Diana Maffía

Luego de la caída del entrepiso del local Beara en Palermo, donde fallecieron dos mujeres jóvenes el pasado viernes, manifesté por distintos medios de comunicación mi opinión sobre el tema.

Quiero compartir aquí el audio del programa «Esta Lengua es Mia» con Jose Benegas, Fm Identidad 92.1 mhz.

En la visita que realizó el Jefe de Gobierno Mauricio Macri a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, le formulé tres preguntas relacionadas con la policía metropolitana y con la designación de Jorge “Fino” Palacios y Osvaldo Chamorro (hoy detenidos) al frente de la fuerza.

¿Su error fue utilizar su confianza personal como razón de estado, o el método le sigue pareciendo aceptable y el error fue en quién recayó su confianza? ¿Usted sabía que Jorge Palacios era dueño y operaba empresas de seguridad privada (Strategic Security Consultancy)? ¿Lo sabían su Ministro de Seguridad y su Jefe de Gabinete? ¿Cuál de estas posibilidades es la cierta, considerando que la empresa existía, el juez la allanó, y su ministro y su Jefe de Gabinete negaron su existencia? ¿Lo ignoraban, lo sabían y nos mintieron, o lo consideran irrelevante? Mis preguntas se basaron en las declaraciones formuladas por el Ministro de Seguridad Guillermo Montenegro y el ex ministro de Educación Mariano Narodowsky en oportunidad de la realización de la Comisión conjunta de Justicia, Seguridad y Educación el 23 de octubre de 2009.

Macri respondió que ignoraba que Palacios tenía una sociedad y cuando se enteró, no le pareció ético que mantuviera una empresa y sostenga la función pública, por lo tanto, le pidió la renuncia, hecho ocurrido hace un año.

Esta mañana concurrí al Juzgado Nº 7 que preside el Dr. Norberto Oyarbide para presentarme como querrellante en la causa “James, Ciro Gerardo y otros s/ asociación ilícita”, luego de quedar firme el procesamiento de Mauricio Macri por parte de la Cámara.

La procedencia de mi intervención como parte querellante es ejercer mi derecho a impulsar el proceso para desentrañar la verdadera dimensión de la asociación ilícita, su capacidad para dañar mi persona y los objetivos específicos que se proponía contra mi persona.

He sido objeto de injerencias en mi intimidad y vida privada. Se habrían interceptado mis comunicaciones y mi cuenta de correo electrónico. Existe la presunción de que fui víctima de los actos perpetrados por una asociación ilícita, pues las averiguaciones a las que fui sometida han sido consideradas como un dato necesario para acreditar la existencia de los delitos imputados en la causa.

Se espera que en las próximas semanas se amplíe la investigación sobre escuchas ilegales incorporando otras indagatorias y solicitando datos hasta ahora no relevados, como los que corresponden a la empresa de investigaciones privadas Consultora Estrategic Security, perteneciente al “Fino” Palacios y Osvaldo Chamorro, que eran jefe y vicejefe de la Policía Metropolitana al momento de realizarse el presunto espionaje político.

Puede leer aquí el escrito completo. Y el audio de una entrevista que me hicieron en Radio Frecuencia Zero

La semana pasada convocamos una sesión especial para discutir varios proyectos: una invitación para que Macri viniera a la Legislatura; una solicitud para que tengamos acceso al expediente; un pedido de juicio político (del monobloque de izquierda de Marcelo Parrilli); y el de mayor consenso, la propuesta de constituir una comisión investigadora que evaluara si hay responsabilidad política de funcionarios del gobierno, estuvieran o no procesados (recordemos que el ministro de seguridad Montenegro fue desprocesado por Oyarbide, y que el ex ministro de Educación Narodowsky fue desprocesado por la Cámara, y otros funcionarios como Andrés Ibarra ni siquiera fueron indagados). La comisión investigadora es indispensable no sólo para establecer las responsabilidades políticas (no penales) de Macri, sino porque aún cuando alguien no haya sido procesado penalmente, pueden ser responsable políticamente desde el punto de vista del mal desempeño de sus funciones. Por eso es que no es reemplazable una comisión de juicio político a Macri por una comisión investigadora de responsabilidades políticas del Ejecutivo, que es mucho mas amplia.

Además, un pedido de una comisión de juicio político debe fundamentarse atendiendo al artículo de la Constitución porteña que señala las causales de juicio político: mal desempeño de las funciones, la comisión de delito en el ejercicio de la función pública, o los delitos comunes. Si hacemos un pedido de juicio político es porque encontramos alguna de estas tres causales. Cuando Macri hace su propio pedido de juicio político, ¿cuál de las tres causales está asumiendo? Si vemos el proyecto que presentó el macrismo, no está ninguna de ellas. Lo que dicen es que ante las sospechas sembradas por la oposición piden una comisión de juicio político.

La comisión no se convoca por sospechas, por eso antes hay que hacer una comisión investigadora que determine si hay causales o no para un juicio político y a qué funcionarios abarcaría. Si hay causales entonces se forma la comisión de juicio político, se establece la sala acusadora (con 45 miembros/as, 19 del macrismo), dentro de la cual una comisión de 13 miembros/as recolecta todos los datos y establece si hay o no hay condiciones suficientes. Sobre esos datos la sala acusadora debe votar si envía el expediente a la sala juzgadora,  pero para llegar a ese paso se requiere de los dos tercios de los votos, y esa es la garantía de impunidad del PRO, porque al tener 19 miembros de los 45 tiene en las propias manos del bloque oficialista la llave que posibilita o no el juicio político.

¿Cuál es la estrategia política? Ese martes, no dieron tablas para ninguno de estos proyectos. Según el PRO no podíamos tener acceso al expediente (a pesar de que Macri dijera en todos los medios que el quería que supiera toda la verdad y ser transparente); no iba venir él a la Legislatura porque según él toda la información está disponible en la página web, no aceptaron iniciar el proceso de juicio político y se negaron también a la Comisión investigadora.

Macri es una persona con un ejercicio de poder que reduce el gobierno al Ejecutivo,  disciplina a su bloque legislativo y desconoce la autonomía de la Justicia (por eso pide su propio juicio político y su propio juicio oral). Es un ejercicio demasiado parecido al que critica en N. Kirchner. Cuando Macri dice “vengo a hacer una nueva política, y mi principal enemigo es Kirchner” en realidad está disputando el mismo territorio de poder, el terreno de un poder personal y antirrepublicano.

Luego de haber disciplinado al bloque del Pro contra el juicio político el martes, el miércoles Macri pide su propio juicio político y comienza una serie de desprolijidades. Obliga a su bloque  a improvisar un proyecto de ley al que no dan fundamento constitucional, y para colmo lo firma el vicepresidente 1° de la Legislatura Oscar Moscariello (quien lo reemplaza cuando Macri sale de la Ciudad). O sea, quien es su sucesor está pidiendo el juicio político al propio jefe de Gobierno. Es algo que parece golpista pero que es del realismo mágico del PRO, y aquello que negaron el martes, lo pidieron el jueves.

Como la oposición no iba a apoyar sobre tablas un pedido de esta naturaleza, este proyecto junto a todos los que no fueron aceptados por el Pro para su tratamiento en la sesión especial, fueron a comisión de Asuntos Constitucionales. Esta comisión va a reunirse el 3 de agosto y hará sus despachos, que pueden o no ser observados, y el jueves 12 en la sesión ordinaria se votará o no.

¿Por qué el PRO quiere una comisión de juicio político y no una comisión investigadora? Está claro que tienen capacidad de veto en la primera y no en la segunda, y también por los plazos. Macri está muy preocupado por la dilación en el tiempo de una investigación (que puede llevar alrededor de 3 meses) y si de ahí se derivaran responsabilidades una de juicio político (otros 2 o 3 meses) y esto se puede extender hasta el año que viene. El año próximo es un año electoral y a Macri lo único que le interesa es su carrera electoral y no quiere tener problemas.

Además el PRO quiere que en Asuntos Constitucionales se discuta, o bien la formación de la comisión investigadora o bien la de juicio político, pero lo cierto es que no son proyectos contrarios. El proyecto de comisión investigadora tiene que tener como contraproyecto la propuesta de archivo del proyecto de comisión investigadora, y el de juicio político tiene que tener su contraproyecto de archivo de la propuesta de juicio político. Cada uno debe discutirse independientemente.

Cuando Macri nos pide amistad política hay que recordarle que la amistad política no es protección de impunidad. Otra cosa es tener responsabilidad, que él no ha tenido en la gobernabilidad de la ciudad, y digo que no la tuvo porque el riesgo de acefalía de la Ciudad se debe a que Macri decidió que la vicejefa de Gobierno renunciara a su cargo para ir a un cargo legislativo en el Congreso Nacional. Gabriela Michetti tenía un compromiso de 4 años como Vicejefa de Gobierno, y cuando recibía críticas por no cumplir su labor de presidir la legislatura se defendía diciendo “yo no voy a ir a tocar la campanita porque la gente me votó para estar en el ejecutivo al lado de Macri”. La gente la votó para eso pero ella decidió al renunciar dejar a la ciudad sin su segunda línea de gobierno y por lo tanto, tenemos ahora una brutal crisis institucional.

Creo que la Comisión investigadora se puede llegar a formar y lo que hay que discutir responsablemente es cómo se va a componer y qué plazos va a tener. Porque parte de lo que el PRO objeta es que no sea proporcional, es decir, que si cada bloque tiene un representante en esa comisión investigadora sienten que ellos están en un déficit porque teniendo 24 diputados, tendrían 1 o 2 representantes según el proyecto, pero lo cierto es que hoy la Legislatura tiene 13 bloques.

No se puede llamar a juicio político porque no está claro cuál de las causales corresponde, entre otras cosas porque Macri no está condenado, está procesado, y por una cuestión de beneficio de la duda no se puede decir que cometió delitos. Y para saber si hay mal desempeño tenemos que evaluar políticamente la conducta de él y de otras personas del Ejecutivo, y eso es lo que haría la comisión investigadora. El macrismo también dice que esto tiene que ver con el gobierno nacional, es verdad, pero esa denuncia política no la tiene que investigar la Legislatura de la Ciudad, sino la Comisión Bicameral de Diputados y Senadores sobre Organismos de Seguridad. En esa comisión, la Coalición Cívica hizo un pedido de informes en el 2008, uno en el 2009 y otro en el 2010, para evaluar todas las denuncias por escuchas y el destino jurídico que habían corrido para ver si hay presión política sobre los jueces para darle curso a algunas denuncias y no a otras. Por supuesto que debe investigarse si hay un uso político de los organismos de seguridad, y si hay sistemas de espionaje denunciados y no investigados por la justicia. La Coalición Cívica sigue este tema sistemáticamente desde ambas cámaras del Congreso Nacional.

Esta tarde participé de una conferencia de prensa junto a legisladores y legisladoras del bloque de la Coalición Cívica Nacional y de la Ciudad, en la cual se fijó posición con respecto al procesamiento de Mauricio Macri.

Acompañaremos la Comisión Investigadora, pero debemos ser cuidadosos de la institucionalidad de la Ciudad, que no puede quedar acéfala por la imprudencia de Gabriela Michetti, quien en su momento renunció a la presidencia de la Legislatura para ir como candidata a Diputada Nacional.

Queremos aprovechar esta crisis vinculada al espionaje para investigar la relación con todas las escuchas, y no sólo las que se atribuyen a Mauricio Macri. Porque frente a la gravedad de un sistema político que se basa en el espionaje, el intento de Macri no fue evitar este método, sino incorporarse a esa dinámica en competencia con el kirchnerismo.

Además de apoyar la Comisión, pediremos el acceso al expediente completo, a los efectos de que sean los y las representantes del pueblo quienes podamos tener la información suficiente para determinar la responsabilidad política del Jefe de Gobierno y los funcionarios implicados.

Por otro lado, durante esta semana me voy a presentar al Tribunal Federal para que se amplíen las indagatorias al «Fino» Palacios y demás implicados, ya que estoy dentro del listado de personas afectadas por este espionaje político.