Diana Maffía

El feminismo teórico produjo una corriente crítica muy importante en relación con el derecho, denunciando su androcentrismo y sugiriendo medidas afirmativas para lograr a través de la Justicia algo tan básico como el derecho a la igualdad ante la ley. En Argentina vimos con esperanza que el esperado cambio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación incluyera a Helena Highton y Carmen Argibay, que no sólo mostraron condiciones y antecedentes de excelencia, sino que se comprometieron con sendos programas de alto impacto para lograr la democratización de la Justicia: la Oficina de Violencia Doméstica y la Oficina Mujer.

La Defensoría General y el Ministerio Público Fiscal crearon áreas de género para garantizar derechos, dar seguimiento a la actuación de la Justicia y reducir la impunidad. También la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, a cargo de Marcelo Colombo, profundiza la atención de esta forma específica de violencia y delito que afecta en especial a las mujeres y géneros subalternizados. Esos programas son valiosos e imprescindibles.

Un episodio reciente expuso a la luz pública la investigación sobre la actuación deficiente de un fiscal por la negativa a investigar una causa que involucró a policías acusados de violar y explotar sexualmente a dos niñas de 13 y 15 años. El fiscal sostenía que no había delito y se trataba de “una situación de índole social”.

Romina Pzellinsky, titular del Programa de Género de la Procuraduría General de la Nación, fue denunciada por el fiscal investigado y su intervención fue tildada por algunos medios como “espionaje” y el peritaje de las computadoras como “allanamiento”. El episodio se ha transformado en una polarización de opiniones sobre los modos de trabajo de la procuradora (Alejandra) Gils Carbó, pasando por encima de la articulación de políticas de género (investigación, seguimiento, monitoreo) para corregir muchos de los sesgos judiciales hacia las mujeres. La utilización política de la denuncia y la desmesura del lenguaje significan un retroceso en la valoración de instrumentos imprescindibles para alcanzar la igualdad ante la ley.

Hablemos de los problemas por resolver en una Justicia que debe actuar con debida diligencia e investigar sin prejuicios ni estereotipos los casos de violencia de género, como la naturalización de esa violencia, la presunción de obligatoriedad de tareas domésticas y de cuidado para las mujeres, la utilización del falso síndrome de alienación parental para ignorar la palabra de los niños y niñas abusados, la presunción de que las mujeres consienten su propia esclavitud sexual en la explotación de la prostitución, entre otros. Y fortalezcamos la cooperación con las áreas de género en los distintos poderes del Estado dándoles recursos, capacidades y acceso a los sistemas de control.

* Directora del Observatorio de Género en la Justicia, del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.