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autorDiana Maffía fecha17 Nov 2016 categoriaactualidad, cultura, democracia, Derecho, derechos humanos, diversidad sexual, feminismo, género, igualdad de oportunidades, jóvenes, mujeres, opinión comentariosDejá tu comentario

Perspectiva de Género en la nueva Constitución de Santa Fe

Comparto con ustedes esta invitación para el lunes 21 de noviembre en Rosario, Provincia de Santa Fe.
Las invitamos el próximo lunes 21 de Noviembre, 9.00 hs, Sala Rodolfo Walsh,  Santa Fe 1949 1er Piso Rosario: Jornada «Perspectiva de Género en la nueva Constitución de Santa Fe». 
 
9.15 hs Conferencia de la Dra. Diana Maffia
 
10.45 hs Apertura de micrófono a organizaciones de mujeres, referentes y personas con responsabilidad institucional (3 minutos de intervención)
Esperamos contar con sus aportes y opiniones en esta trascendente tarea de construir una Nueva Constitución para Santa Fe con Perspectiva de Género y Derechos Humanos. 
 
Gabriela Sosa 
Subsecretaría de Políticas de Género
Secretaría de Políticas Sociales
Ministerio de Desarrollo Social

Gobierno de Santa Fe.

0341-  4721753/4/5
0342- 4572888 – 4589468
@PoliticasGenero
https://www.facebook.com/SubsecretaríadePolíticasdeGénero-ProvinciadeSantaFe

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autorDiana Maffía fecha25 Ago 2016 categoriaactualidad, Ciencia y tecnología, comunicación social, democracia, derechos humanos, diversidad sexual, espacio público, familias, feminismo, género, igualdad de oportunidades, jóvenes, mujeres, niñas/os, opinión, Prensa, Violencia comentariosDejá tu comentario

Mostrarnos solo como víctimas aumenta nuestra vulnerabilidad

Comparto con ustedes la entrevista realizada por el portal Diario Uno de Santa Fe.

«Mostrarnos solo como víctimas aumenta nuestra vulnerabilidad»

Diana Maffía estuvo en Santa Fe y analizó el problema de la violencia, los vagones exclusivos y los roles dentro del hogar.

La distribución equitativa de las tareas de cuidado dentro de la familia es una de las líneas claves, a criterio de Diana Maffía, para lograr que las mujeres puedan estar en igualdad de condiciones en el ámbito público. Pero además, la investigadora remarcó que el Estado debería tener un rol central en ese tema. La militante feminista estuvo en Santa Fe para dar una charla sobre construcción de la ciudadanía de las mujeres y la ciencia, en el marco de la campaña «Más Igualdad, mejor ciencia» de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
«Los mismos obstáculos que encontramos las mujeres para integrarnos en las universidades, en las academias y en los equipos de investigación científica, es la que encontramos para nuestra participación política, para el ejercicio de derecho y en la construcción de ciudadanía. Las cosas están interrelacionadas», explicó en diálogo con Diario UNO.
Y siguió: «El motivo por el cual las mujeres quedamos fuera de la ciudadanía y del ejercicio de derechos es porque las descripciones de lo femenino eran de algo inferior o incapaz. Y esas descripciones eran dadas por la ciencia, que decía que nuestros cerebros eran más livianos, nuestros cráneos más pequeños, y todavía dice algunas cosas como que nuestras hormonas o lateralización cerebral nos hace aptas o no para determinadas cosas. Era una ciencia construida por varones blancos que iban a decir que los demás son inferiores. Ver esa historia nos hace ver la profundidad de la discriminación y la vinculación que hay entre poder participar en la construcción de la ciencia y no hacerlo».
—El Conicet tuvo avances significativos en los últimos años en la generación de políticas que contemplan que las mujeres tienen una mayor carga en el cuidado de la familia y por lo tanto contemplan plazos especiales a la hora de concursar, por ejemplo. Pero ¿qué falta para lograr una mayor igualdad y que las mujeres ocupen más lugares de poder?
—Primero hay que decir que esas medidas se lograron porque había una mujer feminista en el directorio del Conicet, que es Dora Barrancos. Las feministas tenemos un eslogan que es «lo personal es político» y significa que las vidas personales están atravesadas por relaciones de poder, en la familia, la pareja y la maternidad, entre otros aspectos. Por ejemplo, que haya un límite en la edad de ingreso a la carrera de investigación afecta especialmente a las mujeres porque tienen que elegir entre sus proyectos de vida y familiares y sus carreras. Entonces, la institución se hace cargo de una política del cuidado y la reproducción diciendo explícitamente que hay cuerpos a los que le pasan otras cosas que a los de los hombres blancos adultos que formaban parte del Conicet los primeros 50 años. Yo creo que todavía tenemos que medir el impacto de esas acciones explícitas, pero pienso que son muy oportunas y necesarias. La políticas de cuidado son un núcleo muy importante para poder avanzar en equidad, en todos los ámbitos.
—En los últimos años, las mujeres lograron ocupar importantes lugares en el ámbito público pero aún queda la deuda dentro del hogar ¿Por qué es más difícil romper esa desigualdad?
—Eso se puede explicar con el mismo pensamiento patriarcal que valora lo público y desvaloriza lo privado. Si lo público es cosa de hombres y es valioso, las mujeres vamos a ser premiadas si logramos horadar esa barrera e ingresar a ese ámbito. Un varón que vaya de lo público a lo privado, donde las tareas están desvalorizadas y feminizadas, no va a encontrar reconocimiento sino, probablemente, burlas de otros varones o calificativos poco edificantes. De todas maneras, creo que hay algo en la cultura de la gente más joven, varones y mujeres, que explicitan la distribución equitativa de las tareas y las responsabilidades domésticas; y eso me parece saludable. Lo ideal sería que cada uno haga eso para lo cual tiene habilidad y gusto, y que se resuelvan colectivamente las cosas.
—¿El Estado puede aportar para lograr equidad hacia adentro del hogar?
—Es imprescindible pedirle al Estado políticas públicas vinculadas al cuidado. Hay un triple condicionamiento. Primero, las tareas reproductivas y de cuidado están feminizadas, cuando en realidad son responsabilidad de quienes conviven en un lugar. Segundo, están privatizadas, se piensa que la resolución de quien realiza esa tarea queda a criterio de cada familia y no es una parte de la responsabilidad pública responder con herramientas que permitan acompañar a un anciano, a una persona discapacitada o a un niño o niña. Esas son políticas que el Estado debe dar para el cuidado de la población. Y el tercer rasgo es que están mercantilizadas, porque si no nos hacemos cargo personalmente tenemos que contratar a alguien que lo haga. Entonces siempre va a ser una responsabilidad privada sin intervención del Estado. Eso no debe ocurrir porque no todo el mundo tiene capacidad para contratar y es muy común, sobre todo en la carrera científica, que muchas mujeres abandonen su carrera en el segundo hijo porque ya la capacidad económica para responder a las necesidades de cuidado no alcanza.
—Como contracara de esas medidas positivas aparecen también propuestas que generaron rechazo como la de los vagones exclusivos para mujeres, ¿qué opina de esas iniciativa?
—Seguramente estuvo hecho con buena intención pero a mí me parece que hay un equívoco muy grande. La idea de producir un vagón donde, en la hora pico, las mujeres no sean manoseadas o incomodadas como nos ha pasado a todas las mujeres. Entonces el proyecto de ley de Graciela Ocaña tenía el sentido de darle a las mujeres la posibilidad de ir en un vagón donde no hubiera varones para evitar el acoso. A mí me parece que no podemos darle a las mujeres el mensaje de que, para defenderse de los acosos, no debemos compartir ámbitos con los varones porque compartimos todos los espacios. ¿Si una mujer se sube a otro vagón es porque está accediendo a que la toqueteen? Las mujeres tenemos que viajar seguras en todos los medios y se nos deben dar esas condiciones de seguridad. La empresa de subte no está cumpliendo su obligación de aumentar la frecuencia y la cantidad de coches en horas pico. No se tiene que dar por sentado que el hacinamiento es una condición natural del viaje.
—¿Y en qué lugar deja ese tipo de propuestas a los varones?
—Está el problema de cuál es el concepto de varón que tenemos. ¿Todos ellos son acosadores en potencia? Vamos a estigmatizar a los varones pensando que cualquiera que quiera entrar a un vagón donde hay mujeres quiere acosarlas. Pero no es así. Luego hay un problema con las edades porque ¿a qué edad deja de ser un niño y empieza a ser un depredador sexual? Muchas veces se pone un límite de edad, por ejemplo los 14 años. ¿Entonces a los 14 años y un día ya depreda? Es un problema que da por sentada la naturalidad de un medio de transporte que no da respuesta a sus usuarios.
—¿Qué mensaje deja esa idea?
— Creo que es un proyecto desafortunado. La idea de que a las mujeres hay que segregarnos para estar seguras es la que nos conduce a pensar que el ámbito público no es nuestro, que no debemos andar por la calle porque a una mujer que violen en la calle le van a preguntar si estaba sola o cómo estaba vestida, señalando la situación en la que parece legítimo que un varón se apropie del cuerpo de una mujer. Y quedarnos en nuestra casa tampoco es seguro. Ya se sabe que el lugar de mayor riesgo para la integridad de las mujeres es su propia casa.
Impunidad
Maffía se refirió a las movilizaciones #NiUnaMenos y analizó: «Todavía no son visibles todas las formas de violencia. Cuando hay agresión física es que hay muchas otras formas de violencia que están tipificadas por la ley, que tienen una penalidad, pero se perciben como relaciones naturalizadas entre varones y mujeres. Entonces, muchas veces, no son denunciadas o son menospreciadas. (…) La idea de hablar de femicidio es hablar de una estructura política que sostiene impunes las múltiples formas de violencia hacia grupos vulnerables, en este caso las mujeres, y también deberíamos hablar de las mujeres trans asesinadas».
—¿Por qué siguen operando con tanta fuerza prejuicios como «viajaban solas» o «se encontró con alguien que conoció en Facebook» si se empieza a dar una mayor visibilización y rechazo a la violencia machista?
—Son prejuicios que están instalados en la mentalidad de comunicadores, jueces, policías y muchas instituciones que juzgan desde esos estereotipos. La cuestión de la violencia es de una gravedad enorme pero las mujeres no solo somos víctimas, también tenemos muchas potencialidades para soluciones. Entonces ponernos en visibilidad solo como víctimas de violencia aumenta la construcción de vulnerabilidad de las mujeres y la sensación de impunidad de los varones porque la mayoría de estas causas quedan impunes. Se difunde a la vez «las mujeres no pueden» y «los varones son impunes si realizan actos de violencia física o si asesinan».
—¿Cómo se puede aportar al cambio de paradigma?
—Un paradigma es un cambio cultural y, por lo tanto, tiene que ser en nuestra manera completa de percibir la vida. Si yo no valorizo la presencia de mujeres en instituciones, si tengo un gabinete de ministros que son en un 85 por ciento varones, si no le doy credibilidad a la palabra de una mujer cuando va a denunciar no puede haber un cambio profundo. Me parece que el cambio pasa por la capacidad de las mujeres de ver los problemas de otras mujeres como un tema de género, estructural, social y no individual. La violencia no es solo el problema de una persona con otra, es un tema político.

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autorDiana Maffía fecha15 Jul 2016 categoriaactualidad, democracia, Derecho, derechos humanos, diálogo, justicia, Violencia comentariosDejá tu comentario

Terrorismo de Estado y Archivos secretos – el caso AMIA

Al cumplirse un nuevo aniversario de la masacre impune de la AMIA, participaré de la Mesa Debate sobre “Terrorismo de Estado y Archivos secretos – el caso AMIA”.
La cita es en la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Uruguay 485 (CABA) el lunes 18 de julio a las 18:30 hs.

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autorDiana Maffía fecha2 Jun 2016 categoriaactualidad, democracia, derechos humanos, diversidad sexual, feminismo, género, justicia, mujeres, opinión, Prensa, Trans, travestis, Violencia comentariosDejá tu comentario

¿Por qué hablamos de femicidios?

Se acerca un nuevo 3 de junio y volveremos a salir a las calles exigiendo #NiUnaMenos y #BastaDeFemicidios. Luego de la multitudinaria marcha del año pasado, ya más seguras de la voluntad colectiva que acompaña estos reclamos, nos preparamos organizando, discutiendo y evaluando qué avances logramos y qué demandas pendientes nos quedan para alcanzar una sociedad paritaria y sin violencia de género.

Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de femicidios? Los medios de comunicación están más receptivos con el tema y los conceptos, pero a veces se transmiten sentidos equivocados o se hacen visibles situaciones de violencia de una manera regresiva en cuanto a derechos. La mayor presencia en los medios de comunicación asegura la difusión, pero no siempre la corrección de las ideas.

Escuché periodistas respetables hablar de “violencia de género” cuando un hombre es víctima de violencia por parte de una mujer, y eso no es correcto. Porque la violencia de género se define por las relaciones desiguales de poder que subordinan a las mujeres, y las relaciones patriarcales que hacen de las mujeres (y los hijos e hijas) propiedad de los varones y responsables del cuidado y los trabajos domésticos. Cuando una mujer se rebela a ese lugar, la respuesta es la amenaza, la violencia y la muerte. Un varón puede sufrir violencia e incluso ser asesinado, pero esto no ocurre en una cultura que legitima relaciones desiguales de poder, sino todo lo contrario. Es violencia, pero no es violencia de género.

El concepto de “Femicidio” es el tenebroso final de esa escalada de violencia. No se trata de un conflicto privado entre dos personas, ni tampoco de un crimen pasional (como todavía se insiste en caracterizarlo). Aunque ocurra en el seno de una pareja o ex pareja, está basado en una desigualdad sistemática en la que el Estado tiene responsabilidades. Por eso le reclamamos al Estado su intervención, no sólo para penalizar al femicida, sino fundamentalmente para evitar los femicidios.

Hablamos de femicidios porque sabemos que en el largo camino que recorremos las mujeres tropezando con múltiples formas de violencia, muchas de las cuales están tipificadas en la ley correspondiente, instituciones y funcionarios inclumplen por omisión las obligaciones a las que se han comprometido. Porque nos tomamos en serio los derechos humanos y estamos convencidas de ser parte de su universalidad. No banalicemos los conceptos. Esto no es una avanzada de las mujeres sobre los varones, sino sobre el patriarcado como un sistema cruel que también los oprime aunque parece darles privilegios. Es imposible construir igualdad en un sistema que naturaliza sobre las diferencias sexuales la desigualdad política y de derechos.

Y si ya hemos aprendido a usar la palabra “femicidio” avancemos sobre otras formas de crímenes de género subordinados, hablemos de “travesticidios” y de “transfemicidios” con palabras que iluminen sus específicas relaciones de opresión, respetando sus propias voces. Nombremos juntas al poder que asesina, y gritemos alto #NuncaMas.

*Por Diana Maffía, Directora del Observatorio de Género en la Justicia.

Publicado en Página/12. 30 de mayo de 2016

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autorDiana Maffía fecha29 Abr 2016 categoriaactualidad, comunicación social, democracia, derechos humanos, opinión comentariosDejá tu comentario

Ley de Acceso a la Información

Adhiero, y difundo esta campaña de ADC.

El órgano de control de la Ley de Acceso a la Información debe ser independiente

Comunicado de organizaciones de la sociedad civil y personalidades de la academia y el periodismo.

Las organizaciones sociales y personas abajo firmantes celebramos la discusión de una Ley de Acceso a la Información en el Congreso de la Nación. La existencia de consenso sobre la necesidad de aprobar esa norma constituye un hito significativo y valioso.

El acceso a la información es un derecho humano fundamental y un principio básico de la democracia. La existencia de herramientas adecuadas que garanticen este derecho contribuye a incrementar la transparencia gubernamental, facilita el control y mejoramiento colectivo de las políticas públicas, aumenta la rendición de cuentas de los funcionarios, estimula la participación ciudadana, amplía el debate sobre los asuntos públicos, acorta la brecha entre gobierno y ciudadanos y mejora la calidad de las instituciones y de nuestra democracia. A su vez, es un instrumento fundamental para el ejercicio de otros derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Es por eso que la sanción de una ley que asegure el acceso de todas las personas a la información pública es una deuda que como sociedad debemos saldar cuanto antes.

Además de establecer la regla de la publicidad de toda información en manos del Estado y del acceso a ella por parte de cualquier individuo que la solicite, la ley debe crear mecanismos eficaces de reclamo ante su incumplimiento. Por esa razón, los estándares internacionales exigen y la experiencia comparada demuestra que es necesario contar con una autoridad independiente e imparcial que controle el efectivo cumplimiento de la ley.

En ese sentido, notamos con preocupación que el dictamen de mayoría emitido el pasado 21 de abril por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación no cumple con este requisito fundamental. Si bien el dictamen contiene avances importantes, aún requiere mejoras sobre aspectos trascendentales. En efecto, el texto no prevé garantías suficientes de independencia para la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) que la ley crearía, y cuya función sería la de velar por el cumplimiento de la ley y resolver los reclamos que se presenten. El dictamen prevé que tanto la designación (arts. 20 y 21) como la remoción de su titular (art. 27) dependan de la voluntad del Poder Ejecutivo (en el segundo caso con intervención no vinculante de una comisión ad hoc del Congreso), lo cual supone un condicionamiento para el cumplimiento adecuado de sus fines y vulnera el principio de independencia del órgano de control. Un modelo regulatorio de tales características pone en riesgo el cumplimiento efectivo de los fines de la ley.

Por estos motivos, proponemos que se incorpore al mecanismo de designación de su titular la realización de un concurso público de oposición y antecedentes y la consiguiente aprobación del Poder Legislativo. Asimismo –y lo que es más importante aún–, la remoción de ese funcionario no debería quedar sujeta a la sola voluntad del Poder Ejecutivo, sino que también debería contar con la conformidad del Congreso.

En virtud de ello, hacemos un llamado a los Sres. Diputados y Diputadas de la Nación para que nuestra preocupación sea considerada en el debate durante el tratamiento del proyecto en el recinto y que se incorporen las mejoras que sean necesarias para asegurar la independencia del órgano garante de la Ley.

Organizaciones de la sociedad civil firmantes

Abuelas de Plaza de Mayo, Amnistía Argentina, Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociación Cristina de Jóvenes (YMCA), Asociación de Derecho Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ADA), Asociación Pensamiento Penal, Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), Cambio Democrático, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro de Estudios Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Confederación de la Sociedad Civil, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Consumidores Libres, Crear Vale la Pena, Datos Concepción, Democracia en Red, Directorio Legislativo, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Compromiso, Fundación Conocimiento Abierto, Fundación Huésped, Fundación Judaica, Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Fundación SUR, Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva, HIJOS Regional-Capital, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Justicia Legítima, Laboratorio de Políticas Públicas (LPP), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Poder Ciudadano, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), Unidos por la Justicia, Wingu, siguen las firmas… (ver listado completo aquí )

Individuos firmantes

Marcelo Alegre, Mirta Baravalle, Martín Becerra, Ingrid Beck, Nora Cortiñas, Florencia Etcheves, Roberto Gargarella, Manuel Garrido, Jorge D. Giacobbe, Andrés Gil Domínguez, Martin Hevia, Diana Maffia, Daniel Malnatti, Silvia Mercado, Ana María Mustapic, Luis Novaresio, Oscar Oszlak, Marta Oyhanarte, Enrique Peruzzoti, Paulino Rodrigues, Daniel Sabsay, Inés Sanguinetti, Catalina Smulovitz, Juan Gabriel Tokatlian, Raúl Zaffaroni, siguen las firmas… (ver listado completo aquí )

Para adherir al comunicado, enviar un correo a accesoalainfoargentina@gmail.com

      CONTACTO DE PRENSA
Julieta Laucella Jalif
[ Prensa y Comunicación ]
Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
comunicacion@adc.org.ar
Cel. 11 6539 2439
Asociación por los Derechos Civiles (ADC) | Av. Córdoba 795, P. 8 | C1054AAG | Ciudad de Buenos Aires | Argentina
Tel/Fax (054) 11.5857.3044 |  www.adc.org.ar  |  comunicacion@adc.org.ar

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