Diana Maffía

Ayer participé de la primera audiencia para despenalizar el aborto, organizada por la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, con el objetivo de aportar opiniones expertas para el tratamiento de proyectos de ley sobre la cuestión.

Es un hecho sin precedentes que el Congreso de la Nación inicie formalmente la discusión de este tema ya que, en los últimos años, varias iniciativas perdieron estado parlamentario sin que ni siquiera se discutieran en comisiones. Esta vez, la audiencia es el inicio de una serie de reuniones previas para el tratamiento de los proyectos y en esta oportunidad, la expositora invitada fue Marianne Mollman, de Human Right Watch,

Mollman señaló que “la clandestinidad no evita la realización de abortos, sino que la hace una práctica peligrosa”. Esta afirmación explicita que las posturas en defensa de la vida no se logran mediante la prohibición del aborto que, además, se lleva la vida de las mujeres. La defensa de la vida debe ser positiva e incluir políticas de educación sexual, acceso a la anticoncepción, igualdad de oportunidades y acciones contra la violencia de género. Un Estado ausente en el sostenimiento de estos pilares conduce a embarazos no deseados que pueden terminar en abortos.

Otra de las intervenciones de Mollman señaló que “ninguna mujer se embaraza para abortar”. Por ello, hay que derrotar los prejuicios en torno a los motivos por los que las mujeres abortan y revelar las verdaderas razones por las que la corporación medica se opone al aborto. Fuera de los alegatos por cuestiones morales o religiosas, hay un hecho contundente: los recursos económicos que generan los abortos clandestinos. Según datos recientes, el Estado Nacional cuenta con un presupuesto anual de 35 millones de pesos para políticas públicas en salud reproductiva, mientras que el aborto ilegal mueve 4 millones de pesos por día, de acuerdo a los cálculos realizados por organizaciones de la sociedad civil.

En mi calidad de querellante en la causa por las escuchas ilegales, solicité a la Justicia que se investigue a la empresa Strategic Security Consultancy, firma atribuida a Jorge Palacios y Osvaldo Chamorro.

En la página web de Strategic Security Consultancy consta que la empresa es dirigida por Jorge Palacios. Solicité a la Justicia la ampliación de las indagatorias a Palacios y Chamorro, ya que de las declaraciones anteriores no surge con claridad la vinculación de ambos entre sí, ni en qué circunstancias la firma Strategic Security Consultancy es atribuida a los mismos, ni cuál ha sido el móvil para que mi nombre figure en un listado de consulta a la empresa Nosis, realizado en una computadora perteneciente a Strategic Security

Me llama la atención que dicha empresa compartiera el mismo piso de oficinas donde Osvaldo Chamorro posee su estudio jurídico, así como que compartieran el mismo usuario y clave para acceder al sistema Nosis, toda vez que ambos eran los convocados para ejercer como Jefe y Sub Jefe de la Policía Metropolitana. La situación me sorprende, sobre todo si tenemos en cuenta que el CPU de la computadora en el que estaba la carpeta denominada “Osvaldo”, pertenecía a la firma Strategic Security Consultancy y no al estudio jurídico de Chamorro, cuyo nombre de pila es justamente Osvaldo.

Surge también de la investigación que la gerente de Strategic Security Consultancy es Alicia Beatriz Ares de Palacios. Es por eso que solicité que se la cite a prestar declaración indagatoria para informar acerca de la empresa en la que se desempeña o desempeñó como gerente y se investigue cómo operaba dicha firma, el objetivo de investigar a lxs legisladorxs de la oposición, y la posible conexión con ARPA Organización de Seguridad.

Es indispensable desentrañar cómo funcionaba la empresa de inteligencia montada por esta aparente asociación ilícita, que ha conculcado mi derecho a la intimidad constituyendo una grave ofensa hacia mi persona. Es importante conocer cuál ha sido el objetivo de esta investigación por parte de Palacios y Chamorro y para ello es necesario conocer el accionar de Strategic Security Consultancy, si continúa operando, cuáles son sus actividades y sus vinculaciones con otras empresas.

En resumen, es necesaria toda información que ayude a desentrañar el motivo por el que he sido objeto de investigación por parte de aquellos a los que la ley, específicamente, les impide realizar este tipo de actividades.

Vea aquí mi presentación ante la Justicia

Hoy presenté un proyecto de ley para declarar Ciudadana Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carmen Argibay.

Carmen Argibay nació en la Ciudad de Buenos Aires y realizó sus primeros pasos en la Justicia mientras cursaba su carrera de abogacía. Desempeñándose siempre en el ámbito del Derecho Penal, fue ascendida en 1973 al cargo de Camarista en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, convirtiéndose así en la primera mujer en ese cargo.

Producido el golpe militar, fue detenida el 24 de marzo de 1976 y puesta a disposición del PEN. En diciembre del mismo año fue liberada, regresando al ejercicio privado de la abogacía y separada de su cargo, decisión confirmada por la Suprema Corte de la dictadura.

En junio de 2001 fue nombrada por las Naciones Unidas como jueza para el Tribunal Criminal Internacional que juzgó crímenes de guerra en la ex-Yugoslavia. También participó como jueza en el Tribunal de Tokyo de diciembre de 2000, convocado para juzgar a los militares japoneses por los abusos sexuales cometidos contra las mujeres (confort women) durante la Segunda Guerra Mundial. En estos tribunales, se ocupó especialmente de visibilizar las violaciones a las mujeres en los conflictos armados como un delito contra las mujeres o de lesa humanidad, más que un maltrato a prisionerxs de guerra.

Argibay fue designada Ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en febrero de 2005, 29 años después que la misma Corte confirmara su baja de la Cámara con motivo de su detención por el gobierno militar.

No sólo son sólidos sus antecedentes en el plano académico y judicial, sino que Argibay se ha convertido en una figura relevante en la defensa de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres, siendo un referente de las organizaciones de la sociedad civil. Fue miembro fundadora de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces (IAWJ) y, en nuestro país, ha sido fundadora y la primera presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA).

Miles de mujeres de diferentes edades, religiones, clases sociales, opciones sexuales nos sentimos representadas por la Dra. Argibay. Nos representa en la defensa de nuestros derechos contra la violencia institucional y doméstica, a todas aquellas que anhelamos y defendemos una vida digna, que exigimos que se cumpla estrictamente con la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales y que queremos avanzar por una sociedad más humana, más solidaria, más justa. Por eso espero que la Legislatura apruebe este proyecto.

En la semana de lucha contra la Patologización de la Transexualidad, se realizó el pasado viernes 22 de octubre en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña la presentación del libro «Un Cuerpo: Mil Sexos (Intersexualidades) de Editorial Topía. El evento fue organizado por la Presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud Dra. Diana Maffía.

En la presentación, Jorge Horacio Raíces Montero (compilador) expresó que “entre los y las autoras se dio un interesante trabajo de debate hasta para discutir el título del libro y fue un placer compartirlo con gente tan interesante. Espero que sea otra gotita en el mar, para que podamos seguir discutiendo desde distintas áreas, el tema de la sexualidad”.

Para Diana Maffía, una de las especialistas que aportan al texto, “el libro fue una iniciativa muy valiosa por el tema que aborda: la intersexualidad. ¿Por qué? Porque hay en el tratamiento una terapéutica del secreto: es un tratamiento profundamente invasivo y silencioso, que interviene quirúrgicamente, para poder darle tranquilidad a la mirada de un tercero. Si vamos a hacer esto con la sexualidad, poner aduanas de identidad de género donde a veces las profesiones como la psquiatría y la medicina operan de patrullas de estas fronteras, estamos cometiendo un acto de injusticia y de falta de igualdad y está muy lejos del respeto por los derechos humanos”.

Y finalizó:”Creo imprescindible que lxs intersexuales se sumen al debate legislativo y tengan voz propia, para comenzar a escribir políticas públicas inclusivas con una mirada de derechos humanos”.

Por el nombre propio

En la misma semana, la presidenta de la Cooperativa “ Nadia Echaizú” y asesora legislativa en el área de Derechos Humanos de la diputada Maffía, Lohana Berkins, pidió a la Justicia que ordene al Registro de Estado Civil la modificación del nombre y apellido que figura en su documento de identidad.

Lohana posee una identidad de género que no se corresponde con su sexo, e hizo de ello su filosofía de vida y la bandera de su militancia política y social. Es una de las más importantes activistas sociales en el campo de la diversidad sexual y la identidad de género. Fue candidata a diputada nacional en el año 2001 con su nombre de elección y aceptada en las listas electorales oficializadas por la Justicia Electoral en oportunidad de la renovación de cargos del Congreso de la Nación Argentina.

Actualmente preside la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti. Ha sido asesora del ex legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Patricio Echegaray, convirtiéndose así en la primera travesti con un trabajo estatal.  

El trámite de la demanda se realiza en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil Nº 102 a cargo de la Dra. Martha Gomez Alsina.

Foto: Pablo Piovano

Recientemente se hizo una marcha contra la trata de mujeres, desde Congreso a Plaza Once, y la consigna era ir arrancando por el camino los volantes que ofrecen prostitución. Con mi amiga Pilar Tadei comentamos que ambas hacíamos eso sistemáticamente, en nuestro camino habitual «de casa al trabajo y del trabajo a casa», y pensamos que la campaña podía ser permanente y de mucha gente, de modo que no fuera tan fácil, barato y lucrativo promover la prostitución.

Hay que pensar que quienes diseñan volantes, los imprimen, los reparten y los pegan, son socixs en la explotación de la prostitución ajena y por eso cometen un delito. Pero las autoridades que controlan el espacio público no intervienen en esto que está a la vista: cientos de personas salen a dejar volantes en teléfonos públicos, cajeros, paradas de colectivos y cuanto lugar lo permita.

Nosotrxs también podemos ser parte de los cientos de personas arrancando esos papelitos y tirándolos a la basura, en nuestra ruta habitual, sin demasiado esfuerzo pero con compromiso y persistencia.

Hace poco descubrí a un anciano sacando lentamente los papelitos de un refugio de colectivos, le pregunté por qué lo hacía y me dijo: «es un pequeño esfuerzo, y si con eso lograra que al menos una de esas chicas no tuviera que ofrecer su cuerpo otra vez…»

Recomiendo un artículo sobre este tema publicado hoy en Página 12 por la periodista Mariana Carbajal