Diana Maffía

18 hs – PLAZA DE LOS DOS CONGRESOS

Esta tarde participaré de la marcha organizada por la Federación Argentina LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans) para apoyar el cambio en la Ley de Matrimonio.

Estaré allí para que:

– El matrimonio entre personas del mismo sexo tenga sanción definitiva.

– Esta restricción normativa no sirva de excusa para encubrir posiciones homo, lesbo y transfóbicas.

– Promover la plena vigencia y el ejercicio universal de los derechos para todas las personas, sin distinciones basadas en sexo, género, orientación sexual e identidad de género.

– Las demandas del movimiento GLTTB no sean usadas en beneficio de ningún partidismo sino reconocidas como fruto de su larga lucha.

¡Acompañanos a DECIRLE SÍ al matrimonio para parejas del mismo sexo!

MORTALIDAD INFANTIL EN LA CIUDAD

Los números del “Informe de Resultados. Mortalidad infantil 1990/2009” Nº245 de la Dirección de Estadísticas y Censos del Ministerio de Hacienda del GCBA publicado en mayo pasado, nos hablan de un doble standard de ciudadanía. Mientras parte de la población tiene acceso a servicios y recursos que posibilitan el ejercicio pleno de sus derechos, otras y otros habitantes de la ciudad ejercen una ciudadanía incompleta, configurada en parte por indiferencias y ausencias del Estado, justo allí donde más se lo necesita para hacer real el principio de igualdad que funda a la democracia como régimen.

Lo que me interesa hoy es utilizar estos números para reflexionar acerca de los nudos críticos de la política pública en la Ciudad de Buenos Aires. Hay dos programas establecidos por ley que se vinculan con el aumento de la tasa de mortalidad infantil que me preocupan: el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, establecido por la ley 418 y el de Educación Sexual Integral, creado por la Ley 2110.

Estas dos leyes establecen políticas de Estado, de modo que no debiera depender de la voluntad política de la gestión de turno elegir si quiere implementarlos o no. Sien embargo, lo que sabemos del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable es que su dotación de personal consiste en dos profesionales y una administrativa. Además, no cuenta con un móvil propio y una de las principales dificultades operativas que lo afectan refiere a la distribución de insumos entre efectores. En lo referido al programa de Educación Sexual Integral, de acuerdo con la información remitida por el Poder Ejecutivo a raíz de un pedido de informes que impulsé el año pasado, encontramos que no existe plan de implementación en todos los establecimientos, en todos los niveles, en todas las modalidades de gestión. En particular, en inicial, primaria y secundaria se trabaja “a demanda” de los establecimientos, desde la gestión de Daniel Filmus. Entonces, más que una política pública de la ciudad, la Educación Sexual Integral parece ser una preocupación de algunas comunidades educativas o de algunas autoridades de escuelas. Además, no hay suficiente oferta de formación docente. Nuevamente, el problema es que parecen trabajar a demanda ya que son las y los docentes individualmente quienes deben procurarse la formación en educación sexual.

En el día de ayer, con motivo de la visita de la Presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, consultamos por la continuidad del programa “Nuestros derechos, nuestras vidas”, que justamente ha sido una de las pocas intervenciones sistemáticas de la ciudad en materia de educación sexual. La titular del Consejo nos señalaba que la educación sexual es muy resistida y que considera que hay que reemplazarla por “contenidos positivos” como el amor y el cuidado. Yo me pregunto si no es hora de reforzar las estrategias en esta materia, de modo que todas las personas tengan acceso a la información relevante para tomar decisiones sexuales y reproductivas, a través de la Educación Sexual Integral, a fin de asegurarles el bienestar cuando eligen reproducirse, a través del programa de Salud Reproductiva y Procreación Responsable. Parte de ese bienestar es reducir al mínimo el riesgo de muerte de sus hijos e hijas durante el primer año de vida.

En las reiteradas visitas de la Subsecretaria de Promoción Social, Soledad Acuña, al preguntar sobre igualdad de oportunidades se nos dijo que la gestión enfocaba a la relación madre-hijo y a la infancia como primer lugar de equidad. Sin embargo, las estadísticas que hoy nos alarman hablan de la primera infancia como zona de riesgo para muchas y muchos habitantes de esta ciudad. Las muertes reflejadas en la estadística se construyen a través de acciones, omisiones y responsabilidades concretas. Evidentemente, hay chicos que no son prioridad para el gobierno de Mauricio Macri.

Consulte aquí mi declaración en la sesión ordinaria de este jueves sobre el tema.

En el mediodía de hoy, la Presidenta del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Beatriz Orlowski se reunió con diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud.

El objetivo de su presencia era responder preguntas acerca del funcionamiento del organismo responsable de promover y proteger los derechos de la niñez y de articular la política pública en materia de infancia.

A la funcionaria le manifesté mi preocupación porque el Informe Anual 2009, de entrega obligatoria para el organismo, no se realizó en tiempo y forma. También le señalé mi inquietud por la continuidad del Programa “Nuestros derechos, nuestras vidas”, centrado en la promoción de derechos, ya que la funcionaria dio de baja los convenios con las ONG que dictan talleres de capacitación, presuntamente por incumplimientos en los términos de los convenios. Sobre estos dos puntos, pregunté especialmente si se están iniciando los sumarios administrativos correspondientes para determinar las y los responsables de dicho incumplimiento.

Otra de mis intervenciones estuvo relacionada con las limitaciones del Consejo de Derechos para asegurar la protección de los derechos de chicos y chicas de la Ciudad y los vacíos en la política pública en materia de infancia y de derechos sociales en general.

Por último, reiteré mi preocupación por las condiciones laborales de lxs trabajadorxs del Consejo de Derechos, en particular por la desigualdad salarial entre contratadxs y empleadxs de planta permanente, a lo que la funcionaria no logró determinar plazos ni forma en que se haría efectiva la equiparación salarial.

Desde la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud invitamos a la ciudadanía a la próxima reunión de Diputadas/os integrantes de la Comisión a realizarse el día 23 de junio.

En esa oportunidad contaremos con la presencia de la Lic. Beatriz Orlowski, Presidenta del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. Este organismo – incluido en la Constitución de la ciudad y creado por la ley 114 – es responsable de promover y proteger los derechos los chicos y chicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de articular la política pública en materia de infancia.

La reunión se realizará a partir de las 12.30 hs. en el Salón Jauretche de la Legislatura de la CABA, Perú 160, Planta Baja. La reunión es abierta y no se requiere inscripción previa.

Consulte el listado de preguntas que se le formularán aquí

Por una iniciativa de mi autoría, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó anoche instituir el Premio Raquel Liberman a organizaciones y/o personas que lleven adelante un proyecto que promueva y proteja los derechos de las mujeres sobrevivientes de situaciones de violencia o promueva la discusión social sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito de la Ciudad. 
 
El estímulo, cuya primera edición será durante este año, consistirá en un diploma y una retribución monetaria equivalente a un sueldo mensual bruto de un/a diputado/a de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se otorgará cada dos años. La autoridad de aplicación es la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
El objetivo de esta ley es visibilizar la violencia contra las mujeres como una crisis de derechos humanos y fortalecer los proyectos y actividades de quienes contienen a las mujeres que requieren ayuda e impulsan transformaciones sociales que son urgentes, así como a reafirmar las responsabilidades estatales en esta materia.

El nombre del premio constituye un homenaje a Ruchla Laja (Raquel) Liberman, inmigrante polaca que en 1923 desembarca en Buenos Aires y en 1929, denuncia a una organización de tratantes que incluía a la Policía, la Dirección de Migraciones, la de Sanidad y hasta a la institución judicial. Después de su denuncia, 108 de los más de 400 proxenetas registrados en aquella sociedad que se declaraba de socorros mutuos fueron detenidos y procesados.
 
Para conocer el texto de la iniciativa ingrese aquí