Diana Maffía

Es muy importante tener una perspectiva de género cuando analizamos las barreras en el acceso a la justicia. Aunque la ley se reputa conocida por todos, no todas las personas son conscientes de sus derechos y de la forma de hacerlos valer. Desde el punto de vista de los/as efectores/as de justicia, la mera igualdad formal no garantiza que todas las personas lleguen a apropiarse de las herramientas para litigar y obtener satisfacción a sus reclamos.

Son muchas las diferencias que constituyen desventajas y desigualdades ante la ley, el género es una de ellas. Aunque al pensar en las diferencias de género suele pensarse en las mujeres, son muchos los sujetos que por cuestiones de diversidad genérica encuentran barreras de acceso a la justicia. Asimismo, aunque la violencia es un problema gravísimo que afecta especialmente a las mujeres, no sólo en la atención de violencia encontramos desventajas, si bien es un área muy preocupante.

Procuraremos ofrecer un panorama de la complejidad de condiciones necesarias para garantizar el efectivo acceso a la justicia, un diagnóstico de las barreras más usuales, y finalmente algunas estrategias para la remoción de estas barreras a fin de acercarnos a un principio tan básico de nuestra Constitución como es el derecho a la igualdad.

El feminismo teórico produjo una corriente crítica muy importante en relación con el derecho, denunciando su androcentrismo y sugiriendo medidas afirmativas para lograr a través de la Justicia algo tan básico como el derecho a la igualdad ante la ley. En Argentina vimos con esperanza que el esperado cambio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación incluyera a Helena Highton y Carmen Argibay, que no sólo mostraron condiciones y antecedentes de excelencia, sino que se comprometieron con sendos programas de alto impacto para lograr la democratización de la Justicia: la Oficina de Violencia Doméstica y la Oficina Mujer.

La Defensoría General y el Ministerio Público Fiscal crearon áreas de género para garantizar derechos, dar seguimiento a la actuación de la Justicia y reducir la impunidad. También la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, a cargo de Marcelo Colombo, profundiza la atención de esta forma específica de violencia y delito que afecta en especial a las mujeres y géneros subalternizados. Esos programas son valiosos e imprescindibles.

Un episodio reciente expuso a la luz pública la investigación sobre la actuación deficiente de un fiscal por la negativa a investigar una causa que involucró a policías acusados de violar y explotar sexualmente a dos niñas de 13 y 15 años. El fiscal sostenía que no había delito y se trataba de “una situación de índole social”.

Romina Pzellinsky, titular del Programa de Género de la Procuraduría General de la Nación, fue denunciada por el fiscal investigado y su intervención fue tildada por algunos medios como “espionaje” y el peritaje de las computadoras como “allanamiento”. El episodio se ha transformado en una polarización de opiniones sobre los modos de trabajo de la procuradora (Alejandra) Gils Carbó, pasando por encima de la articulación de políticas de género (investigación, seguimiento, monitoreo) para corregir muchos de los sesgos judiciales hacia las mujeres. La utilización política de la denuncia y la desmesura del lenguaje significan un retroceso en la valoración de instrumentos imprescindibles para alcanzar la igualdad ante la ley.

Hablemos de los problemas por resolver en una Justicia que debe actuar con debida diligencia e investigar sin prejuicios ni estereotipos los casos de violencia de género, como la naturalización de esa violencia, la presunción de obligatoriedad de tareas domésticas y de cuidado para las mujeres, la utilización del falso síndrome de alienación parental para ignorar la palabra de los niños y niñas abusados, la presunción de que las mujeres consienten su propia esclavitud sexual en la explotación de la prostitución, entre otros. Y fortalezcamos la cooperación con las áreas de género en los distintos poderes del Estado dándoles recursos, capacidades y acceso a los sistemas de control.

* Directora del Observatorio de Género en la Justicia, del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.