Diana Maffía

La ludopatía y quienes la sufren no parecen de la incumbencia del gobierno la Ciudad de Buenos Aires, porque el único cambio de los últimos años fue el incremento de afectadxs.

Según el informe “La ludopatía en la Ciudad de Buenos Aires”, realizado por la Unidad de Seguimiento de Políticas Públicas en Adicciones que funciona en el ámbito de mi despacho y que coordina la Li. Patricia Colace, persisten las carencias en el sistema de salud y continúa siendo nula la prevención; no se brinda nueva capacitación a los profesionales ni se propicia la generación de nuevos especialistas en esta temática; no se dispone de datos estadísticos para consultar.

El documento destaca la falta de información sobre los efectores que tratan la ludopatía en los sitios de apuestas; no hubo ni hay ningún tipo de campaña publicitaria concientizando a la población respecto al juego patológico y las formas de prevenirlo y tratarlo, en medio de una verdadera avalancha de publicidades instando a jugar.

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La Unidad de Seguimiento de Políticas Públicas en Adicciones, que funciona en el ámbito de mi despacho legislativo, acaba de publicar un contundente informe que demuestra la inviabilidad de los procedimientos de control vial de drogas en muestras de saliva anunciados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Dichos procedimientos han despertado mucha polémica en ámbitos académicos, médicos y políticos. La prohibición o no de manejar bajo los efectos de un medicamento debe ser una discusión sanitaria y no de seguridad; si un médico indica que su paciente puede manejar, la ley no debería impedírselo. Otra objeción tiene que ver más con la farmacología de las benzodiazepinas, muchas de las cuales se utilizan en el alivio del dolor y la relajación muscular, y no producen deterioro en conducción.

El estudio afirma que los instrumentos elegidos para las tomas de muestras no tienen valor probatorio en ninguna parte del mundo: ni un pupilómetro ni un reactivo por saliva indican de manera eficaz la presencia o concentración de una sustancia en la sangre.

El vacío estadístico en la cantidad de accidentes en los que las drogas están implicadas contribuye a este estado de situación. Como los datos son un supuesto, las cifras finales son siempre dudosas e imposibles de evidenciar. No dimensionar correctamente la participación de las drogas en los siniestros pone en duda la necesidad y utilidad de los controles. A esto se debe la falta de consenso científico sobre los niveles de concentración de cada sustancia que son necesarios para causar un deterioro que haga riesgoso el conducir, la no estandarización de las herramientas de medición y la disparidad legal existente entre los distintos valores penalizados por cada país.

El documento se basa en una amplia investigación de experiencias existentes en varios países, realizada por dicha unidad dirigida por la Lic. Patricia Colace.

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MIÉRCOLES 2 DE JUNIO, 18 HS

En mi carácter de Presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud invito a la comunidad a la presentación del Informe Anual de Gestión del Ministerio Público Tutelar “Niñez, Adolescencia y Salud Mental en la Ciudad de Buenos Aires, período 2009”, a cargo de la Asesora General Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires Laura Musa.

La presentación del informe se da al tiempo en que se discute en las comisiones de Políticas de Promoción e Integración Social y Mujer e Infancia el otorgamiento de una prórroga de un año a las instituciones para que se adecúen a la Ley 2881, que estipula las condiciones de funcionamiento y seguridad de dichos establecimientos, que debía entrar en vigencia este mes.

El evento se realizará este miércoles 2 de junio a las 18 hs. en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña, en Planta Baja de Perú 160.

Durante la sesión de esta tarde denuncié las circunstancias irregulares que rodean la muerte de Luis, un adolescente de 16 años que murió el pasado miércoles 14 de abril de 2010 en el “Centro Juvenil Esperanza”, una ONG conveniada con la Dirección General de Adicciones dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

Luis apareció ahorcado y estaba bajo tutela judicial en el Juzgado Federal en lo Civil Nº 56. Su mamá recibió la noticia ese mismo día, pero personal de la ONG le impidió que vea el cuerpo al sostener que la policía estaba trabajando en el lugar. Recién pudo hacerlo al día siguiente en la morgue, aunque todavía no pudo recuperar las prendas de su hijo ni las cartas que habría dejado antes de suicidarse, según le contaron los compañeros.

Lo más grave es que la Defensoría Zonal de la Boca Nº 14 citó a la mamá para conocer la situación de la internación del menor para el día 19 de mayo. Es decir que ni la Defensoría, ni el Consejo de Derechos de Niños/as y Adolescentes, ni la Asesoría General Tutelar habían sido informadas del suceso a un mes de  la muerte del adolescente.

La ONG incumplió con la Ley 114 de la Ciudad y con la Ley Nacional 26.061 al no informar de lo sucedido a los órganos competentes en Niñez. La Dirección General de Políticas en Adicciones tampoco había sido informada del suceso,n incumpliendo también con las leyes mencionadas. El Centro Juvenil Esperanza no puede ser conveniado nuevamente y merece juicio civil y penal. La falta de control del gobierno de Macri es alarmante.

Aquí el audio de la manifestación espontánea

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Esta semana se presentó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la Guía de Orientación a la Magistratura para la Adecuada Atención de las Personas Consumidoras de Sustancias Psicoactivas, un documento de la Comisión Interdisciplinaria de Expertos en Adicciones, en el marco de una jornada organizada por la diputada María Elena Naddeo, Presidenta de la Comisión Especial de Salud Mental de la Legislatura.
 
En las jornadas participé especialmente invitada, donde expuse algunos de los resultados del trabajo que viene haciendo la Unidad de Seguimiento de Políticas Públicas en Adicciones, que funciona en el ámbito de mi despacho y que dirige la Lic. Patricia Colace.

En el prólogo de la guía, Zaffaroni dice que el Estado no puede operar en forma compartimentalizada en esta tarea. Esto demuestra que están preocupados por la cuestión de represión en la producción y distribución de drogas pero, por otro lado, sostienen que el Estado debe hacerse cargo de las víctimas de las adicciones, no criminalizándolas sino atendiendo todas sus necesidades.

En mi exposición recordé la falta de reglamentación de la ley 2318 (sobre prevención y asistencia del consumo de sustancias psicoactivas) que tiene una visión interministerial. Lamentablemente no lo han entendido así los propios ministerios: el responsable directo de esta ley debe ser el Jefe de Gobierno y no se hace cargo de su responsabilidad; la ley supone una abordaje integral de las víctimas de las adicciones y lo que encontramos en la realidad es una departamentalización administrativa; el área de Desarrollo Social reglamentó su parte pero Salud todavía tiene deficiencias, y Educación y Seguridad todavía no empezó; entre otras falencias.

Celebro la aparición de esta guía porque está en sintonía con las intervenciones que hay que tener en la atención de las víctimas de adicciones.