona. La verdadera identidad la establecían un médico y un psiquiatra, en base a ciertos estereotipos. Si a mí me interrogaran yo tendría que decir nunca jugué con Barbies, pero no por eso me tienen que sacar el género que me asignaron. Todavía ahora es el médico quien asigna el género en el acta de nacimiento de las niñas o de los varones. Hoy la persona puede o no modificar su cuerpo de acuerdo a su necesidad de construir su género, y para acceder a la salud integral. Ahora ya no se pide que se cambie la genitalidad para cambiar de género: se acepta la identidad autopercibida y si el interesado lo quiere, por su sólo pedido, se le proporcionan tratamientos médicos, hormonales o quirúrgicos. Esto es muy fuerte porque como antes eran escasísimos los casos no hay tantos equipos formados. Los hospitales públicos tienen que proveer estos servicios médicos, hormonales y quirúrgicos para modificar los cuerpos, que no son sólo cambios estéticos de reasignación de sexo, sino que permiten que una persona pueda o no ponerse pechos, cambiarse sus genitales, ponerse o sacarse pelos de la cara. Todos esos rasgos que son alineados con una identidad pueden ser mezclados de cualquier manera. Luego está la cuestión de los códigos sociales: ¿cómo se hace para reconocer al otro o a la otra? ¿Cuáles van a ser los modos de expresión de género que nos permitan tener éxito en nuestras recetas sociales? Van a haber cambios que tienen que ver con abrir la cabeza y repensar nuestra forma de relacionarnos con el otro. Si hoy me preguntan cuántos varones y mujeres hay en la oficina, seguramente todos vamos a coincidir en la cuenta, pero va a llegar un momento en que va a ser difícil establecerlo.

-Sí, porque este agregado del acceso a la salud convierte a nuestra ley de identidad de género en pionera en el mundo. No hay ninguna otra ley que tenga esa protección.

-Sí, aunque no será para todos de la misma manera. Sirve sobre todo para las parejas de lesbianas que pueden recurrir a una inseminación artificial. Pero una pareja de gays tendría que poder hacer un alquiler de útero, que todavía no está regulado, aunque de hecho se haga. Eso está contemplado en el proyecto de reforma del Código Civil, en el capítulo “Filiación”, que introduce un cambio muy importante en la parte de adopción. Porque hoy la adopción se puede hacer en caso de que una pareja heterosexual adopte un chico o una chica, o que uno de los dos adopte a un hijo o hija de su pareja o de una pareja anterior. El proyecto de reforma amplía la adopción para que parejas homosexuales puedan adoptar en conjunto  o de manera individual al hijo o hija de su pareja, y también amplía la filiación a los casos de reproducción asistida. En este caso la identidad no es biológica sino que se prioriza la voluntad procreacional de una pareja, que no podría tener hijos de otra manera, a través de una subrogación de útero o donación de óvulos o  semen. En estos casos se pueden tener tres madres: la biológica, que dona sus óvulos; la  gestante; y la que pone la voluntad procreacional, que es la que solicita la donación. Algo importante es que la nueva ley no pone como condición que el que solicita el tratamiento sea infértil, porque eso sí condiciona a los homosexuales, ya que no necesariamente lo son.

-Desde el Observatorio y desde el Centro de Formación Judicial noté que la capacitación sobre mujeres en el Poder Judicial era en relación a la violencia. Hicimos el año pasado un relevamiento sobre cómo está el personal del Poder Judicial en relación a este tema, y este año lo estamos actualizando. Relevamos cuántos varones y cuántas mujeres hay en cada estrato –las personas de identidades distintas a varón y mujer por el momento son pocas-. Apuntamos a que el acceso a la justicia sea visto desde una perspectiva de género, no sólo para ver cuántas mujeres y cuántos varones acceden a litigar -y ver si hay otras identidades-, sino también para pensar cómo van a ser tratadas y tratados, y qué resultados tienen sus gestiones ante la justicia. La propuesta también es pensar si las medidas que son aplicadas para algunas infracciones, en cuestiones de género también son aceptables, adecuadas y fructíferas.

-Hay dos tipos de gestión que minimizan el poder punitivo del Estado, que son la mediación y la suspensión del juicio a prueba. Son dos medidas beneficiosas como solución alternativa de conflictos pero en general no están recomendadas en casos de mucha disparidad entre los sujetos, como ocurre en situaciones de violencia o de índole familiar. Esto es porque las estructuras de dominio de un género sobre otro y los estereotipos exceden las convicciones o elecciones de las personas en particular. Son improntas culturales o sociales. En los varones se alienta la autonomía y en las mujeres la vinculación, por lo que ellas son más vulnerables a la separación y tienden a conceder más porque se desestructuran individualmente cuando pierden sus vínculos.  Hasta hace poco el criterio para medir la infidelidad en una pareja era muy diferente: la mujer era infiel con una sola relación extramatrimonial, porque es la responsable del mantenimiento de la progenie, en cambio el hombre era infiel si mantenía económicamente a una manceba, porque es el responsable del sostenimiento económico de la familia. Pero no era una relación interpersonal de fidelidad, sino de fidelidad al mandato matrimonial. El modo en que las normas estructuran nuestras conductas, marcan roles de género. Esto cambió hace poco.

-Seguramente. Estaba leyendo un proyecto sobre mediación en el que se dice que no se puede mediar en los casos en que un varón sea el agresor y se trate de una cuestión de violencia de género. No siempre el varón es el agresor, tampoco hay que estigmatizarlo. Mirando las estadísticas de la Oficina de Violencia Doméstica de la CSJN se ve que hay patrones de género que estructuran un modo de masculinidad que tiene al abuso de la fuerza como una de sus manifestaciones, y un modo de feminidad que tiene a la victimización y a la indefensión aprehendida como una de sus expresiones. Más del 85% de las víctimas de violencia son mujeres. Es indudable que hay una cuestión de género en la violencia, pero es necesario analizarla.

-Creo que hay que discutirlo con especialistas. El proyecto utiliza un lenguaje neutral hablando de familias violentas e ignora las relaciones de género y la altísima probabilidad de que el victimario sea varón y la victima sea mujer. Y esto me preocupa. La edad y el sexo son dos factores de vulnerabilidad importantes y hay que mencionarlos. Hay una ley de la Ciudad que dice que toda estadística de la Ciudad tiene que estar desagregada por sexo y edad, y muchas veces no se publican de esa forma. Y estos dos factores son muy relevantes en políticas públicas porque señalan las necesidades diferenciales y las estrategias distintas que hay que desarrollar en materia de prevención. En el proyecto hay una tendencia a considerar que las cuestiones de violencia son estructurales, no entre personas, y que en la estructura no hay responsables y víctimas, sino que las responsabilidades se reparten de manera equitativa, y yo no creo que el victimario tenga tanta responsabilidad como la víctima. Es una mirada teórica y terapéutica, pero no política. Otro tema es la medición del resultado de la mediación. En muchos juicios por violencia, el agresor se enojaba porque la mujer no quería plancharle la camisa o lavar los platos, o porque ella decidió estudiar el secundario nocturno y volvía tarde y no preparaba la comida a tiempo ni atendía a sus hijos “como debía”. Entonces la mujer aceptó quedarse en casa, y se llegó a un equilibrio: ¿eso significa un éxito en la mediación? Yo lo dudo, pero quizás para el modo en que sea medido podría serlo.

-Muchas las vimos y en muchas estamos de acuerdo en el modo en que trabajan. El área de atención a la víctima trabaja muy bien.

-Yo creo que no hay que tener políticas que digan “esto nunca”. Lo que no tenés que tener es a las personas como víctimas de tus pruebas. Tenés que tener algún tipo de garantías de que les estás ofreciendo el mejor recurso. Yo entiendo que se ofrece la mediación cuando son casos de amenazas o casos muy leves. Ahora, el problema es la vaguedad. Una amenaza es algo leve porque aparentemente no hay un daño directo. Pero hay que evaluar si es la primera vez que se amenaza, si es simplemente un daño verbal o con riesgo de cumplirse. Si es una amenaza en el medio de una escalada de violencia. Poder discernir la gravedad del caso es parte de lo que un buen fiscal debe hacer. Mi propuesta sería hacer una jornada de trabajo para discutir la cuestión de la mediación. Yo sé que en general los cuerpos de mediadores dicen que pueden intervenir en cuestiones familiares y de violencia. Pero hay que ver si es lo aconsejable y no es una mirada solamente desde la mediación.

-El año pasado hubo una reunión con AMJA para hablar sobre el tema. Al principio yo era resistente porque tengo poca confianza en el sistema penal para resolver los problemas sociales. Pero hay un aspecto convincente para considerarlo como tipo autónomo, que de hecho los medios ya lo están haciendo al dejar de hablar de crímenes pasionales y nombrar estos homicidios como femicidios. También hay un camarista, Fernando Ramírez, que usó al femicidio para caracterizar un hecho;  fue su estrategia jurídica, aunque no configure un tipo penal. La ventaja es que cuando vos creás un tipo  penal reunís en una categoría un montón de cosas: un asesinato ocurrido en una relación afectiva, donde hay una sensación de propiedad de los cuerpos de las mujeres. Hacer visible esto es decir que la sociedad no lo tolera. A diferencia del incesto, que es llamativo que no configure tipo penal, lo que quiere decir que la sociedad es tolerante con él.

-Si, en realidad ya lo tenemos. Lo integran, a nivel nacional: Gabriela Alegre, Carmen Argibay, Dora Barrancos, Martín Bohmer, Mauro Cabral, Mariana Carbajal, Natalia Gherardi, Eva Giberti, Elena Highton, María José Lubertino, Nelly Minyersky, María Elena Naddeo, Mario Pecheny, Marcela Rodríguez y Alicia Ruiz. Los consejeros internacionales son Adrián Tamara (Venezuela), Sonia Corrêa (Brasil), Alfa Facio (Costa Rica), Lorena Fries (Chile), Isabel Cristina Jaramillo (Colombia), Marcela Lagarde (México), Cecilia Medina (Chile) y Rita Laura Segato (Brasil-Argentina). Nuestro objetivo es ampliar la incidencia del Observatorio más allá de la justicia. Tengo que reconocer que encontré una disposición maravillosa en la justicia de la Ciudad para considerar el tema como relevante. Desde el primer momento recibimos respaldo del Tribunal Superior de Justicia de la CABA y del Consejo de la Magistratura. El Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y la Asesoría General Tutelar tuvieron una disposición perfecta. En agosto saldría nuestro primer boletín cuatrimestral con las encuestas que realizamos. Estamos muy contentas porque la respuesta superó nuestras expectativas: podíamos sacar resultados con 400 encuestas y tenemos más de 600. Esta fue una primera encuesta de acercamiento, luego haremos más sobre los temas que resultan relevantes para la propia gente. Pero poder mirarnos como comunidad me parece importante.

-Muy relevante. Recuerdo cuando estábamos armando la presentación del Observatorio, que fui a ver al Presidente del Consejo, Juan Manuel Olmos, y le dije “mirá, estamos trabajando de esta manera, hablamos con gente de la Oficina de Estadísticas, de la Oficina de Protocolo”. Y me respondió algo sorprendido: “¡¿Estás trabajando con otras áreas?!”, y le respondí que por supuesto no iba a poner mi propia persona de estadísticas o mi propia persona de protocolo. Hay gente que sabe y es maravilloso. Lo habitual es que la gente se cierre, institucionalmente a veces hay conflictos. Yo espero que haya un terreno de intercambio y hasta el momento las cosas están saliendo bien. Esta no es una oficina de atención al público, es un lugar para nosotros, para poder trabajar en común.

-Muchas. Se necesita hacer un buen diagnóstico, aunque no sea tan efectista como otras acciones más visibles. Falta interacción, mayor compromiso entre los efectores de políticas públicas y los intelectuales. Lo que se hace es tercerizar la investigación sobre temas que ya fueron investigados en el CONICET, en las universidades, pero que después no se le da un uso político, por recelos. También es importante el trabajo con las ONG porque tienen una función importante y habría que desarrollar ese diálogo. Lo mismo con la Legislatura. A la justicia le falta construir un puente con la sociedad. Lo que trasciende de ella a veces es poco y distorsionado. Parte del trabajo en  acceso a la justicia es mostrar qué clase de recurso es la justicia y qué nos puede ofrecer para una mejor convivencia. Y la política pública también debe acompañar lo que hace la justicia para que los derechos se puedan ejercer.

(*)  Informe de Noticias n° 2 (27 de junio de 2013) de la Secretaría General de Acceso a Justicia (MPF CABA). http://accesoajusticia-mpfcaba.blogspot.com.ar/2013/06/entrevista-diana-maffia.html