un nuevo contrato moral
Decir basta y cambiar las reglas
El contrato moral es indispensable sustrato de una nueva democracia sustantiva, de paz y prosperidad.
La alianza moral se inscribe en millones y en la lucha perseverante por reinscribirla hasta que constituya una práctica generalizada. Sellar el contrato implica el compromiso de su traducción en normas jurídicas institucionales.
Toda sociedad que ha podido transitar hacia el futuro con desarrollo económico, justicia social y construcción de ciudadanía es porque ha sellado una alianza entre el libre albedrío y reglas morales básicas de carácter prohibitivo: la dignidad de una persona como la de un pueblo son el resultado de esa alianza y la caída en la indignidad es la consecuencia de su quiebre.
Cuando una política económica y social rompió todas las categorías morales, las mujeres y hombres pasan a ser medios de uso y abuso.
No matar, no mentir, no excluir, no humillar ni votar contra los pobres son cláusulas prohibitivas que se traducen luego, como derechos de ciudadanía, en la Carta Constitucional. Este es el acuerdo fundamental de una Nación que define de modo central la posibilidad de la congregación y construye un futuro común. No creemos en la lucha de clases, sino en la alianza moral de conciencias de todas las clases para luchar contra la exclusión y la pobreza.
Un nuevo contrato moral implica, una ciudadanía:
- De la alimentación de toda la sociedad.
- De la infancia por ingreso y derechos.
- De la tercera edad por ingresos y derechos.
- Con relación al trabajo individual, colectivo y comunitario.
- En el acceso a la educación de todas las generaciones.
- En el acceso a la salud, la atención primaria y los medicamentos.
- En el acceso a una vivienda.
- En el acceso a la cultura.
- Que garantice la igualdad de oportunidades y de trato de hombres y mujeres.
- En el acceso a una justicia independiente e imparcial, seleccionada por mérito.
Que garantice el acceso al diálogo a través del derecho a saber de la sociedad.
Un nuevo Contrato Moral como fundamento de la Paz, la Justicia y la Prosperidad
Violencia y fuga son rasgos de nuestra identidad presente que están profundamente imbricados. La imposibilidad de relatar la violencia nos ha impulsado a fugar hacia delante, montando quimeras que enmascaren lo que somos, lo que queremos ser. Romper las trampas y las ficciones es posible. Así podremos recuperar la solidaridad social y la esperanza de futuro. De eso se trata este contrato: de recobrar la ética sustantiva del reconocimiento del otro.
A mediados de la década del setenta, la última dictadura militar perpetró un genocidio perfectamente planeado para aniquilar, primero, y silenciar, después, toda forma de resistencia a la violencia social y económica que se ejerció desde el Estado. Los distintos proyectos de país que estaban en discusión en el seno de la sociedad desde los años sesenta fueron desaparecidos igual que los cuerpos de decenas de miles de trabajadores organizados, militantes políticos e intelectuales. Se impuso así un régimen económico que perpetró un escandaloso saqueo de la riqueza nacional, basado principalmente en políticas de endeudamiento público, fuga de capitales, transferencia de patrimonio público, caída del empleo y de los ingresos de las y los trabajadores.
Se trata de un modelo capitalista excluyente, ineficiente y depredador de recursos. La ganancia e inversión productivas fueron relegadas por la especulación financiera y la fuga de divisas. A esto se sumó la política tributaria regresiva con altos niveles de evasión –el peso de los impuestos cayó sobre los que menos tenían–, y al mismo tiempo se instaló la práctica de privilegiar a los grupos cercanos al poder político. Las tasas de la deuda pública fueron cada vez más elevadas. La concentración de la riqueza en manos de unos pocos y la fuga de los capitales son los principales rasgos de este modelo. Desde entonces, ante cada crisis económica se plantea como única salida la socialización de la deuda pública y se traslada a toda la población el costo de la acumulación privada.
El aumento de la deuda pública y la valoración de la actividad financiera por sobre la producción produjeron el cierre masivo de industrias, dejando a miles de trabajadores en la calle y precarizaron las condiciones de empleo de quienes todavía conservaban sus fuentes de trabajo. Mientras los grupos de capital concentrado, tanto nacionales como extranjeros se aliaban, los lazos sociales fueron desintegrándose. Cada vez más personas y recursos fueron excluidos del circuito productivo. Este proceso que fue desenvolviéndose en el campo económico, descargó toda su violencia en el ámbito social.
Sobre los desaparecidos de la dictadura militar, en los años que siguieron, la Argentina cavó lenta y pacientemente la fosa de los desaparecidos sociales. Se destruyó el principal vínculo de carácter social: el del ser humano y su trabajo.
La ciudadanía es hoy rehén de situaciones insoportables, propias de las sociedades más atrasadas. Como consecuencia de la exclusión, crece la espiral de violencia. Y esas víctimas, que buscan salidas desesperadas en el delito, devienen en victimarios.
Violencia de la palabra y de la comunicación
El lenguaje no es sólo un medio de expresión. Es una de las más importantes instituciones para el pleno desarrollo de los individuos y de la sociedad. Puede ser utilizado para imponer pretensiones de verdad o para inventar y crear realidades sociales inexistentes.
Hoy, la sociedad argentina asiste a una hegemonía del fatalismo en el lenguaje económico, político y social. Se pretende imponer un discurso único, incapaz de construir consenso y futuro, basado en las falsas premisas: “No hay otro camino”, “no hay alternativa económica”, “nada puede hacerse”.
Una avalancha de eufemismos ha impregnado el discurso público del país en los últimos tiempos. Así se han construido imágenes distorsionadas de las verdaderas formas de funcionamiento y de las consecuencias presentes y futuras del nuevo régimen de organización social que se ha entronizado.
Los cambios sociales impuestos desde el monopolio de la fuerza de la palabra, tanto como aquellos que se imponen desde el monopolio de la fuerza física, son excluyentes. Estimulan comportamientos vacíos de trascendencia y de proyección colectiva, alentados únicamente por rendimientos de muy corto plazo e intereses particulares.
Este monopolio del lenguaje congela un único sistema de interpretación del mundo, de la vida de las personas, y así, neutraliza toda posibilidad de transformación de la realidad social.
Se debe construir una nueva república desde el diálogo, rescatando el compromiso con la palabra, pero no cualquier palabra, sino aquella basada en la memoria, la verdad y la justicia. No la palabra de engaño y de dominación, la palabra traicionada por la clase dirigente argentina, que simula dialogar.
Violencia Institucional
La Constitución habla de República, de Estado, de soberanía, de derechos humanos y de bien común. Sin embargo, las prácticas corporativas y mafiosas se han arraigado en los tres poderes del Estado constituyendo un régimen antagónico a los principios fundantes de la Carta Magna.
El clientelismo, los negocios privados que se confunden con los asuntos públicos, la dominación corporativa, la partidización y el amiguismo en el acceso a los cargos judiciales y técnicos son consecuencia de esta tergiversación del sentido democrático.
Lo mismo sucede cuando los representantes del pueblo defienden intereses privados: quitan razón de ser a la voluntad popular que los ha elegido.
Cuando el Estado no asume la responsabilidad que le cabe y prescinde de observar las normas jurídicas más elementales para su funcionamiento termina penalizando tramposamente el reclamo social mediante la represión y la persecución penal arbitraria.
La brutal distancia que existe hoy entre las prácticas políticas reales y lo que prescribe el sistema jurídico formal es una de las propiedades sobresalientes de nuestro sistema institucional.
Hoy nos enfrentamos a una crisis institucional orgánica. No es meramente una crisis de representación o de representatividad, sino que el propio entramado institucional ha entrado en descomposición.
El nuevo Contrato Moral
La única respuesta a la violencia es la paz y el reconocimiento de la dignidad humana. La paz es fortaleza y libertad en la incertidumbre. Es renunciar a toda forma de violencia reconociendo al otro. La paz es ética de las convicciones más profundas, coraje para la perseverancia. Construir la paz demanda lucha interior y testimonio público.
Alcanzar un nuevo contrato moral exige asumir errores y responsabilidades, reconocer el pasado y asumirlo mediante el arrepentimiento y la renuncia explícita a repetir la historia.
La solución está en nacer de nuevo como sociedad. Desde la profundidad de nuestras conciencias. Debemos saber qué hacer con el pasado, con lo que hicimos y omitimos, lo que vimos y lo que violamos, con la culpa que impide hablar y nos lleva a negar la realidad. Hoy necesitamos reconstruir nuestra voluntad de transformación social profunda. El contrato moral exige nuestro compromiso con la justicia, con la paz, con la palabra, con la solidaridad, en una construcción colectiva que nos permita acceder al derecho de la dignidad humana, a la estabilidad social y a la búsqueda de una nueva prosperidad.
Debemos reconstruir el entramado institucional, político y social, sobre la base de principios morales que permitan una gobernabilidad alternativa y una refundación nacional.
En el ámbito público, la construcción de la paz exige reconocer a quienes han luchado inclaudicablemente por la verdad y la justicia e impulsar los procesos judiciales tendientes a lograr juicio y castigo a los responsables. Debemos reconstruir un espacio público donde la mentira y el engaño sean castigados socialmente e instaurar un sistema jurídico que premie la verdad y el mérito.
La ausencia de un contrato moral lleva a la desinstitucionalización económica y política, corrompe las sociedades y frena el desarrollo económico sostenido de una Nación.
El punto de partida
La construcción de un nuevo contrato moral es el punto de partida indispensable donde se asentará una verdadera democracia de paz y prosperidad; que es además, condición previa para lograr un desarrollo económico y la justicia social.
Para que exista un compromiso moral no es suficiente que un pueblo y sus gobernantes firmen un documento. La alianza moral se inscribe y sella en la conciencia de millones y en la lucha perseverante por reinscribirla todos los días, hasta que se constituya en práctica generalizada. Una nueva moral compartida, debe fundarse en dos conceptos de valor propositivo: la paz, como lucha por la verdad y la justicia y el respeto a la dignidad humana, en tanto reconocimiento del otro.
La propuesta es refundar una República en la que cada ciudadano sea respetado y donde se luche contra la humillación, la mentira y la exclusión. Para que cada argentina, cada argentino tenga la garantía de que se cumplirán sus derechos ciudadanos básicos.
Queremos asegurar para todos y para todas:
- La alimentación de toda la sociedad. La soberanía alimentaria es un objetivo prioritario del proyecto nacional.
- Ingresos y derechos para la infancia. Cada niño y cada niña contará con un ingreso ciudadano. El respeto de sus derechos constitucionales será inviolable, especialmente en materia penal
- Ingresos ciudadano y derechos para los adultos y adultas mayores.
- Trabajo individual, colectivo y/o comunitario, socialmente reconocido y económicamente retribuido, dirigido a fortalecer la dignidad personal.
- Acceso a la educación permanente e integrada a la vida comunitaria de todas y de todos, sin discriminación por edad.
- Acceso a la salud, la atención primaria y los medicamentos.
- Acceso a una vivienda digna.
- Acceso a la cultura.
- Igualdad de posibilidades y trato entre hombres y mujeres.
- Acceso a una justicia independiente e imparcial, seleccionada en base al mérito.
- Derecho a ser informado, a no ser manipulado por la desinformación.
Sólo a partir de un nuevo contrato moral se podrá refundar la República, ya sea a nivel económico, social, constitucional, político, cultural… En síntesis, una nueva manera de construir un futuro común y una República de Iguales. Una República en la que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar a cada uno de los argentinos y argentinas sus derechos ciudadanos.
