Diana Maffía 
2 Nov 2015 
actualidad, Derecho, derechos humanos, diversidad sexual, feminismo, género, igualdad de oportunidades, justicia, mujeres, Trans 
2 comentariosLa Ley de Identidad de Género es un avance legal extraordinario
Comparto con ustedes la nota publicada ayer en el portal de Diario Rio Negro.
Diana Maffía: «La Ley es un avance extraordinario»
La doctora en Filosofía Diana Maffía estuvo a cargo de dos jornadas organizadas por la Oficina de la Mujer del Poder Judicial.
(Foto: Marcelo Ochoa)
En el país aún cuesta que se instale la cuestión de género «desde lo más elemental que son los derechos de las mujeres hasta lo más complejo que es incluir la diversidad, identidad de género, orientaciones sexuales; así como los derechos de conformación de los cuerpos en función de esas identidades Todo esto cuesta». Lo aseguró la doctora en Filosofía Diana Maffía quien estuvo a cargo de dos jornadas de trabajo sobre «Género, derechos y construcción de ciudadanía» organizadas por la Oficina de la Mujer del Poder Judicial, a través de la Escuela de Capacitación y junto con el Colegio de abogados de Viedma.
La profesional destacó los avances alcanzados en lo social cultural como el matrimonio igualitario que llegó en un momento de madurez social en el que ya eran aceptadas parejas que convivían y «no legitimarlas era una cosa arbitraria. La sensación era de un trato desigual e injusto que una pareja de gays o lesbianas sólo por no ser heterosexual no se reconociera su derecho».
Tras subrayar que la Ley de Identidad de Género «es un avance legal extraordinario» consideró que los alcances de esa norma «la mejor del mundo que avanza sobre derechos que se están procurando a nivel internacional pero sobre la que hay que trabajar mucho en sus consecuencias prácticas como en los aspectos en los que obliga no sólo a entregar un documento o modificar un acta de nacimiento que es lo más formal para el Estado aunque sustancial para la persona sino en los cambios que se tienen que dar en los hospitales públicos para acceder a las intervenciones necesarias que garantiza la Ley, así como en los procesos de hormonación»
Agregó que «el Estado debe dar los recursos que todavía no dio» para la implementación de esta norma sancionada en 2012, reglamentada en mayo pasado con el acceso a la salud pero que no se incluyó en el presupuesto que se acaba de enviar al Congreso. Estimó que «con buena suerte en 2017 se empezará a financiar ese acceso a la salud con lo cual el cambio legal no fue acompañado de una voluntad política tan amplia como la Ley lo dice».
En Río Negro los hospitales desconocen los términos de esa norma a pesar de haber adherido a esa Ley, según el reclamo de entidades que agrupan a travestis y transexuales.
En este sentido Maffía consideró injusto ese desconocimiento ante un marco de derechos humanos que debe garantizar las intervenciones aunque admitió falta de preparación del personal, espacios institucionales en el hospital, quirófanos disponibles, procesos de entrenamiento en los sistemas de hormonación y recursos médicos. «Ahí está la voluntad política de que realmente se trasformen en un derecho y no solamente en un enunciado», dijo.
Femicidios.
Sobre el aumento de hechos de violencia de género que cada vez con más frecuencia terminan en femicidios, la profesional los atribuyó a que «está muy generalizado el hecho que la mujer es una propiedad del varón. Entonces la idea que pueda ser autónoma querer separarse, irse de su casa, tener otra pareja es insoportable para alguien que la cree algo de su propiedad. Los femicidios tienen que ver con esas relaciones de poder, de apropiación y muchas veces, la Justicia no está a la altura de interpretar esa vulnerabilidad de las mujeres, de intervenir e incluso el Ejecutivo de garantizar las medidas judiciales cuando se ordena una exclusión del hogar al hombre violento o se establece un cerco perimetral para que supuestamente no se pueda acercar a la mujer e hijos que es trasgredido y no hay nadie vigilando.
En esa indefensión muchas veces vuelven con el agresor y en la Justicia es muy irritante que la mujer denuncie y después no persista pero eso implica también una disposición económica que a veces no tienen, además de tiempo y las estructuras judiciales que implican que víctima y denunciado se encuentren en la misma sala de espera. Todo eso hace que esas mujeres sientan la indefensión de que el sistema judicial no está respondiendo de una manera que las proteja». Maffía subrayó también que no hay sistemas de subsidios o viviendas que permitan garantizar que estas mujeres cuando quieren liberarse de una situación violenta «tenga al Estado respaldando, manteniendo la escolaridad de sus hijos, su posibilidad de trabajo y sobrevida por fuera de lo que pueda aportar el hombre violento. Es muy difícil si no hay un compromiso de todos los poderes».
En este aspecto destacó el marco de convenio interpoderes en Río Negro firmado, entre otros, por la Oficina de la Mujer del Poder Judicial que implica que el Ejecutivo, Legislativo y Judicial trabajarán en red para reafirmar derechos.
