Diana Maffía

MORTALIDAD INFANTIL EN LA CIUDAD

Los números del “Informe de Resultados. Mortalidad infantil 1990/2009” Nº245 de la Dirección de Estadísticas y Censos del Ministerio de Hacienda del GCBA publicado en mayo pasado, nos hablan de un doble standard de ciudadanía. Mientras parte de la población tiene acceso a servicios y recursos que posibilitan el ejercicio pleno de sus derechos, otras y otros habitantes de la ciudad ejercen una ciudadanía incompleta, configurada en parte por indiferencias y ausencias del Estado, justo allí donde más se lo necesita para hacer real el principio de igualdad que funda a la democracia como régimen.

Lo que me interesa hoy es utilizar estos números para reflexionar acerca de los nudos críticos de la política pública en la Ciudad de Buenos Aires. Hay dos programas establecidos por ley que se vinculan con el aumento de la tasa de mortalidad infantil que me preocupan: el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, establecido por la ley 418 y el de Educación Sexual Integral, creado por la Ley 2110.

Estas dos leyes establecen políticas de Estado, de modo que no debiera depender de la voluntad política de la gestión de turno elegir si quiere implementarlos o no. Sien embargo, lo que sabemos del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable es que su dotación de personal consiste en dos profesionales y una administrativa. Además, no cuenta con un móvil propio y una de las principales dificultades operativas que lo afectan refiere a la distribución de insumos entre efectores. En lo referido al programa de Educación Sexual Integral, de acuerdo con la información remitida por el Poder Ejecutivo a raíz de un pedido de informes que impulsé el año pasado, encontramos que no existe plan de implementación en todos los establecimientos, en todos los niveles, en todas las modalidades de gestión. En particular, en inicial, primaria y secundaria se trabaja “a demanda” de los establecimientos, desde la gestión de Daniel Filmus. Entonces, más que una política pública de la ciudad, la Educación Sexual Integral parece ser una preocupación de algunas comunidades educativas o de algunas autoridades de escuelas. Además, no hay suficiente oferta de formación docente. Nuevamente, el problema es que parecen trabajar a demanda ya que son las y los docentes individualmente quienes deben procurarse la formación en educación sexual.

En el día de ayer, con motivo de la visita de la Presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, consultamos por la continuidad del programa “Nuestros derechos, nuestras vidas”, que justamente ha sido una de las pocas intervenciones sistemáticas de la ciudad en materia de educación sexual. La titular del Consejo nos señalaba que la educación sexual es muy resistida y que considera que hay que reemplazarla por “contenidos positivos” como el amor y el cuidado. Yo me pregunto si no es hora de reforzar las estrategias en esta materia, de modo que todas las personas tengan acceso a la información relevante para tomar decisiones sexuales y reproductivas, a través de la Educación Sexual Integral, a fin de asegurarles el bienestar cuando eligen reproducirse, a través del programa de Salud Reproductiva y Procreación Responsable. Parte de ese bienestar es reducir al mínimo el riesgo de muerte de sus hijos e hijas durante el primer año de vida.

En las reiteradas visitas de la Subsecretaria de Promoción Social, Soledad Acuña, al preguntar sobre igualdad de oportunidades se nos dijo que la gestión enfocaba a la relación madre-hijo y a la infancia como primer lugar de equidad. Sin embargo, las estadísticas que hoy nos alarman hablan de la primera infancia como zona de riesgo para muchas y muchos habitantes de esta ciudad. Las muertes reflejadas en la estadística se construyen a través de acciones, omisiones y responsabilidades concretas. Evidentemente, hay chicos que no son prioridad para el gobierno de Mauricio Macri.

Consulte aquí mi declaración en la sesión ordinaria de este jueves sobre el tema.

Por una iniciativa de mi autoría, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó anoche instituir el Premio Raquel Liberman a organizaciones y/o personas que lleven adelante un proyecto que promueva y proteja los derechos de las mujeres sobrevivientes de situaciones de violencia o promueva la discusión social sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito de la Ciudad. 
 
El estímulo, cuya primera edición será durante este año, consistirá en un diploma y una retribución monetaria equivalente a un sueldo mensual bruto de un/a diputado/a de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se otorgará cada dos años. La autoridad de aplicación es la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
El objetivo de esta ley es visibilizar la violencia contra las mujeres como una crisis de derechos humanos y fortalecer los proyectos y actividades de quienes contienen a las mujeres que requieren ayuda e impulsan transformaciones sociales que son urgentes, así como a reafirmar las responsabilidades estatales en esta materia.

El nombre del premio constituye un homenaje a Ruchla Laja (Raquel) Liberman, inmigrante polaca que en 1923 desembarca en Buenos Aires y en 1929, denuncia a una organización de tratantes que incluía a la Policía, la Dirección de Migraciones, la de Sanidad y hasta a la institución judicial. Después de su denuncia, 108 de los más de 400 proxenetas registrados en aquella sociedad que se declaraba de socorros mutuos fueron detenidos y procesados.
 
Para conocer el texto de la iniciativa ingrese aquí

Ponencia presentada en el día de hoy en el Encuentro Internacional sobre Violencia de Género, organizado por el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina (10 y 11 de junio de 2010 – Facultad de Derecho – UBA).

Quisiera comenzar esta ponencia con una anécdota. A comienzos del año pasado hubo un breve conflicto en la Cámara de Diputados de la Nación. Mientras hablaba la diputada Patricia Bullrich se escuchó: “¡Callate atorranta, no vuelvas a meterte con Córdoba porque te vamos a hacer cagar!”. Fue la frase del oficialista-compañero-diputado Montoya (mezcla de Montoto y Magoya, fue mi regla mnemotécnica para recordar al ignoto diputado) que se hizo notar de la peor manera, acercándose a amenazar en voz baja a la diputada en medio de la sesión por el adelantamiento de las elecciones nacionales.

En su inmediata defensa reaccionó la diputada Fernanda Gil Lozano, denunciando el insulto y la amenaza, y pidiendo que la frase se repitiera en el micrófono. El agresor, prepotente en privado y cauteloso en público, aclaró que “sólo le había dicho atorranta a la diputada”. Una semana antes se había votado, en ese mismo recinto, la “Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales”. Entre esos ámbitos se encuentra, es de esperar, la propia Cámara de Diputados de la Nación. La ley (cuya reglamentación todavía no se ha publicado) contempla entre las formas de violencia sancionables la violencia simbólica.

El lenguaje puede resultar violento y discriminatorio de muchas maneras, unas obvias (como el insulto) y otras menos obvias (como el genérico masculino que nos deja fuera del lenguaje). Pero todas merecen una reflexión feminista para ejercer un efecto político sobre el lenguaje. Una política feminista sobre el lenguaje es la que incide en las relaciones de poder, la que explicita nuestra presencia en el discurso en primera persona, la que revela las trampas del lenguaje que nos enajenan de la igualdad y la justicia al transformar la igualdad en identidad y la diferencia en desigualdad.

…Continuar leyendo

ACCESO LIBRE Y GRATUITO – FACULTAD DE DERECHO DE LA UBA

Los días 10 y 11 de junio próximos se llevará a cabo el Encuentro Internacional sobre Violencia de Género, donde se abordará la problemática de la violencia contra las mujeres en sus múltiples manifestaciones, con la exposición de destacadas expertas de nuestro país y del exterior, procedentes de Estados Unidos, Canadá, España, Inglaterra, Italia, Venezuela y Costa Rica.

Mi participación será el primer día a las 11,30 hs. en el panel “Discriminación, género y violencia” con la ponencia Violencia y lenguaje: de la palabra del amo a la toma de la palabra.

El objetivo del Encuentro es sensibilizar y capacitar en términos de género a quienes trabajan en la atención de mujeres víctimas de violencia; conocer la experiencia de otros países para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres; crear espacios de articulación y promoción de iniciativas vinculadas a combatir la violencia de género; y difundir públicamente los conceptos vinculados a la violencia de género y la necesidad de su erradicación.  

La organización del evento está a cargo del Ministerio Público de la Defensa de la Nación.

Consulte el programa aquí. O puede comunicarse a la siguiente dirección de correo electrónico: encuentrogenero@mpd.gov.ar o bien a la Secretaría General de Política Institucional, área de Fortalecimiento Institucional al TEL: 4814-8464/86.

MIÉRCOLES 2 DE JUNIO, 18 HS

En mi carácter de Presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud invito a la comunidad a la presentación del Informe Anual de Gestión del Ministerio Público Tutelar “Niñez, Adolescencia y Salud Mental en la Ciudad de Buenos Aires, período 2009”, a cargo de la Asesora General Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires Laura Musa.

La presentación del informe se da al tiempo en que se discute en las comisiones de Políticas de Promoción e Integración Social y Mujer e Infancia el otorgamiento de una prórroga de un año a las instituciones para que se adecúen a la Ley 2881, que estipula las condiciones de funcionamiento y seguridad de dichos establecimientos, que debía entrar en vigencia este mes.

El evento se realizará este miércoles 2 de junio a las 18 hs. en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña, en Planta Baja de Perú 160.