Diana Maffía

Es muy importante tener una perspectiva de género cuando analizamos las barreras en el acceso a la justicia. Aunque la ley se reputa conocida por todos, no todas las personas son conscientes de sus derechos y de la forma de hacerlos valer. Desde el punto de vista de los/as efectores/as de justicia, la mera igualdad formal no garantiza que todas las personas lleguen a apropiarse de las herramientas para litigar y obtener satisfacción a sus reclamos.

Son muchas las diferencias que constituyen desventajas y desigualdades ante la ley, el género es una de ellas. Aunque al pensar en las diferencias de género suele pensarse en las mujeres, son muchos los sujetos que por cuestiones de diversidad genérica encuentran barreras de acceso a la justicia. Asimismo, aunque la violencia es un problema gravísimo que afecta especialmente a las mujeres, no sólo en la atención de violencia encontramos desventajas, si bien es un área muy preocupante.

Procuraremos ofrecer un panorama de la complejidad de condiciones necesarias para garantizar el efectivo acceso a la justicia, un diagnóstico de las barreras más usuales, y finalmente algunas estrategias para la remoción de estas barreras a fin de acercarnos a un principio tan básico de nuestra Constitución como es el derecho a la igualdad.

El feminismo teórico produjo una corriente crítica muy importante en relación con el derecho, denunciando su androcentrismo y sugiriendo medidas afirmativas para lograr a través de la Justicia algo tan básico como el derecho a la igualdad ante la ley. En Argentina vimos con esperanza que el esperado cambio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación incluyera a Helena Highton y Carmen Argibay, que no sólo mostraron condiciones y antecedentes de excelencia, sino que se comprometieron con sendos programas de alto impacto para lograr la democratización de la Justicia: la Oficina de Violencia Doméstica y la Oficina Mujer.

La Defensoría General y el Ministerio Público Fiscal crearon áreas de género para garantizar derechos, dar seguimiento a la actuación de la Justicia y reducir la impunidad. También la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, a cargo de Marcelo Colombo, profundiza la atención de esta forma específica de violencia y delito que afecta en especial a las mujeres y géneros subalternizados. Esos programas son valiosos e imprescindibles.

Un episodio reciente expuso a la luz pública la investigación sobre la actuación deficiente de un fiscal por la negativa a investigar una causa que involucró a policías acusados de violar y explotar sexualmente a dos niñas de 13 y 15 años. El fiscal sostenía que no había delito y se trataba de “una situación de índole social”.

Romina Pzellinsky, titular del Programa de Género de la Procuraduría General de la Nación, fue denunciada por el fiscal investigado y su intervención fue tildada por algunos medios como “espionaje” y el peritaje de las computadoras como “allanamiento”. El episodio se ha transformado en una polarización de opiniones sobre los modos de trabajo de la procuradora (Alejandra) Gils Carbó, pasando por encima de la articulación de políticas de género (investigación, seguimiento, monitoreo) para corregir muchos de los sesgos judiciales hacia las mujeres. La utilización política de la denuncia y la desmesura del lenguaje significan un retroceso en la valoración de instrumentos imprescindibles para alcanzar la igualdad ante la ley.

Hablemos de los problemas por resolver en una Justicia que debe actuar con debida diligencia e investigar sin prejuicios ni estereotipos los casos de violencia de género, como la naturalización de esa violencia, la presunción de obligatoriedad de tareas domésticas y de cuidado para las mujeres, la utilización del falso síndrome de alienación parental para ignorar la palabra de los niños y niñas abusados, la presunción de que las mujeres consienten su propia esclavitud sexual en la explotación de la prostitución, entre otros. Y fortalezcamos la cooperación con las áreas de género en los distintos poderes del Estado dándoles recursos, capacidades y acceso a los sistemas de control.

* Directora del Observatorio de Género en la Justicia, del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con El Tribuno, la directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires analizó la problemática.

¿Cuál es su visión sobre la actualidad de la violencia de género?

La violencia de género es una cuestión estructural muy fuerte. Si pensamos en cuestiones como la educación sexual, el hecho de que se naturalice la violencia contra las mujeres, el hecho de que muchas veces el embarazo no deseado provenga de cuestiones de violencia de género, la disparidad en condiciones económicas, sociales y educativas de la mujer. En una situación de violencia, la mujer al no tener suficiente autonomía en sus decisiones, están supeditadas y debe continuar la relación por no tener posibilidades económicas, laborales. El Ejecutivo tiene que tomar en serio, tomar muy en serio, las políticas de apoyo para la mujer que sufre de violencia de género, no solo detectarla y diagnosticarla. Poder tener políticas de género activas.

¿Qué parte le toca en ese sentido a la Justicia?

Me parece que es muy importante que se reflexione acerca del lugar que le va a dar la Justicia al acceso de estas situaciones de violencia como una situación de violación a los derechos humanos. Es primordial que las mujeres salgan de esa naturalización. Casi un 90% de las víctimas de violencia son mujeres. Un 85% de los victimarios son hombres. Esto corresponde a estereotipos sociales. La propia masculinidad es estructurada alrededor de no valorar los cuerpos de las mujeres, dominarlos, violentarlos e incluso explotarlos sexualmente.

¿Cómo ve que el Estado nacional viene trabajando sobre la violencia de género?

Yo creo que el Estado nacional ha tenido iniciativas relevantes en relación con detectar otras formas de violencia menos obvias que la violencia física. Pensemos la violencia simbólica a través de los medios de comunicación, que es parte de como se van estructurando y naturalizando la violencia de género. Falla en no dar el presupuesto necesario para estas políticas sociales. Es el eslabón débil.

¿Porqué cree que los índices de esta problemática crecen a diario?

Me parece que no solamente hay una ampliación de porcentajes de casos de violencia sino que hay una capacidad para visibilizar casos de violencia. Hay aumentos que tienen que ver con conflictos de tipo social, cuando los varones sienten que hay un retroceso sobre la base que las mujeres avanzan. Sienten que su autoridad sufre algún tipo de retroceso.

Nota completa en http://www.eltribuno.info/la-violencia-genero-sacude-la-agenda-politica-y-social-n443552