Diana Maffía

La semana pasada convocamos una sesión especial para discutir varios proyectos: una invitación para que Macri viniera a la Legislatura; una solicitud para que tengamos acceso al expediente; un pedido de juicio político (del monobloque de izquierda de Marcelo Parrilli); y el de mayor consenso, la propuesta de constituir una comisión investigadora que evaluara si hay responsabilidad política de funcionarios del gobierno, estuvieran o no procesados (recordemos que el ministro de seguridad Montenegro fue desprocesado por Oyarbide, y que el ex ministro de Educación Narodowsky fue desprocesado por la Cámara, y otros funcionarios como Andrés Ibarra ni siquiera fueron indagados). La comisión investigadora es indispensable no sólo para establecer las responsabilidades políticas (no penales) de Macri, sino porque aún cuando alguien no haya sido procesado penalmente, pueden ser responsable políticamente desde el punto de vista del mal desempeño de sus funciones. Por eso es que no es reemplazable una comisión de juicio político a Macri por una comisión investigadora de responsabilidades políticas del Ejecutivo, que es mucho mas amplia.

Además, un pedido de una comisión de juicio político debe fundamentarse atendiendo al artículo de la Constitución porteña que señala las causales de juicio político: mal desempeño de las funciones, la comisión de delito en el ejercicio de la función pública, o los delitos comunes. Si hacemos un pedido de juicio político es porque encontramos alguna de estas tres causales. Cuando Macri hace su propio pedido de juicio político, ¿cuál de las tres causales está asumiendo? Si vemos el proyecto que presentó el macrismo, no está ninguna de ellas. Lo que dicen es que ante las sospechas sembradas por la oposición piden una comisión de juicio político.

La comisión no se convoca por sospechas, por eso antes hay que hacer una comisión investigadora que determine si hay causales o no para un juicio político y a qué funcionarios abarcaría. Si hay causales entonces se forma la comisión de juicio político, se establece la sala acusadora (con 45 miembros/as, 19 del macrismo), dentro de la cual una comisión de 13 miembros/as recolecta todos los datos y establece si hay o no hay condiciones suficientes. Sobre esos datos la sala acusadora debe votar si envía el expediente a la sala juzgadora,  pero para llegar a ese paso se requiere de los dos tercios de los votos, y esa es la garantía de impunidad del PRO, porque al tener 19 miembros de los 45 tiene en las propias manos del bloque oficialista la llave que posibilita o no el juicio político.

¿Cuál es la estrategia política? Ese martes, no dieron tablas para ninguno de estos proyectos. Según el PRO no podíamos tener acceso al expediente (a pesar de que Macri dijera en todos los medios que el quería que supiera toda la verdad y ser transparente); no iba venir él a la Legislatura porque según él toda la información está disponible en la página web, no aceptaron iniciar el proceso de juicio político y se negaron también a la Comisión investigadora.

Macri es una persona con un ejercicio de poder que reduce el gobierno al Ejecutivo,  disciplina a su bloque legislativo y desconoce la autonomía de la Justicia (por eso pide su propio juicio político y su propio juicio oral). Es un ejercicio demasiado parecido al que critica en N. Kirchner. Cuando Macri dice “vengo a hacer una nueva política, y mi principal enemigo es Kirchner” en realidad está disputando el mismo territorio de poder, el terreno de un poder personal y antirrepublicano.

Luego de haber disciplinado al bloque del Pro contra el juicio político el martes, el miércoles Macri pide su propio juicio político y comienza una serie de desprolijidades. Obliga a su bloque  a improvisar un proyecto de ley al que no dan fundamento constitucional, y para colmo lo firma el vicepresidente 1° de la Legislatura Oscar Moscariello (quien lo reemplaza cuando Macri sale de la Ciudad). O sea, quien es su sucesor está pidiendo el juicio político al propio jefe de Gobierno. Es algo que parece golpista pero que es del realismo mágico del PRO, y aquello que negaron el martes, lo pidieron el jueves.

Como la oposición no iba a apoyar sobre tablas un pedido de esta naturaleza, este proyecto junto a todos los que no fueron aceptados por el Pro para su tratamiento en la sesión especial, fueron a comisión de Asuntos Constitucionales. Esta comisión va a reunirse el 3 de agosto y hará sus despachos, que pueden o no ser observados, y el jueves 12 en la sesión ordinaria se votará o no.

¿Por qué el PRO quiere una comisión de juicio político y no una comisión investigadora? Está claro que tienen capacidad de veto en la primera y no en la segunda, y también por los plazos. Macri está muy preocupado por la dilación en el tiempo de una investigación (que puede llevar alrededor de 3 meses) y si de ahí se derivaran responsabilidades una de juicio político (otros 2 o 3 meses) y esto se puede extender hasta el año que viene. El año próximo es un año electoral y a Macri lo único que le interesa es su carrera electoral y no quiere tener problemas.

Además el PRO quiere que en Asuntos Constitucionales se discuta, o bien la formación de la comisión investigadora o bien la de juicio político, pero lo cierto es que no son proyectos contrarios. El proyecto de comisión investigadora tiene que tener como contraproyecto la propuesta de archivo del proyecto de comisión investigadora, y el de juicio político tiene que tener su contraproyecto de archivo de la propuesta de juicio político. Cada uno debe discutirse independientemente.

Cuando Macri nos pide amistad política hay que recordarle que la amistad política no es protección de impunidad. Otra cosa es tener responsabilidad, que él no ha tenido en la gobernabilidad de la ciudad, y digo que no la tuvo porque el riesgo de acefalía de la Ciudad se debe a que Macri decidió que la vicejefa de Gobierno renunciara a su cargo para ir a un cargo legislativo en el Congreso Nacional. Gabriela Michetti tenía un compromiso de 4 años como Vicejefa de Gobierno, y cuando recibía críticas por no cumplir su labor de presidir la legislatura se defendía diciendo “yo no voy a ir a tocar la campanita porque la gente me votó para estar en el ejecutivo al lado de Macri”. La gente la votó para eso pero ella decidió al renunciar dejar a la ciudad sin su segunda línea de gobierno y por lo tanto, tenemos ahora una brutal crisis institucional.

Creo que la Comisión investigadora se puede llegar a formar y lo que hay que discutir responsablemente es cómo se va a componer y qué plazos va a tener. Porque parte de lo que el PRO objeta es que no sea proporcional, es decir, que si cada bloque tiene un representante en esa comisión investigadora sienten que ellos están en un déficit porque teniendo 24 diputados, tendrían 1 o 2 representantes según el proyecto, pero lo cierto es que hoy la Legislatura tiene 13 bloques.

No se puede llamar a juicio político porque no está claro cuál de las causales corresponde, entre otras cosas porque Macri no está condenado, está procesado, y por una cuestión de beneficio de la duda no se puede decir que cometió delitos. Y para saber si hay mal desempeño tenemos que evaluar políticamente la conducta de él y de otras personas del Ejecutivo, y eso es lo que haría la comisión investigadora. El macrismo también dice que esto tiene que ver con el gobierno nacional, es verdad, pero esa denuncia política no la tiene que investigar la Legislatura de la Ciudad, sino la Comisión Bicameral de Diputados y Senadores sobre Organismos de Seguridad. En esa comisión, la Coalición Cívica hizo un pedido de informes en el 2008, uno en el 2009 y otro en el 2010, para evaluar todas las denuncias por escuchas y el destino jurídico que habían corrido para ver si hay presión política sobre los jueces para darle curso a algunas denuncias y no a otras. Por supuesto que debe investigarse si hay un uso político de los organismos de seguridad, y si hay sistemas de espionaje denunciados y no investigados por la justicia. La Coalición Cívica sigue este tema sistemáticamente desde ambas cámaras del Congreso Nacional.

Esta tarde participé de una conferencia de prensa junto a legisladores y legisladoras del bloque de la Coalición Cívica Nacional y de la Ciudad, en la cual se fijó posición con respecto al procesamiento de Mauricio Macri.

Acompañaremos la Comisión Investigadora, pero debemos ser cuidadosos de la institucionalidad de la Ciudad, que no puede quedar acéfala por la imprudencia de Gabriela Michetti, quien en su momento renunció a la presidencia de la Legislatura para ir como candidata a Diputada Nacional.

Queremos aprovechar esta crisis vinculada al espionaje para investigar la relación con todas las escuchas, y no sólo las que se atribuyen a Mauricio Macri. Porque frente a la gravedad de un sistema político que se basa en el espionaje, el intento de Macri no fue evitar este método, sino incorporarse a esa dinámica en competencia con el kirchnerismo.

Además de apoyar la Comisión, pediremos el acceso al expediente completo, a los efectos de que sean los y las representantes del pueblo quienes podamos tener la información suficiente para determinar la responsabilidad política del Jefe de Gobierno y los funcionarios implicados.

Por otro lado, durante esta semana me voy a presentar al Tribunal Federal para que se amplíen las indagatorias al «Fino» Palacios y demás implicados, ya que estoy dentro del listado de personas afectadas por este espionaje político.

Foto: Página 12

Durante una reunión de la Comisión de Salud de la Legislatura, las autoridades de la Asociación Argentina de Anestesiología de la República Argentina (Aaarba) responsabilizaron al gobierno porteño por la escasez de especialistas debido a demoras en las designaciones que pueden llegar a quince meses o más en algunos casos.

Esto demuestra, al contrario de los dichos del ministro de Salud Jorge Lemus, que la Legislatura no necesita prorrogar la emergencia de los servicios de anestesiología sancionada en febrero de 2007. De los 165 médicos que ganaron concursos en 2007 todavía hay algunos que no fueron nombrados. Y eso sucedió dentro de la emergencia. No es cierto entonces que la ley vaya a resolver el problema.

Para ver más del tema visite la nota publicada por Página/12 hoy.

18 hs – PLAZA DE LOS DOS CONGRESOS

Esta tarde participaré de la marcha organizada por la Federación Argentina LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans) para apoyar el cambio en la Ley de Matrimonio.

Estaré allí para que:

– El matrimonio entre personas del mismo sexo tenga sanción definitiva.

– Esta restricción normativa no sirva de excusa para encubrir posiciones homo, lesbo y transfóbicas.

– Promover la plena vigencia y el ejercicio universal de los derechos para todas las personas, sin distinciones basadas en sexo, género, orientación sexual e identidad de género.

– Las demandas del movimiento GLTTB no sean usadas en beneficio de ningún partidismo sino reconocidas como fruto de su larga lucha.

¡Acompañanos a DECIRLE SÍ al matrimonio para parejas del mismo sexo!

MORTALIDAD INFANTIL EN LA CIUDAD

Los números del “Informe de Resultados. Mortalidad infantil 1990/2009” Nº245 de la Dirección de Estadísticas y Censos del Ministerio de Hacienda del GCBA publicado en mayo pasado, nos hablan de un doble standard de ciudadanía. Mientras parte de la población tiene acceso a servicios y recursos que posibilitan el ejercicio pleno de sus derechos, otras y otros habitantes de la ciudad ejercen una ciudadanía incompleta, configurada en parte por indiferencias y ausencias del Estado, justo allí donde más se lo necesita para hacer real el principio de igualdad que funda a la democracia como régimen.

Lo que me interesa hoy es utilizar estos números para reflexionar acerca de los nudos críticos de la política pública en la Ciudad de Buenos Aires. Hay dos programas establecidos por ley que se vinculan con el aumento de la tasa de mortalidad infantil que me preocupan: el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, establecido por la ley 418 y el de Educación Sexual Integral, creado por la Ley 2110.

Estas dos leyes establecen políticas de Estado, de modo que no debiera depender de la voluntad política de la gestión de turno elegir si quiere implementarlos o no. Sien embargo, lo que sabemos del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable es que su dotación de personal consiste en dos profesionales y una administrativa. Además, no cuenta con un móvil propio y una de las principales dificultades operativas que lo afectan refiere a la distribución de insumos entre efectores. En lo referido al programa de Educación Sexual Integral, de acuerdo con la información remitida por el Poder Ejecutivo a raíz de un pedido de informes que impulsé el año pasado, encontramos que no existe plan de implementación en todos los establecimientos, en todos los niveles, en todas las modalidades de gestión. En particular, en inicial, primaria y secundaria se trabaja “a demanda” de los establecimientos, desde la gestión de Daniel Filmus. Entonces, más que una política pública de la ciudad, la Educación Sexual Integral parece ser una preocupación de algunas comunidades educativas o de algunas autoridades de escuelas. Además, no hay suficiente oferta de formación docente. Nuevamente, el problema es que parecen trabajar a demanda ya que son las y los docentes individualmente quienes deben procurarse la formación en educación sexual.

En el día de ayer, con motivo de la visita de la Presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, consultamos por la continuidad del programa “Nuestros derechos, nuestras vidas”, que justamente ha sido una de las pocas intervenciones sistemáticas de la ciudad en materia de educación sexual. La titular del Consejo nos señalaba que la educación sexual es muy resistida y que considera que hay que reemplazarla por “contenidos positivos” como el amor y el cuidado. Yo me pregunto si no es hora de reforzar las estrategias en esta materia, de modo que todas las personas tengan acceso a la información relevante para tomar decisiones sexuales y reproductivas, a través de la Educación Sexual Integral, a fin de asegurarles el bienestar cuando eligen reproducirse, a través del programa de Salud Reproductiva y Procreación Responsable. Parte de ese bienestar es reducir al mínimo el riesgo de muerte de sus hijos e hijas durante el primer año de vida.

En las reiteradas visitas de la Subsecretaria de Promoción Social, Soledad Acuña, al preguntar sobre igualdad de oportunidades se nos dijo que la gestión enfocaba a la relación madre-hijo y a la infancia como primer lugar de equidad. Sin embargo, las estadísticas que hoy nos alarman hablan de la primera infancia como zona de riesgo para muchas y muchos habitantes de esta ciudad. Las muertes reflejadas en la estadística se construyen a través de acciones, omisiones y responsabilidades concretas. Evidentemente, hay chicos que no son prioridad para el gobierno de Mauricio Macri.

Consulte aquí mi declaración en la sesión ordinaria de este jueves sobre el tema.