Diana Maffía

 SESIÓN SIMBÓLICA

En la tarde de hoy presidí junto con la diputada María José Lubertino, una sesión simbólica en el marco del Día Internacional de la Juventud.

En la sesión simbólica participaron jóvenes de distintas organizaciones sociales y políticas quienes expresaron sus ideas y demandas. Eugenia Pirolo (Partido Humanista) presentó un proyecto de ley de educación en la no violencia activa para escuelas primarias y secundarias, iniciativa que ya cuenta con el apoyo de 500.000 personas. Facundo Capurro Robles (CELS) destacó la vulneración de los derechos de las personas internadas en neuropsiquiátricos y afectadas en su salud mental y propuso un nuevo sistema de atención comunitario para evitar las internaciones. A su turno, Nicolás Papalía (CC) propuso para las próximas elecciones la incorporación de un cupo joven en las listas electorales, de manera que las y los candidatxs menores de 30 años tengan acceso real a cargos electivos.

En nuestro país hay datos que son preocupantes: lxs jóvenes son más vulnerables porque este sector de la población registra mayores niveles de pobreza. Tienen una tasa de desocupación más alta, mayor vulnerabilidad y flexibilidad en el trabajo. Hay más muertes entre las jóvenes por abortos clandestinos y mayores tasas de embarazo adolescente. Estamos en deuda con los y las jóvenes por la falta de reconocimiento a lo que aportan en la construcción social; espero que sus propuestas se vean prontamente reflejadas en la composición de la Legislatura.

MORTALIDAD INFANTIL EN LA CIUDAD

Los números del “Informe de Resultados. Mortalidad infantil 1990/2009” Nº245 de la Dirección de Estadísticas y Censos del Ministerio de Hacienda del GCBA publicado en mayo pasado, nos hablan de un doble standard de ciudadanía. Mientras parte de la población tiene acceso a servicios y recursos que posibilitan el ejercicio pleno de sus derechos, otras y otros habitantes de la ciudad ejercen una ciudadanía incompleta, configurada en parte por indiferencias y ausencias del Estado, justo allí donde más se lo necesita para hacer real el principio de igualdad que funda a la democracia como régimen.

Lo que me interesa hoy es utilizar estos números para reflexionar acerca de los nudos críticos de la política pública en la Ciudad de Buenos Aires. Hay dos programas establecidos por ley que se vinculan con el aumento de la tasa de mortalidad infantil que me preocupan: el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, establecido por la ley 418 y el de Educación Sexual Integral, creado por la Ley 2110.

Estas dos leyes establecen políticas de Estado, de modo que no debiera depender de la voluntad política de la gestión de turno elegir si quiere implementarlos o no. Sien embargo, lo que sabemos del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable es que su dotación de personal consiste en dos profesionales y una administrativa. Además, no cuenta con un móvil propio y una de las principales dificultades operativas que lo afectan refiere a la distribución de insumos entre efectores. En lo referido al programa de Educación Sexual Integral, de acuerdo con la información remitida por el Poder Ejecutivo a raíz de un pedido de informes que impulsé el año pasado, encontramos que no existe plan de implementación en todos los establecimientos, en todos los niveles, en todas las modalidades de gestión. En particular, en inicial, primaria y secundaria se trabaja “a demanda” de los establecimientos, desde la gestión de Daniel Filmus. Entonces, más que una política pública de la ciudad, la Educación Sexual Integral parece ser una preocupación de algunas comunidades educativas o de algunas autoridades de escuelas. Además, no hay suficiente oferta de formación docente. Nuevamente, el problema es que parecen trabajar a demanda ya que son las y los docentes individualmente quienes deben procurarse la formación en educación sexual.

En el día de ayer, con motivo de la visita de la Presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, consultamos por la continuidad del programa “Nuestros derechos, nuestras vidas”, que justamente ha sido una de las pocas intervenciones sistemáticas de la ciudad en materia de educación sexual. La titular del Consejo nos señalaba que la educación sexual es muy resistida y que considera que hay que reemplazarla por “contenidos positivos” como el amor y el cuidado. Yo me pregunto si no es hora de reforzar las estrategias en esta materia, de modo que todas las personas tengan acceso a la información relevante para tomar decisiones sexuales y reproductivas, a través de la Educación Sexual Integral, a fin de asegurarles el bienestar cuando eligen reproducirse, a través del programa de Salud Reproductiva y Procreación Responsable. Parte de ese bienestar es reducir al mínimo el riesgo de muerte de sus hijos e hijas durante el primer año de vida.

En las reiteradas visitas de la Subsecretaria de Promoción Social, Soledad Acuña, al preguntar sobre igualdad de oportunidades se nos dijo que la gestión enfocaba a la relación madre-hijo y a la infancia como primer lugar de equidad. Sin embargo, las estadísticas que hoy nos alarman hablan de la primera infancia como zona de riesgo para muchas y muchos habitantes de esta ciudad. Las muertes reflejadas en la estadística se construyen a través de acciones, omisiones y responsabilidades concretas. Evidentemente, hay chicos que no son prioridad para el gobierno de Mauricio Macri.

Consulte aquí mi declaración en la sesión ordinaria de este jueves sobre el tema.

En el mediodía de hoy, la Presidenta del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Beatriz Orlowski se reunió con diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud.

El objetivo de su presencia era responder preguntas acerca del funcionamiento del organismo responsable de promover y proteger los derechos de la niñez y de articular la política pública en materia de infancia.

A la funcionaria le manifesté mi preocupación porque el Informe Anual 2009, de entrega obligatoria para el organismo, no se realizó en tiempo y forma. También le señalé mi inquietud por la continuidad del Programa “Nuestros derechos, nuestras vidas”, centrado en la promoción de derechos, ya que la funcionaria dio de baja los convenios con las ONG que dictan talleres de capacitación, presuntamente por incumplimientos en los términos de los convenios. Sobre estos dos puntos, pregunté especialmente si se están iniciando los sumarios administrativos correspondientes para determinar las y los responsables de dicho incumplimiento.

Otra de mis intervenciones estuvo relacionada con las limitaciones del Consejo de Derechos para asegurar la protección de los derechos de chicos y chicas de la Ciudad y los vacíos en la política pública en materia de infancia y de derechos sociales en general.

Por último, reiteré mi preocupación por las condiciones laborales de lxs trabajadorxs del Consejo de Derechos, en particular por la desigualdad salarial entre contratadxs y empleadxs de planta permanente, a lo que la funcionaria no logró determinar plazos ni forma en que se haría efectiva la equiparación salarial.

La Legislatura porteña aprobó esta tarde un proyecto de mi autoría para crear un régimen especial de prácticas educativas para la planificación, seguimiento y evaluación de Políticas Públicas de Juventudes.

El Régimen Especial funcionará bajo la órbita del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y tiene por objetivo promover la participación de lxs estudiantes secundarios en la planificación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas destinadas a lxs jóvenes porteñxs y capacitar en el conocimiento de las distintas modalidades de trabajo en la gestión pública.

La participación de lxs estudiantes será por un máximo de 4 meses y de 3 (tres) horas diarias, para la normal continuidad del ciclo lectivo.

Esta es una propuesta que enriquece el proceso de formación pedagógica de nuestros jóvenes y constituye un aporte innovador en la gestión de las políticas públicas de juventudes.

Cliqueé  aquí para conocer el proyecto

MIÉRCOLES 2 DE JUNIO, 18 HS

En mi carácter de Presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud invito a la comunidad a la presentación del Informe Anual de Gestión del Ministerio Público Tutelar “Niñez, Adolescencia y Salud Mental en la Ciudad de Buenos Aires, período 2009”, a cargo de la Asesora General Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires Laura Musa.

La presentación del informe se da al tiempo en que se discute en las comisiones de Políticas de Promoción e Integración Social y Mujer e Infancia el otorgamiento de una prórroga de un año a las instituciones para que se adecúen a la Ley 2881, que estipula las condiciones de funcionamiento y seguridad de dichos establecimientos, que debía entrar en vigencia este mes.

El evento se realizará este miércoles 2 de junio a las 18 hs. en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña, en Planta Baja de Perú 160.