Diana Maffía

Eilsa Carrió, Florentina Gómez Miranda, Carmen Argibay, Oscar Moscariello, Marcela Rodríguez y Diana Maffía (Fuente: La Nación)

En ocasión del acto de entrega del diploma de Ciudadana Ilustre a la Dra. Carmen Argibay, Ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la diputada nacional Marcela Rodríguez y yo tuvimos el especial honor de decir unas palabras para la homenajeada. Aquí dejamos la transcripción de ambos discursos.

Discurso homenaje a Argibay, Marcela Rodríguez

Mujeres en la Corte, Diana Maffía

Foto: Página 12

El próximo lunes 28 de marzo a las 18 hs., celebraremos el acto de entrega del Diploma de Personalidad Destacada en el ámbito de los Derechos Humanos de la C.A.B.A. a Blanca Santucho (Ley 3656), en el Salón Montevideo de la Legislatura de la C.A.B.A., Perú 160, planta baja. Participarán del acto, además de la homenajeada, la diputada Diana Maffía, autora del proyecto, la diputada nacional Fernanda Gil Lozano y la senadora Norma Morandini (a confirmar).

Blanca Rina Santucho nació en Santiago del Estero, hija del matrimonio entre Francisco Santucho y Elmina Juárez, y hermana de Amílcar Latino, Raúl Alberto, Carlos Híber, Francisco René, Omar Rubén y Oscar Asdrúbal; y de Mario Roberto, Manuela Elmina y Julio César, fruto del segundo matrimonio de su padre con Manuela del Carmen Juárez.

En 1970 comenzó una persecución policial a la familia Santucho que se tornaría sistemática, debido a la intensa militancia política de algunos de sus integrantes, que tuvo en Mario Roberto, fundador y secretario general del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y comandante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), su mayor exponente. La saga de violencia ejercida por el terrorismo de Estado se inició en agosto de 1972, cuando la primera mujer de Mario Roberto, Ana María Villarreal, fue asesinada en la tristemente célebre «Masacre de Trelew», y continuó con los asesinatos y desapariciones de Francisco René, Mario Roberto, hermanos de Blanca, y su sobrina María del Valle; los asesinatos de sus hermanos Oscar Asdrúbal y Carlos Híber; y las desapariciones de su hermana Manuela Elmina, su sobrina Mercedes Elmina y sus cuñadas Cristina Navajas y Liliana Delfino, sumado a la detención a disposición del PEN de otros/as integrantes de la familia.

Luego del golpe militar, Blanca se exilió junto a sus padres y organizó una campaña de denuncia de los crímenes cometidos por la dictadura en la Argentina, y en particular con su familia. Desde Cuba viajaron a Estados Unidos, donde sus padres dieron una conferencia de prensa en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. En diciembre de 1976, Blanca y sus padres viajaron a Europa, donde intensificaron la campaña solidaria con los/as presos/as políticos/as y recibieron el apoyo de distintos partidos, medios de comunicación, de personalidades de la cultura de Francia e Italia y del Papa Paulo VI.

Blanca Santucho regresó definitivamente a la Argentina antes de las elecciones del 30 de octubre de 1983. Allí tomó contacto con organismos de derechos humanos como el CELS, Familiares de Desaparecidos y la APDH; y más tarde, con la CONADEP. Tal vez la materialización de este calvario familiar traducido en lucha y testimonio es el libro Nosotros, los Santucho, escrito por Blanca y publicado en 1997.

Blanca es sinónimo de una lucha en primera persona permanente e incansable -aunque muchas veces solitaria- por alcanzar la Verdad y Justicia en condiciones de adversidad. Desde hace cuatro años reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiempo durante el cual se dedicó exclusiva y denodadamente a la búsqueda de los restos de su hermano Mario Roberto, los cuales se encontrarían, según coinciden varios testimonios, dentro de los límites del cuartel militar de Campo de Mayo. Esta misma Casa se pronunció a favor de declarar el apoyo en la búsqueda de los restos de su hermano para darle cristiana sepultura (Declaración 118/2008).

A 35 años del golpe cívico-militar que bajo la maquinaria del terrorismo de estado produjo un genocidio político en la Argentina, marcharemos como todos los aoñs a la Plaza de Mayo. Nos encontramos mañana 24 de marzo a las 14 hs., en la puerta de local central de la CC-ARI (Rivadavia 1475).

Dos horas antes (12 hs.), se realizará una charla en el mismo local para debatir sobre «Represión Institucional. Del Genocidio al Gatillo Fácil». Participarán de la actividad Elsa «Tata» Quiroz (Dip. Nac., ex detenida, testigo en causas sobre Derechos Humanos.) y Juan Manuel Combi (Abogado APDH – La Matanza, que lleva adelante el caso Luciano Arruga, entre otros).

Lxs esperamos.

Hoy presentamos, junto con el diputado Fernando Sánchez y la diputada Rocío Sánchez Andía, un proyecto de declaración para expresar nuestro más enérgico repudio al brutal desalojo y la represión perpetrada el pasado martes por las Policías Federal y Metropolitana contra las personas asentadas en el Parque Indoamericano, en el barrio de Villa Soldati, que dejó como saldo la quema de las viviendas precarias, decenas de heridxs y dos personas muertas.

Es nuestro deber velar por el efectivo cumplimiento de los derechos de lxs ciudadanxs, resaltando que la ocupación responde a la escandalosa situación social que vive la zona sur de nuestra Ciudad. Teniendo en cuenta la extrema crisis habitacional que sufren 500.000 personas, resulta errónea la implementación de desalojos de forma indiscriminada y sin buscar soluciones de fondo al problema de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires.

Los hechos acaecidos el 7 de diciembre de 2010, se encuadran dentro de la emergencia habitacional que padece la Ciudad desde hace ya diez años, dando lugar a que cientos de familias sin hogar se vean en situación de ocupar terrenos de uso público donde vivir.

Las autoridades, tanto porteñas como nacionales, son responsables de dificultar el acceso a la vivienda y no contar con una política habitacional, ya sea por error u omisión. Los datos en la Ciudad de Buenos Aires hablan por sí solos: hasta setiembre de 2010, sólo se había ejecutado el 27% del presupuesto destinado a políticas de vivienda, mientras que el 54% de los asentamientos y el 69% de las villas están en la zona sur de la Ciudad.

Para ver el proyecto completo haga clic aquí

En mi calidad de querellante en la causa por las escuchas ilegales, solicité a la Justicia que se investigue a la empresa Strategic Security Consultancy, firma atribuida a Jorge Palacios y Osvaldo Chamorro.

En la página web de Strategic Security Consultancy consta que la empresa es dirigida por Jorge Palacios. Solicité a la Justicia la ampliación de las indagatorias a Palacios y Chamorro, ya que de las declaraciones anteriores no surge con claridad la vinculación de ambos entre sí, ni en qué circunstancias la firma Strategic Security Consultancy es atribuida a los mismos, ni cuál ha sido el móvil para que mi nombre figure en un listado de consulta a la empresa Nosis, realizado en una computadora perteneciente a Strategic Security

Me llama la atención que dicha empresa compartiera el mismo piso de oficinas donde Osvaldo Chamorro posee su estudio jurídico, así como que compartieran el mismo usuario y clave para acceder al sistema Nosis, toda vez que ambos eran los convocados para ejercer como Jefe y Sub Jefe de la Policía Metropolitana. La situación me sorprende, sobre todo si tenemos en cuenta que el CPU de la computadora en el que estaba la carpeta denominada “Osvaldo”, pertenecía a la firma Strategic Security Consultancy y no al estudio jurídico de Chamorro, cuyo nombre de pila es justamente Osvaldo.

Surge también de la investigación que la gerente de Strategic Security Consultancy es Alicia Beatriz Ares de Palacios. Es por eso que solicité que se la cite a prestar declaración indagatoria para informar acerca de la empresa en la que se desempeña o desempeñó como gerente y se investigue cómo operaba dicha firma, el objetivo de investigar a lxs legisladorxs de la oposición, y la posible conexión con ARPA Organización de Seguridad.

Es indispensable desentrañar cómo funcionaba la empresa de inteligencia montada por esta aparente asociación ilícita, que ha conculcado mi derecho a la intimidad constituyendo una grave ofensa hacia mi persona. Es importante conocer cuál ha sido el objetivo de esta investigación por parte de Palacios y Chamorro y para ello es necesario conocer el accionar de Strategic Security Consultancy, si continúa operando, cuáles son sus actividades y sus vinculaciones con otras empresas.

En resumen, es necesaria toda información que ayude a desentrañar el motivo por el que he sido objeto de investigación por parte de aquellos a los que la ley, específicamente, les impide realizar este tipo de actividades.

Vea aquí mi presentación ante la Justicia