Diana Maffía

Comparto con ustedes esta columna que escribí para Perfil.com y fue publicada el 10 de junio.

Desventuras del feto wi-fi, operado desde un centro confesional

¿Cómo es este presente argentino que discute la ley? Detrás del símbolo del muñeco en las manifestaciones antiaborto hay una política y una idea del embarazo y del amor.

Dibujo de Ro Ferrer. Fuente: diariofemenino.com.ar/v2/index.php/2018/06/08/el-feto-wifi/

Con el debate parlamentario de la ley de interrupción voluntaria del embarazo asistimos a un momento histórico. Especialmente las mujeres lo vivimos así. En parte por el ámbito donde se produce, el Congreso, la institución que expresa la pluralidad de ideas políticas de una sociedad. Pero sobre todo porque estamos discutiendo el aborto, algo que impacta en la vida de todas las mujeres y que casi un siglo atrás fue legislado sin nosotras; y esta vez estamos presentes para que se consideren nuestras razones, nuestros testimonios y nuestras experiencias.

A pesar de desvíos y faltas de pertinencia insistentes, en la audiencia pública quedó claro que lo que se decide no es si las mujeres deben abortar o no (es un desafío unánime bajar el número de abortos) sino en qué condiciones lo harán. Las mujeres abortamos, la cifra es elocuente y el fracaso del camino punitivista también. El movimiento de mujeres, a través del socorrismo, hace años ha tomado en sus manos acompañar a las mujeres a abortar de modo seguro. El que está ausente es el Estado, y sobre eso se debe legislar. El desencuentro entre el Estado y las mujeres es lo que estamos subsanando, y esta legislatura deberá demostrar con su voto si en este encuentro nos considera o no ciudadanas capaces.

La criminalización del aborto no ha resultado eficaz para bajar el número, pero sí ha resultado eficaz para amenazar la vida, la salud y la autonomía de todas, las que parimos y las que abortamos. Porque fuimos objeto de un siglo de leyes insensibles a nuestras experiencias, donde nuestra condición adulta no nos evitó la tutela permanente. Y porque la aplicación de esas leyes también desoyó nuestras demandas sustituyendo la decisión de las mujeres por un conjunto de representantes de poderes patriarcales. En 1921, cuando se redactó el artículo del Código Penal que hoy intentamos cambiar, las mujeres éramos consideradas incapaces, pasábamos del dominio del padre al del marido, no votábamos, no legislábamos, no administrábamos nuestros bienes, no ejercíamos profesiones ni patria potestad sobre nuestros hijos, nuestra palabra no valía y ni siquiera podíamos ser testigos en un juicio. En nuestro sistema normativo no fuimos representadas sino sustituidas, no fuimos protegidas sino tuteladas.

Es una paradoja ética: la dignidad que se ha insistido en otorgar a un embrión, un ser en gestación potencialmente humano, se nos niega desde hace siglos a las mujeres. Se desconoce nuestra condición de sujetos morales, se obstruye nuestra autonomía y se debilita el reconocimiento de nuestra ciudadanía. La exclusión y la invisibilidad de las mujeres y otras personas gestantes en un asunto que nos impacta de un modo en que ninguna ley ni prohibición afecta a los varones tiene su ícono en un feto gigante que tomó el espacio público, en afiches, películas y alusiones donde se presenta a embriones con título universitario y se ignora a quien los porta en su útero como alguien que representa algo más que un recipiente desprovisto de trascendencia, de dignidad y de proyecto de vida propio. Quienes se oponen a la ley obsequiaron a los legisladores y legisladoras pequeños fetos en primorosas cajitas. Allí nos dicen qué somos para ellos las mujeres: NADA.

Como en procesión, vimos exhibir en las marchas antiderechos un gigantesco feto rosado, inviable sin una persona gestante pero orondamente independiente, un feto de nadie, con un cordón umbilical que no lo conecta a ningún cuerpo ni persona humana, un feto wi-fi que no se liga a una vida amorosa que lo anida y lo recibe con alegría (como debería ser desde un punto de vista humanista cualquier nacimiento) sino uno cuyo centro de operaciones son instituciones confesionales y misóginas, religiosas y académicas, que durante siglos han hablado por nosotras.

Nos hablan de prevención, al fin, pero no nos engañemos: los mismos que hoy argumentan en contra del derecho al aborto legal estuvieron en contra del divorcio vincular, de la patria potestad compartida, de la educación sexual, del acceso a la anticoncepción, del matrimonio igualitario, siempre con argumentos tremendistas que fueron desmentidos por la sociedad, porque lo que se obstaculiza y niega es que somos perfectamente capaces de hacer un uso racional de la ley. Esos segmentos de la sociedad que se autoatribuyen y ejercen con un poder de macho cruel una función de tutela sobre nosotras siguen tratándonos como menores de edad perpetuas. Estamos aquí un siglo después y todavía se pretende que debemos demostrar que podemos tomar decisiones autónomas sobre nuestra vida.

En un explícito abuso de poder, la cúpula de la Iglesia católica usó el tedéum oficial nacional y en las provincias para demandar la oposición a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Eso es ofensivo de muchas maneras. Se obliga a los legisladores y gobernantes en una fecha patria a recibir pasivamente las admoniciones extorsivas de una religión que tiene privilegios económicos y políticos, y lo hace en las voces de una institución que por motivos dogmáticos excluye a las mujeres, de modo que nunca deberán poner a prueba en sus cuerpos y decisiones morales sus dogmas sobre aborto. Si tuvieran en los púlpitos la persuasión dogmática buscada, no necesitarían esta insistencia para transformar el pecado en delito. Si sus castigos fueran eficaces, no necesitarían perseguirlo con la fuerza pública. Para un Estado laico, esta interferencia (sumada al privilegio de la financiación pública del culto) es claramente antidemocrática.

Los argumentos filosóficos formulados en contra de este proyecto de ley presentan notorias debilidades lógico-semánticas vinculadas con la comprensión de la vaguedad conceptual, la construcción del significado de los conceptos de clases naturales y la diferencia aristotélico-escolástica entre acto y potencia. No es este el espacio para exponerlas. Pero hay uno de otra índole que aparece en ámbitos culturales diferentes y que es ilustrativo de la difundida ceguera al trasfondo prejuicioso de numerosos opositores a este proyecto. Sin base en investigaciones científicas, sin siquiera apreciar su necesidad, con recurso a la mera intuición individual, se teme que la ley dispare un libertino descontrol sexual con ilimitado crecimiento de la tasa de embarazos, derivado de la incontinencia emocional y la inferioridad intelectual de las mujeres.

Es curioso que se pase por alto que, en las situaciones típicas, el embarazo requiere la participación de varones y que entonces, si acaso se disparase semejante desenfreno, el hecho revelaría en ellos pareja (al menos) torpeza moral e indigencia racional, difícilmente paliadas por hipotético recurso a circunstanciales intervenciones de serpientes diabólicas de incidencia exclusiva en las avanzadas mentes varoniles y cuya permanencia en las sombras servía muy bien al propósito de conservar, irracionalmente, un privilegio de género en la elaboración de las leyes.

El aborto constituye una demanda permanente del movimiento de mujeres desde el retorno de la democracia. En todos los Encuentros Nacionales de Mujeres se ha expresado de modo elocuente. En estas décadas nos hemos ocupado de desarmar muchas falacias, recolectar datos y evidencias genuinas y refinar nuestras razones. Muchas de esas razones han sido expuestas en las audiencias públicas. Los derechos de toda persona en relación con su sexualidad pueden ser reproductivos o no reproductivos, y el Estado debe garantizar ambos tipos de derechos con políticas adecuadas.

Las mujeres somos capaces de gestar, de parir, de amamantar, pero esa capacidad no puede transformarse en una obligación. Tenemos el derecho a una maternidad deseada y no el deber de una maternidad forzada. Un embarazo deseado coincide con la voluntad procreacional, y el Estado está obligado a garantizar el respeto a ese proyecto vital. Un embarazo forzado se da cuando no hay voluntad procreacional, o cuando hay obstáculos que nos dañan, y se evalúa entonces su continuidad o interrupción; y la persona gestante es quien debe decidirlo y debería tener derecho a interrumpirlo respaldada por el Estado.

Recordemos que el Código Civil establece la prioridad de la voluntad procreacional sobre la maternidad o paternidad biológica, pero las objeciones a la interrupción del embarazo pretenden que la mera condición de gestación obligue a la maternidad, aunque sea involuntaria o amenace con un daño o sea expresamente contradictoria con la voluntad de la persona gestante, y esto afecta su libertad y su dignidad. Se nos obliga a una conducta heroica, supererogatoria, y eso no es exigible moralmente. El punto es quién toma la decisión: esta es la cuestión política. Porque involucra relaciones de poder, y porque forma parte de la construcción de ciudadanía.

En este debate se decide si se reconoce el estatus moral de las mujeres para tomar decisiones autónomas sobre sus propias vidas, o si continuamos bajo tutela. La autonomía sobre el propio cuerpo gestante es un derecho inalienable; por ende, la clandestinización, la criminalización y la muerte por abortos inseguros no deberían ser NUNCA MAS una política de Estado. Lo que se discute es si una mujer que aborta debe ir presa o no, y si hacerlo de modo seguro o inseguro debe depender de su estatus económico; por eso se pide aborto legal, seguro y gratuito.

Quienes estamos a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo no intentamos imponer nuestras decisiones a quienes están en contra del aborto. Y nos hemos asegurado de que ninguna mujer sea obligada a abortar, porque su consentimiento debe ser explícito. Pero quienes objetan la ley pretenden imponer sus preferencias morales e impedir que el resto de la sociedad pueda planificar su vida con otras convicciones éticas. La ética es racional y crítica, no dogmática; el dogma es religioso. Quienes sigan un dogma podrán no abortar.

Que la interrupción voluntaria del embarazo se legalice es un hecho político que repara la desigualdad de poder en la apropiación de las decisiones sobre los cuerpos gestantes. Que no se legalice y se perpetúen los abortos clandestinos y riesgosos también es una acción política, esta vez a favor de la apropiación de los cuerpos gestantes como medios para fines que no son propios de su decisión autónoma. Y no considerar a las mujeres un fin en sí mismas es un hecho inmoral que nos obliga a un sometimiento indigno de la condición humana.

Por otra parte, se puede defender el derecho a la vida de las personas nacidas y en etapas gestacionales sin penalizar el aborto. La vida se defiende positivamente y no mediante prohibiciones; es bueno que algunas de las formas estatales de esta defensa positiva se hayan recordado en el debate. Cuando promovimos normas (todavía incumplidas y obstaculizadas) sobre educación sexual y acceso a la anticoncepción, lo hicimos pensando en la autonomía de las mujeres para evitar un embarazo no deseado y una maternidad forzada.

Nosotras defendemos la vida. La legalización disminuye las muertes maternas, y también disminuye el número de abortos. La conclusión es lógica: si quieren salvar las dos vidas, como dicen, aprueben la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

(Fuente www.perfil.com).

Comparto con ustedes las palabras de mi presentación del día 31 de mayo en el Congreso Nacional, en el marco del debate sobre los proyectos de ley de interrupción voluntaria del embarazo y legalización del aborto.

A continuación, el texto completo de mi exposición:

Quiero expresar mi agradecimiento por la oportunidad de expresar mi opinión ciudadana ante diputados y diputadas en este debate histórico, donde esperamos que se salde una deuda democrática: el debate legislativo, en la institución que expresa la pluralidad de ideas políticas de una sociedad. Histórica porque estamos discutiendo el aborto, algo que impacta en la vida de todas las mujeres, y porque esta vez nosotras estamos presentes para que consideren nuestras razones pero también nuestros testimonios y nuestras experiencias.

Hoy concluimos una extraordinaria oportunidad de audiencia pública donde hubo muchos desvíos y faltas de pertinencia, pero quedó claro que lo que se decide no es si las mujeres deben abortar o no, sino en qué condiciones lo harán. Las mujeres abortamos, la cifra es elocuente. Y también el movimiento de mujeres, a través del socorrismo, ha tomado en sus manos acompañar a las mujeres a abortar de modo seguro. El que está ausente es el Estado, y sobre eso se debe legislar. El desencuentro entre el Estado y las mujeres es lo que estamos subsanando, y esta legislatura deberá demostrar con su voto si en este encuentro nos considera o no ciudadanas capaces.
Todos queremos que haya menos abortos, pero hay que buscar el mejor camino para eso, dado que la criminalización no ha resultado eficaz para bajar el número. Pero sí ha resultado eficaz para amenazar la vida, la salud y la autonomía de todas, las que parimos y las que abortamos.

En 1921, cuando se redactó el artículo que hoy intentamos cambiar, las mujeres éramos consideradas incapaces, pasábamos del dominio del padre al del marido, no votábamos, no legislábamos, no administrábamos nuestros bienes, no ejercíamos profesiones, ni patria potestad sobre nuestros hijos, nuestra palabra no valía y ni siquiera podíamos ser testigos en un juicio. En nuestro sistema normativo no fuimos representadas sino sustituídas, no fuimos protegidas sino tuteladas.

Es una paradoja ética: la dignidad que se ha insistido en otorgar a un embrión, un ser en gestación potencialmente humano, se nos niega desde hace siglos a las mujeres. Se desconoce nuestra condición de sujetos morales, se obstruye nuestra autonomía y se debilita el reconocimiento de nuestra ciudadanía. La exclusión y la invisibilidad de las mujeres y otras personas gestantes en un asunto que nos impacta de un modo en que ninguna ley ni prohibición afecta a los varones, tiene su ícono en un feto gigante que tomó el espacio público (y en pequeños fetos en primorosas cajitas obsequiados a los legisladores. Allí nos dicen qué somos para ellos las mujeres: NADA. Un feto de nadie, con un cordón umbilical que no lo conecta a ningún cuerpo ni persona humana, un feto wi fi cuyo centro de operaciones son instituciones confesionales y misóginas, religiosas y académicas, que aquí han hablado por nosotras.

Y no nos engañemos, los mismos que hoy argumentan en contra del derecho al aborto legal, estuvieron en contra del divorcio vincular, de la patria potestad compartida, de la educación sexual, del acceso a la anticoncepción, del matrimonio igualitario, siempre con argumentos tremendistas que fueron desmentidos por la sociedad, porque somos perfectamente capaces de hacer un uso racional de la ley. Esos segmentos de la sociedad que se autoatribuyen y ejercen con un poder de macho cruel una función de tutela sobre nosotras, nos sigue tratando como menores de edad perpetuas. Estamos aquí un siglo después y todavía se pretende que debemos demostrar que podemos tomar decisiones autónomas sobre nuestra vida.

El aborto constituye una demanda permanente del movimiento de mujeres desde el retorno de la democracia. Desde entonces nos hemos ocupado de desarmar muchas falacias, recolectar datos y evidencias genuinas y refinar nuestras razones. Muchos de esas razones han sido expuestas aquí: Los derechos de toda persona en relación a su sexualidad pueden ser reproductivos o no reproductivos, y el Estado debe garantizar ambos tipos de derechos con políticas adecuadas.

Las mujeres somos capaces de gestar, de parir, de amamantar, pero esa capacidad no puede transformarse en una obligación. Tenemos el derecho a una maternidad deseada y no el deber de una maternidad forzada. Un embarazo deseado coincide con la voluntad procreacional, y el Estado está obligado a garantizar el respeto a ese proyecto vital. Un embarazo forzado es cuando no hay voluntad procreacional, o cuando hay obstáculos que nos dañan, y se evalúa entonces su continuidad o interrupción; y la persona gestante es quien debe decidirlo y debería tener derecho a interrumpirlo respaldada por el Estado. Recordemos que el código civil establece la prioridad de la voluntad procreacional sobre la maternidad o paternidad biológica, pero las objeciones a la interrupción del embarazo pretenden que la mera condición de gestación obligue a la maternidad, aunque sea involuntaria o amenace con un daño o sea expresamente contradictoria con la voluntad de la persona gestante, y esto afecta su libertad y su dignidad. Se nos obliga a una conducta heroica, supererogatoria, y eso no es exigible moralmente.

El punto es quién toma la decisión. Esta es la cuestión política porque involucra relaciones de poder, y porque forma parte de la construcción de ciudadanía. En este debate se decide si se reconoce el estatus moral de las mujeres para tomar decisiones autónomas sobre sus propias vidas, o continuamos bajo tutela. La autonomía sobre el propio cuerpo gestante es un derecho inalienable, por ende la clandestinización, la criminalización y la muerte por abortos inseguros no deberían ser NUNCA MÁS una política de estado.

Lo que se discute es si una mujer que aborta debe ir presa o no, y si hacerlo de modo seguro o inseguro debe depender de su estatus económico: aborto legal, seguro y gratuito. Quienes estamos a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo no intentamos imponer nuestras decisiones a quienes están en contra del aborto. Y nos hemos asegurado de que ninguna mujer sea obligada a abortar, porque su consentimiento debe ser explícito. Pero quienes objetan la ley pretenden imponer sus preferencias morales e impedir que el resto de la sociedad pueda planificar su vida con otras convicciones éticas.

Que la interrupción voluntaria del embarazo se legalice es un hecho político que repara la desigualdad de poder en la apropiación de las decisiones sobre los cuerpos gestantes. Que no se legalice y se perpetúen los abortos clandestinos y riesgosos también es una acción política, esta vez a favor de la apropiación de los cuerpos gestantes como medios para fines que no son propios de su decisión autónoma. Y no considerar a las mujeres un fin en sí mismas es un hecho inmoral que nos obliga a un sometimiento indigno de la condición humana.

Por otra parte, se puede defender el derecho a la vida de las personas nacidas y en etapas gestacionales sin penalizar el aborto. La vida se defiende positivamente y no mediante prohibiciones, nosotras defendemos la vida.

La legalización disminuye las muertes maternas, y también disminuye el número de abortos. La conclusión es lógica: si quieren salvar las dos vidas, como dicen, aprueben la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Diana Maffía

Comparto con ustedes un fragmento del artículo sobre el Mayo Francés publicada por Miriam Lewin el pasado 17 de mayo:

Mayo Francés: las mujeres a la calle, pero no al poder

Muchas veces se ha planteado la pregunta sobre el rol de las mujeres en el Mayo Francés. ¿Fue revuelta realmente la cuna del feminismo? No se trató- de una rebelión en la que estuvieran ausentes las estudiantes primero y las obreras después. Hubo incluso reivindicaciones que las involucraban, como el aborto o la libertad sexual. Sin embargo, la historia indica que recién en 1970 se creó en Francia el Movimiento de Liberación de las Mujeres.

¿Se puede decir que por primera vez fueron verdaderamente escuchadas sus voces en las calles del Barrio Latino?

Hacía menos de seis meses que, en Francia, se podía acceder legalmente a la píldora anticonceptiva. El impulsor de la medida, el político Lucien Neuwirth, que fue calificado como «asesino de niños» , logró -depués de explicarle la necesidad de la legalización- que el presidente De Gaulle le diera luz verde y afirmara: «Tiene usted razón. Transmitir vida es importante. Hace falta que sea un acto lúcido».

En 1965 , en el país considerado cuna de los derechos humanos todavía se requería la firma del marido para que una mujer abriera una cuenta de banco, dispusiera de bienes propios y ejerciera una actividad profesional.

El feminismo como tal, ya había nacido mucho antes, en el siglo XIX y en la primera mitad del XX. En este sentido la filósofa Diana Maffia es categórica: El Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir es de 1949, y al año siguiente ya estaba traducido en nuestro país. Muchas mujeres lo leyeron y ya había feministas argentinas (además de las primeras, que yo ubicaría a fin del siglo XIX, sobre todo las anarquistas y socialistas). Y esto sucedió mucho antes del Mayo Francés». Maffia dobla la apuesta :»Si vamos a referirnos a los reclamos por una nueva universidad, la reforma Universitaria de 1918 se adelantó medio siglo a las revueltas universitarias de París y de Tlatetolco».

Solo para la foto

¿Por qué tenemos la idea de que la gesta de París que unió a obreros y estudiantes e hizo tambalear el poder de Charles De Gaulle fue protagonizada por mujeres que impusieron sus demandas?

Para Dora Barrancos, socióloga, el Mayo Francés no significó un ariete fundamental con relación al feminismo. «Se impone sin embargo recordar la masiva participación de muchachas en ese ciclo, una exhibición de mediados de los ’60 con el notable aumento de la participación de las mujeres en la vida universitaria. Basta volver sobre las fotografías del acontecimiento para observar el fenómeno que probablemente reverberó en el surgimiento de nuevas subjetividades femeninas», señala.

En efecto, el imaginario colectivo se construye a través de las imágenes, de modo que las fotos de las mujeres participando en la misma medida y número que sus compañeros en las manifestaciones, incidieron en la idea de que no se trataba de un movimiento de hombres. Pero lo real es que las chicas, las bellas francesas de minifalda y puño en alto, solo actuaron como portaestandartes de sus camaradas.

(…)

La nota completa en https://tn.com.ar/sociedad/mayo-del-68-mujeres-en-las-fotos-pero-sin-poder_866987

Comparto con ustedes esta nota de Mariana Iglesias publicada en el Diario Clarín el pasado 29 de abril, sobre los distintos colectivos que firmaron cartas por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y el aborto legal.

Aborto: una foto y un «colectivo» distinto de mujeres cada día para reclamar por la ley

Luego de las cartas firmadas por actrices y escritoras, se fueron sumando en las redes expresiones desde distintos ámbitos.

La legalización del aborto es un reclamo histórico del movimiento de mujeres. Y ahora, que por primera vez el tema se debate en el Congreso, muchas se están organizando una vez más para que se apruebe lo que consideran un derecho. Pero lo están haciendo de manera inédita: agrupadas por actividades y trabajos ponen sus firmas en una carta dirigida a los diputados pidiendo que voten la ley de interrupción voluntaria del embarazo, se toman una foto todas juntas y luego la comparten en las redes sociales.

Aborto: una foto y un «colectivo» distinto de mujeres cada día para reclamar por la ley.

La iniciativa surgió de las actrices. El martes 10 de abril, en el primer plenario de comisiones que se realiza en el anexo de Diputados, Verónica Llinás, Carla Peterson y Griselda Siciliani subieron al estrado para decir que estaban a favor de la legalización del aborto. Y mostraron la “Carta abierta de actrices argentinas a las diputadas y los diputados de la Nación para pedirles su voto por el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito”. Entonces llevaba 410 firmas. Ahora ya suman el doble.

Esa misma tarde, las trabajadoras de prensa se reunieron frente al Congreso en una acción colectiva en apoyo a la ley y con el lema “Abortar es un derecho. Nuestro compromiso, comunicarlo con responsabilidad”. En la foto se ven 200 periodistas, comunicadoras, reporteras gráficas.

Fotos de colectivos de mujeres, parte de la campaña de apoyo a la ley que están en el Congreso.

En la jornada siguiente subió al estrado Claudia Piñeiro, que mostró una carta similar firmada por 200 escritoras argentinas: “Y va a haber muchas más, porque no se me ocurre ninguna que esté en contra”, dijo. Ahora son 350.

Y siguió con las músicas y las trabajadoras de la industria musical, las camarógrafas y fotógrafas, las cineastas y trabajadoras de medios audiovisuales, las dibujantes, las comediantes, las bailarinas, las investigadoras y universitarias, las locutoras, las arquitectas y diseñadoras, las trabajadoras por los derechos de la niñez y la adolescencia, investigadoras del Conicet, las trabajadoras de la salud mental.

Fotos de colectivos de mujeres, parte de la campaña de apoyo a la ley que están en el Congreso.

“Es muy importante que sea así, en colectivos. No sólo se trata de mandar una firma sino de tener la capacidad de juntarnos, y la lucha por esta ley lo está logrando. Hay mujeres que están invisibilizadas y de esta manera, juntas, en los distintos colectivos, se visibilizan. Nunca vi algo así, es un momento histórico, y el reclamo es urgente”, dice Piñeiro a Clarín.

“Creo que el pedido de a grupos tiene el objetivo de mostrar a la vez la cantidad y la diversidad de apoyos, y romper el prejuicio de quiénes somos las mujeres que abortamos y en qué condiciones. Me parece una campaña muy lograda”, opina Diana Maffía, doctora en filosofía y directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Ella sumó su firma al documento de mujeres académicas.

“Está muy bien tener diversos apoyos en esta campaña, pero quienes hemos sido desconocidas en nuestra capacidad política y moral para tomar decisiones sobre nuestro cuerpo somos las mujeres, por nuestra condición de mujeres -sostiene Maffia-. Me parece bien que la campaña haga visible que lo decidimos desde muchos proyectos de vida que hemos elegido, algunos compatibles y otros no con la maternidad, y en todo caso cuando y con quién cada cual quiera”.

“Estos colectivos por afinidad laboral, por profesión, muestran que hay una enorme cantidad de expresiones que están apoyando este notable derecho. La construcción de colectivos ya estaba, lo novedoso es que la acción colectiva es enorme. Es una extraordinaria manifestación por este derecho que es atinente a la condición femenina”, asegura Dora Barrancos, historiadora, socióloga, investigadora del Conicet.

Sara Facio y otras 402 fotógrafas y camarógrafas ya firmaron la Carta Abierta a diputadas y diputados para que voten la legalización del aborto. #AbortoLegalYa (MU)

“Y en las generaciones jóvenes, dirán en las menores de 25 años, la voluntad identificatoria de sí mismas se da de manera colectiva. Ya no sienten que tengan que cumplir con este mandato subalterno y de reproducción. Se han corrido del comportamiento moralista del pasado. Para ellas el derecho a la sexualidad es fundamental, y no quieren que se lo retaceen”, agrega Barrancos.

Fotos de colectivos de mujeres, parte de la campaña de apoyo a la ley que están en el Congreso.

Fotos de colectivos de mujeres, parte de la campaña de apoyo a la ley que están en el Congreso.

“Que este reclamo sea de mujeres es crucial porque es una lucha histórica de las mujeres. La responsabilidad de la reproducción y la maternidad siempre ha estado en las mujeres. Que los varones acompañen, pero esta escena la ocupamos las mujeres, porque estamos reclamando un derecho que se nos ha negado históricamente-explica Eleonor Faur, doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)-. Y hay una suerte de legitimación que viene de la profesionalización en que el reclamo sea así. Son grupos de mujeres legitimadas por sus estudios, por sus profesiones, por los lugares públicos que ocupan. Son voces muy fuertes. Ojalá puedan escucharse las voces de todas las mujeres”.

En los próximos días firmarán sus cartas las psicólogas y psicoanalistas y las emprendedoras autogestivas.

Como contrapartida, la semana pasada se viralizó un video de famosos que se oponen a la aprobación de la ley. Bajo el lema «Cuidemos las dos vidas», se sumaron Maru Botana, Amalia Granata y Susana Romero. El resto de los 12 personajes que participaron (jugadores de rugby, músicos, periodistas) fueron hombre; entre ellos, Gastón Recondo, César «Banana» Pueyrredón y los hermanos Felipe y Manu Contepomi.

Comparto con ustedes esta información sobre el Encuentro Ciudades Aliadas en el orgullo LGTBI en el que participaré durante esta semana.

Por primera vez en Buenos Aires se llevará a cabo el Encuentro Ciudades Aliadas en el orgullo LGTBI, organizado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Legislatura porteña.

Se realizará por primera vez en Buenos Aires, desde este miércoles al sábado, el Encuentro Ciudades Aliadas en el orgullo LGTBI, organizado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la Legislatura porteña, en el Centro Metropolitano de Diseño, ubicado en Algarrobo1041.

El objetivo del encuentro es intercambiar ideas, proyectos y crear un banco de buenas prácticas entre ciudades iberoamericanas pioneras en la generación de conciencia internacional sobre los desafíos del colectivo LGTBI y su importancia en el abordaje transversal a través de leyes de protección y normativas. Durante estos 4 días se intercambiarán experiencias y agendas, pero también se pensarán metas en común y el compromiso de cumplirlas.

Personalidades políticas vinculadas al colectivo LGTBI, funcionarios y miembros de distintos poderes del Estado de las ciudades de Madrid (España), Montevideo (Uruguay), México DF (México), Bogotá (Colombia), La Paz (Bolivia) y Asunción (Paraguay), y por supuesto de la Ciudad de Buenos Aires, expondrán y debatirán en este Encuentro, dónde se trabajará en mesas de debates y conversatorios. También habrá exposiciones de invitados especiales que representan a instituciones y miembros de la sociedad civil que abordarán diversos temas para luego abrir a un espacio de preguntas y respuestas.

La apertura del encuentro tendrá lugar el miércoles a las 15:30 hs con la presentación local a cargo del legislador Maximiliano Ferraro, vicepresidente primero del Bloque Vamos Juntos; y en esta ocasión responsable del evento por la ciudad de Buenos Aires.

Por la UCCI la presentación estará a cargo de Berta Cao, comisionada para el ORGULLO de Madrid (Coordinación General del Ayuntamiento de Madrid). En la apertura también se presentará el Programa Integral de Cooperación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), a cargo de Francisco Mugaburu, Director General de Relaciones Internacionales y Cooperación (Subsecretaria de Relaciones Internacionales e Institucionales, Secretaría General y Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). También participará de la apertura el activista y asesor legislativo en la materia Gustavo Pecoraro, Coordinador General del Encuentro.

Los participantes internacionales del Encuentro son: Andrés Scagliola, Coordinador Ejecutivo de la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo (Uruguay), Berta María Cao Menéndez, Comisionada para el ORGULLO de Madrid. Coordinación General del Ayuntamiento de Madrid (España), LolKin Castañeda Badillo, Constituyente de la ciudad de México (México), Juan Carlos Prieto García, director de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) de la ciudad de Bogotá (Colombia), María Cecilia Chacón Rendón, Concejal de la ciudad de La Paz (Bolivia), Simón Cazal, Director Ejecutivo, SomosGay ,de la ciudad de Asunción (Paraguay).

Por la ciudad de Buenos Aires estarán presentes: Pamela Malewicz, subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno; David Cohen, director General de Convivencia en la Diversidad; Matías López, secretario de Desarrollo Ciudadano- Vicejefatura de Gobierno; Daniel Lipovetzky, diputado nacional (PRO), presidente de la Comisión de Legislación General del Congreso de la Nación; Sergio Maulen, director de la Dirección Nacional de SIDA; María Rachid, directora del Instituto contra la Discriminación; Esteban Paulón, subsecretario de Diversidad de la provincia de Santa Fe; Lisa Kerner, gestora Cultural, representante del centro social y cultural casa Brandon; Marcela Romero, activista trans, fundadora de la Casa Trans; Leandro Cahn, director de la Fundación Huésped; y Diana Maffia, directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, entre otros.

En la primera jornada de charlas se presentará un diagnóstico y análisis de cada una de las ciudades convocadas para conocer los desafíos cotidianos del colectivo LGTBIQ. Durante la segunda jornada, junto a los representantes de los sectores políticos y de gobierno, se intercambiarán experiencias, metas y desafíos. Se verán qué instancias ejecutivas son necesarias para el relevamiento de los procesos en la construcción de las políticas públicas en relación a discriminación, avances legales, VIH-Sida, panorama federal, construcción de políticas de cara al futuro. Se expondrán casos actuales.

En el conversatorio con sectores de la sociedad civil y sus referentes se abordarán temas en relación a la gestión cultural LGTBI, acceso a la educación del colectivo Trans; salud sexual y reproductiva; VIH-Sida; formación educativa; discriminación y crímenes de odio como travesticidio de Diana Sacayán.

El tercer día todo el grupo visitará la estación Santa Fe-Carlos Jáuregui en la línea H de Subte luego recorrerán la Plaza Carlos Jáuregui, ubicada en Cochabamba y Av. Entre Ríos, y finalmente se trasladarán hacia la casa de Jáuregui ubicada en Paraná 157, allí se reunirán con los referentes locales históricos del colectivo LGTBI y convocantes de la primera marcha del orgullo en el año 1992.

En la cuarta y última jornada de trabajo para finalizar el encuentro se aprobará un documento con las conclusiones y metas.

Fuente: https://www.adnciudad.com/index.php/2713-ciudades-aliadas-en-el-orgullo-lgtbi