Diana Maffía

ABORTO NO PUNIBLE

Lxs diputadxs de la Comisión de Salud emitimos hoy un dictamen de mayoría favorable a la sanción de la ley para la atención integral de los abortos no punibles en la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa, cuyos autores somos Gabriela Alegre y Juan Cabandié (Encuentro Popular por la Victoria) y yo, fue firmado por Fernando Sánchez (Coalición Cívica), Jorge Selser (Proyecto Sur), Mateo Romeo (Bloque Peronista), Alegre y yo. En tanto, las diputadas del PRO Carmen Polledo, Diana Martínez Barrios, Raquel Herrero y Lidia Saya firmaron un dictamen de minoría para archivar el proyecto; y Mónica Lubertino (Unión Federal) firmó otro dictamen de minoría para archivo.

El proyecto, producto de un largo proceso de debate legislativo que comenzó en el año 2008, establece procedimientos en los cuatro casos que el Código Penal señala como abortos legales y establece los mecanismos por los cuales lxs objetorxs de conciencia deben comunicar fehacientemente su situación y ser eventualmente sustituidxs para esta práctica, es decir, que la objeción de conciencia puede ser manifestada individualmente pero no puede ser institucional. 

Presencia internacional

Aníbal Faundes, médico especialista en obstetricia y actual Coordinador del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, asistió de manera espontánea a la reunión de la Comisión.

El destacado profesional, quien tiene una larga experiencia en la materia, valoró el proyecto de ley en todo su articulado, sobre todo, lo referido a las prestaciones integrales a la salud pre y post aborto, y a los casos de constatación de los casos de violación, previstos en el artículo 86 inciso 2º del Código Penal. “Es muy importante que el proyecto contemple la consejería en salud anterior y posterior a la interrupción del embarazo para la mujer y eventualmente para su pareja, que incluya información y provisión gratuita de métodos anticonceptivos e información sobre prevención de HIV y otras ITS y cómo se prevé la atención ante los casos de violación” dijo Faundes.

Quienes presentamos este proyecto estamos a favor de la vida y desearíamos que ninguna mujer se viera en la situación de abortar. Lamentablemente, aún cuando eludiéramos los casos mas frecuentes de no punibilidad, hay muchos otros motivos por los que las mujeres llegan a esas situaciones: problemas socioeconómicos, embarazos no deseados por violencia familiar, violaciones, etc.

Ahora el proyecto será tratado en la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud y de Justicia, antes de pasar al recinto para su sanción definitiva.

Pueden escuchar aquí mis declaraciones sobre la jornada de hoy. Aquellxs periodistas que quieran usar el audio pueden hacerlo citando la fuente

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Las y los diputados de la Comisión de Salud debatimos esta tarde largamente sobre el proyecto de ley para la atención integral de los abortos no punibles en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la firma del dictamen se pospuso para la próxima reunión de Comisión, que tendrá lugar el martes 24 de agosto.

Aunque el proyecto es producto de un proceso de debate legislativo que comenzó en el año 2008, y ya había sido acordado en reunión de asesores y asesoras de la Comisión Salud este año, diputadas integrantes del PRO opinaron que el proyecto no había tenido el suficiente tiempo de lectura y tratamiento. Por su parte, el diputado Campos del bloque UCR planteó que antes de firmar el dictamen le interesaba escuchar la opinión del titular de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires. Luego de un intenso debate de más de 2 horas, se acordó posponer una semana la firma del dictamen.

La iniciativa, cuyos autores son Gabriela Alegre y Juan Cabandié (ambos Encuentro Popular por la Victoria), y yo, tendría además el apoyo de Fernando Sánchez (CC), Jorge Selser (Proyecto Sur) y Rubén Campos (UCR).

El objetivo de este proyecto es dar seguridad a las y los profesionales de la salud que intervienen en estos casos. Hemos trabajado arduamente en este proyecto durante los últimos dos años, y es hora de que la Legislatura de la Ciudad garantice los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas, cuya vida y salud corre riesgo en situaciones de aborto no punible o cuya integridad ha sido vulnerada por un delito.

Consulte aquí el despacho de la Comisión de Salud.

Esta semana presenté un pedido de informes solicitando al Poder Ejecutivo porteño información sobre la situación del Coro de Niños del Teatro Colón: actividades que realiza, funciones del personal, contenidos pedagógicos, y condiciones de seguridad e higiene en el establecimiento, contratos laborales de los niños, niñas y adolescentes integrantes del Coro y partida presupuestaria asignada.

El pedido de informes se funda en la nota presentada por el Sindicato Argentino de Músicos (SAdeM) ante la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, en la que se denuncia a las autoridades de maltrato sufrido por niños y niñas del Coro en uno de los ensayos de la presentación de la ópera “La Bohême”.

Según la denuncia, la selección de los y las participantes para esa presentación fue arbitraria y autoritaria y sin las debidas explicaciones a las madres y padres por parte del reggiseur Hugo de Ana, hecho que vulneraría los derechos infantiles más básicos citados por la ley 23.849 (Convención de los Derechos del Niño, 1990ùn la) y la ley 114 de esta Ciudad.

La legislatura también aprobaría en los próximos días un pedido de informes sobre el cumplimiento de la Ley de Autarquía del Teatro Colón, también de mi autoría.

MORTALIDAD INFANTIL EN LA CIUDAD

Los números del “Informe de Resultados. Mortalidad infantil 1990/2009” Nº245 de la Dirección de Estadísticas y Censos del Ministerio de Hacienda del GCBA publicado en mayo pasado, nos hablan de un doble standard de ciudadanía. Mientras parte de la población tiene acceso a servicios y recursos que posibilitan el ejercicio pleno de sus derechos, otras y otros habitantes de la ciudad ejercen una ciudadanía incompleta, configurada en parte por indiferencias y ausencias del Estado, justo allí donde más se lo necesita para hacer real el principio de igualdad que funda a la democracia como régimen.

Lo que me interesa hoy es utilizar estos números para reflexionar acerca de los nudos críticos de la política pública en la Ciudad de Buenos Aires. Hay dos programas establecidos por ley que se vinculan con el aumento de la tasa de mortalidad infantil que me preocupan: el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, establecido por la ley 418 y el de Educación Sexual Integral, creado por la Ley 2110.

Estas dos leyes establecen políticas de Estado, de modo que no debiera depender de la voluntad política de la gestión de turno elegir si quiere implementarlos o no. Sien embargo, lo que sabemos del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable es que su dotación de personal consiste en dos profesionales y una administrativa. Además, no cuenta con un móvil propio y una de las principales dificultades operativas que lo afectan refiere a la distribución de insumos entre efectores. En lo referido al programa de Educación Sexual Integral, de acuerdo con la información remitida por el Poder Ejecutivo a raíz de un pedido de informes que impulsé el año pasado, encontramos que no existe plan de implementación en todos los establecimientos, en todos los niveles, en todas las modalidades de gestión. En particular, en inicial, primaria y secundaria se trabaja “a demanda” de los establecimientos, desde la gestión de Daniel Filmus. Entonces, más que una política pública de la ciudad, la Educación Sexual Integral parece ser una preocupación de algunas comunidades educativas o de algunas autoridades de escuelas. Además, no hay suficiente oferta de formación docente. Nuevamente, el problema es que parecen trabajar a demanda ya que son las y los docentes individualmente quienes deben procurarse la formación en educación sexual.

En el día de ayer, con motivo de la visita de la Presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, consultamos por la continuidad del programa “Nuestros derechos, nuestras vidas”, que justamente ha sido una de las pocas intervenciones sistemáticas de la ciudad en materia de educación sexual. La titular del Consejo nos señalaba que la educación sexual es muy resistida y que considera que hay que reemplazarla por “contenidos positivos” como el amor y el cuidado. Yo me pregunto si no es hora de reforzar las estrategias en esta materia, de modo que todas las personas tengan acceso a la información relevante para tomar decisiones sexuales y reproductivas, a través de la Educación Sexual Integral, a fin de asegurarles el bienestar cuando eligen reproducirse, a través del programa de Salud Reproductiva y Procreación Responsable. Parte de ese bienestar es reducir al mínimo el riesgo de muerte de sus hijos e hijas durante el primer año de vida.

En las reiteradas visitas de la Subsecretaria de Promoción Social, Soledad Acuña, al preguntar sobre igualdad de oportunidades se nos dijo que la gestión enfocaba a la relación madre-hijo y a la infancia como primer lugar de equidad. Sin embargo, las estadísticas que hoy nos alarman hablan de la primera infancia como zona de riesgo para muchas y muchos habitantes de esta ciudad. Las muertes reflejadas en la estadística se construyen a través de acciones, omisiones y responsabilidades concretas. Evidentemente, hay chicos que no son prioridad para el gobierno de Mauricio Macri.

Consulte aquí mi declaración en la sesión ordinaria de este jueves sobre el tema.

En el mediodía de hoy, la Presidenta del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Beatriz Orlowski se reunió con diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud.

El objetivo de su presencia era responder preguntas acerca del funcionamiento del organismo responsable de promover y proteger los derechos de la niñez y de articular la política pública en materia de infancia.

A la funcionaria le manifesté mi preocupación porque el Informe Anual 2009, de entrega obligatoria para el organismo, no se realizó en tiempo y forma. También le señalé mi inquietud por la continuidad del Programa “Nuestros derechos, nuestras vidas”, centrado en la promoción de derechos, ya que la funcionaria dio de baja los convenios con las ONG que dictan talleres de capacitación, presuntamente por incumplimientos en los términos de los convenios. Sobre estos dos puntos, pregunté especialmente si se están iniciando los sumarios administrativos correspondientes para determinar las y los responsables de dicho incumplimiento.

Otra de mis intervenciones estuvo relacionada con las limitaciones del Consejo de Derechos para asegurar la protección de los derechos de chicos y chicas de la Ciudad y los vacíos en la política pública en materia de infancia y de derechos sociales en general.

Por último, reiteré mi preocupación por las condiciones laborales de lxs trabajadorxs del Consejo de Derechos, en particular por la desigualdad salarial entre contratadxs y empleadxs de planta permanente, a lo que la funcionaria no logró determinar plazos ni forma en que se haría efectiva la equiparación salarial.