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igualdad de oportunidades

Desafios del Poder Judicial frente a la ley de identidad de genero, OM-CSJN

Dejo aqui una invitación para inscribirse al ciclo de videoconferencias de la Oficina de la Mujer (CSJN). En esta oportunidad estaremos conversando sobre la Ley de identidad de Género y el Poder Judicial. La cita es el miércoles 26 de septiembre, a las 15, en el Palacio de Justicia, Sala Gorostiaga. Talcahuano 550  4to piso, CABA

El ciclo de videoconferencias de la Oficina de la Mujer presenta los “Desafíos del Poder Judicial frente a la ley de identidad de género”

Disertará Diana Maffía el 26 de septiembre, a las 15, en el Palacio de Justicia

La Oficina de la Mujer (OM), a cargo de la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, invita a una exposición en el marco de su ciclo de videoconferencias: “Desafíos del Poder Judicial frente a la ley de identidad de género”. Se realizará el miércoles 26 de septiembre a las 15 horas, en la Sala Gorostiaga del máximo tribunal, Talcahuano 550  4to piso.

Disertará en esta oportunidad la prestigiosa doctora en Filosofía Diana Maffía, quien dirige el Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

Las personas interesadas en presenciar la conferencia podrán inscribirse en: omcapacitacion@csjn.gov.ar. Se entregarán certificados de asistencia.

Fuente: https://www.cij.gov.ar/nota-31959-El-ciclo-de-videoconferencias-de-la-Oficina-de-la-Mujer-presenta-los–Desaf-os-del-Poder-Judicial-frente-a-la-ley-de-identidad-de-g-nero-.html

La ESI en la Ciudad

Les dejo esta interesante nota sobre la Educación Sexual Integral en la Ciudad de Buenos Aires, escrita por Luciana Peker para Las/12 y publicada el pasado 21 de septiembre.

Con nosotres, no

Educacion | Un proyecto de ley que intenta ampliar la Educación Sexual Integral (ESI) se transformó en la nueva campaña de los grupos antiderechos que ahora reclaman la propiedad privada sobre sus hijos e hijas para que nadie “se meta” en su educación, intentando quitarles un derecho que les pertenece. La ministra de Educación porteña Soledad Acuña, sin embargo, advierte que la ley se tiene que cumplir y que esa no es decisión de padres o madres. En la práctica, una encuesta revela que el 78 por ciento de los y las docentes de CABA trabajó la ESI durante 2017.
Imagen: Joaquín Salguero

La Educación Sexual Integral es una ley, no una opción, ni un debate. Pero, frente al embate de sectores conservadores que pretenden derogar la obligación de enseñar en colegios privados y públicos, laicos y religiosos, desde el jardín de infantes y hasta el nivel terciario las herramientas para prevenir y detectar el abuso sexual en la infancia; el embarazo no buscado; la discriminación a lesbianas, gays, travestis y trans; los trastornos alimentarios derivados de estereotipos de belleza y la violencia de género en los noviazgos (entre otras cosas), se convoca a defender la Educación Sexual Integral, el 4 de octubre, en el Congreso de la Nación, a doce años de la aprobación de la norma.

En el debate sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo los argumentos conservadores se llenaban la boca con que el aborto no era necesario, que lo que se necesitaba era promover la educación sexual (así lo dijo Mirtha Legrand en su pelea televisiva con Jimena Barón en donde repetía que estaba en contra del aborto y a favor de la educación sexual, pero que los abusos sexuales en la Iglesia no eran graves porque “eso paso siempre”). Sin embargo, una vez frenada la ley, los sectores reaccionarios, en la misma clave que grupos evangélicos y conservadores en Latinoamérica y Europa, pretenden frenar o no cumplir con la ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI).

Sus lemas son “Con mis hijos no te metas” y “Los hijos son de los padres”. No son palabras sueltas, sino copiadas y pegadas de agrupaciones religiosas y transfóbicas de España, Brasil, Colombia y Perú. Intentan hacer retroceder el gran logro de la ESI: derribar la idea de propiedad privada de niños y niñas. Ahora los padres y las madres no pueden decidir que sus hijos e hijas no reciban Educación Sexual Integral (aunque están llegando cartas a escuelas para que determinados chicos y chicas no asistan o se retiren de clases con contenido de ESI) porque está consagrado como el derecho de alumnos y alumnas a recibir contenidos válidos, científicos, incorporados por los manuales de ESI del Ministerio de Educación de la Nación y no como una decisión de sus progenitores. A partir del 2006, con la aprobación de la ESI, la patria potestad quedo por debajo del derecho a conocer sobre su cuerpo, sus derechos y deseos de chicas y chicos. Y eso no tiene vuelta atrás.

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Mujeres en Ciencia y Tecnología en el C3

Comparto con ustedes esta invitación a participar el viernes 14 de septiembre, a las 9:30, en el C3, Sala 1 (Godoy Cruz 2270, Palermo), en la charla sobre Mujeres en Ciencia y Tecnología. Más información en el volante adjunto.

Inscripción: http://mujeresenciencia.mincyt.gob.ar/inscripcion.php

 

Presentación: Travestis, mujeres transexuales y tribunales: hacer justicia en la CABA

Les dejo esta invitación para participar del evento que se detalla a continuación. Les esperamos!

El Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires  y la Subsecretaría de Políticas de Género de la Facultad de Ciencias Sociales tienen el agrado de invitar a ustedes a la presentación del libro “Travestis, mujeres transexuales y tribunales: hacer justicia en la CABA” coordinado por Blas Radi y Mario Pecheny, y publicado por Editorial Jusbaires, que se realizará el martes 14 de agosto entre las 17 y las 19 hs en el Foyer, ubicado en la Planta Baja de la Facultad de Ciencias Sociales, Santiago del Estero 1029 , CABA.

La presentación estará a cargo de Blas Radi (docente e investigador de FFyL-UBA, activista de derechos humanos e integrante del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires); Mario Pecheny (Profesor de FSOC-UBA e investigador del CONICET); Florencia Guimarães García (fotógrafa, activista travesti, Corriente Nacional Lohana Berkins) y Diana Maffía (Directora del Observatorio de Género en la Justicia).

La actividad es abierta al público. Esperando que les resulte de interés, saludamos a Uds. muy cordialmente,

Observatorio de Género en la Justicia

observatoriodegenero@jusbaires.gov.ar

Tacuarí 124 3º A, CABA

Tel. 4014-6894/5

Desventuras del feto wi-fi, de Perfil

Comparto con ustedes esta columna que escribí para Perfil.com y fue publicada el 10 de junio.

Desventuras del feto wi-fi, operado desde un centro confesional

¿Cómo es este presente argentino que discute la ley? Detrás del símbolo del muñeco en las manifestaciones antiaborto hay una política y una idea del embarazo y del amor.

Con el debate parlamentario de la ley de interrupción voluntaria del embarazo asistimos a un momento histórico. Especialmente las mujeres lo vivimos así. En parte por el ámbito donde se produce, el Congreso, la institución que expresa la pluralidad de ideas políticas de una sociedad. Pero sobre todo porque estamos discutiendo el aborto, algo que impacta en la vida de todas las mujeres y que casi un siglo atrás fue legislado sin nosotras; y esta vez estamos presentes para que se consideren nuestras razones, nuestros testimonios y nuestras experiencias.

A pesar de desvíos y faltas de pertinencia insistentes, en la audiencia pública quedó claro que lo que se decide no es si las mujeres deben abortar o no (es un desafío unánime bajar el número de abortos) sino en qué condiciones lo harán. Las mujeres abortamos, la cifra es elocuente y el fracaso del camino punitivista también. El movimiento de mujeres, a través del socorrismo, hace años ha tomado en sus manos acompañar a las mujeres a abortar de modo seguro. El que está ausente es el Estado, y sobre eso se debe legislar. El desencuentro entre el Estado y las mujeres es lo que estamos subsanando, y esta legislatura deberá demostrar con su voto si en este encuentro nos considera o no ciudadanas capaces.

La criminalización del aborto no ha resultado eficaz para bajar el número, pero sí ha resultado eficaz para amenazar la vida, la salud y la autonomía de todas, las que parimos y las que abortamos. Porque fuimos objeto de un siglo de leyes insensibles a nuestras experiencias, donde nuestra condición adulta no nos evitó la tutela permanente. Y porque la aplicación de esas leyes también desoyó nuestras demandas sustituyendo la decisión de las mujeres por un conjunto de representantes de poderes patriarcales. En 1921, cuando se redactó el artículo del Código Penal que hoy intentamos cambiar, las mujeres éramos consideradas incapaces, pasábamos del dominio del padre al del marido, no votábamos, no legislábamos, no administrábamos nuestros bienes, no ejercíamos profesiones ni patria potestad sobre nuestros hijos, nuestra palabra no valía y ni siquiera podíamos ser testigos en un juicio. En nuestro sistema normativo no fuimos representadas sino sustituidas, no fuimos protegidas sino tuteladas.

Es una paradoja ética: la dignidad que se ha insistido en otorgar a un embrión, un ser en gestación potencialmente humano, se nos niega desde hace siglos a las mujeres. Se desconoce nuestra condición de sujetos morales, se obstruye nuestra autonomía y se debilita el reconocimiento de nuestra ciudadanía. La exclusión y la invisibilidad de las mujeres y otras personas gestantes en un asunto que nos impacta de un modo en que ninguna ley ni prohibición afecta a los varones tiene su ícono en un feto gigante que tomó el espacio público, en afiches, películas y alusiones donde se presenta a embriones con título universitario y se ignora a quien los porta en su útero como alguien que representa algo más que un recipiente desprovisto de trascendencia, de dignidad y de proyecto de vida propio. Quienes se oponen a la ley obsequiaron a los legisladores y legisladoras pequeños fetos en primorosas cajitas. Allí nos dicen qué somos para ellos las mujeres: NADA.

Como en procesión, vimos exhibir en las marchas antiderechos un gigantesco feto rosado, inviable sin una persona gestante pero orondamente independiente, un feto de nadie, con un cordón umbilical que no lo conecta a ningún cuerpo ni persona humana, un feto wi-fi que no se liga a una vida amorosa que lo anida y lo recibe con alegría (como debería ser desde un punto de vista humanista cualquier nacimiento) sino uno cuyo centro de operaciones son instituciones confesionales y misóginas, religiosas y académicas, que durante siglos han hablado por nosotras.

Nos hablan de prevención, al fin, pero no nos engañemos: los mismos que hoy argumentan en contra del derecho al aborto legal estuvieron en contra del divorcio vincular, de la patria potestad compartida, de la educación sexual, del acceso a la anticoncepción, del matrimonio igualitario, siempre con argumentos tremendistas que fueron desmentidos por la sociedad, porque lo que se obstaculiza y niega es que somos perfectamente capaces de hacer un uso racional de la ley. Esos segmentos de la sociedad que se autoatribuyen y ejercen con un poder de macho cruel una función de tutela sobre nosotras siguen tratándonos como menores de edad perpetuas. Estamos aquí un siglo después y todavía se pretende que debemos demostrar que podemos tomar decisiones autónomas sobre nuestra vida.

En un explícito abuso de poder, la cúpula de la Iglesia católica usó el tedéum oficial nacional y en las provincias para demandar la oposición a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Eso es ofensivo de muchas maneras. Se obliga a los legisladores y gobernantes en una fecha patria a recibir pasivamente las admoniciones extorsivas de una religión que tiene privilegios económicos y políticos, y lo hace en las voces de una institución que por motivos dogmáticos excluye a las mujeres, de modo que nunca deberán poner a prueba en sus cuerpos y decisiones morales sus dogmas sobre aborto. Si tuvieran en los púlpitos la persuasión dogmática buscada, no necesitarían esta insistencia para transformar el pecado en delito. Si sus castigos fueran eficaces, no necesitarían perseguirlo con la fuerza pública. Para un Estado laico, esta interferencia (sumada al privilegio de la financiación pública del culto) es claramente antidemocrática.

Los argumentos filosóficos formulados en contra de este proyecto de ley presentan notorias debilidades lógico-semánticas vinculadas con la comprensión de la vaguedad conceptual, la construcción del significado de los conceptos de clases naturales y la diferencia aristotélico-escolástica entre acto y potencia. No es este el espacio para exponerlas. Pero hay uno de otra índole que aparece en ámbitos culturales diferentes y que es ilustrativo de la difundida ceguera al trasfondo prejuicioso de numerosos opositores a este proyecto. Sin base en investigaciones científicas, sin siquiera apreciar su necesidad, con recurso a la mera intuición individual, se teme que la ley dispare un libertino descontrol sexual con ilimitado crecimiento de la tasa de embarazos, derivado de la incontinencia emocional y la inferioridad intelectual de las mujeres.

Es curioso que se pase por alto que, en las situaciones típicas, el embarazo requiere la participación de varones y que entonces, si acaso se disparase semejante desenfreno, el hecho revelaría en ellos pareja (al menos) torpeza moral e indigencia racional, difícilmente paliadas por hipotético recurso a circunstanciales intervenciones de serpientes diabólicas de incidencia exclusiva en las avanzadas mentes varoniles y cuya permanencia en las sombras servía muy bien al propósito de conservar, irracionalmente, un privilegio de género en la elaboración de las leyes.

El aborto constituye una demanda permanente del movimiento de mujeres desde el retorno de la democracia. En todos los Encuentros Nacionales de Mujeres se ha expresado de modo elocuente. En estas décadas nos hemos ocupado de desarmar muchas falacias, recolectar datos y evidencias genuinas y refinar nuestras razones. Muchas de esas razones han sido expuestas en las audiencias públicas. Los derechos de toda persona en relación con su sexualidad pueden ser reproductivos o no reproductivos, y el Estado debe garantizar ambos tipos de derechos con políticas adecuadas.

Las mujeres somos capaces de gestar, de parir, de amamantar, pero esa capacidad no puede transformarse en una obligación. Tenemos el derecho a una maternidad deseada y no el deber de una maternidad forzada. Un embarazo deseado coincide con la voluntad procreacional, y el Estado está obligado a garantizar el respeto a ese proyecto vital. Un embarazo forzado se da cuando no hay voluntad procreacional, o cuando hay obstáculos que nos dañan, y se evalúa entonces su continuidad o interrupción; y la persona gestante es quien debe decidirlo y debería tener derecho a interrumpirlo respaldada por el Estado.

Recordemos que el Código Civil establece la prioridad de la voluntad procreacional sobre la maternidad o paternidad biológica, pero las objeciones a la interrupción del embarazo pretenden que la mera condición de gestación obligue a la maternidad, aunque sea involuntaria o amenace con un daño o sea expresamente contradictoria con la voluntad de la persona gestante, y esto afecta su libertad y su dignidad. Se nos obliga a una conducta heroica, supererogatoria, y eso no es exigible moralmente. El punto es quién toma la decisión: esta es la cuestión política. Porque involucra relaciones de poder, y porque forma parte de la construcción de ciudadanía.

En este debate se decide si se reconoce el estatus moral de las mujeres para tomar decisiones autónomas sobre sus propias vidas, o si continuamos bajo tutela. La autonomía sobre el propio cuerpo gestante es un derecho inalienable; por ende, la clandestinización, la criminalización y la muerte por abortos inseguros no deberían ser NUNCA MAS una política de Estado. Lo que se discute es si una mujer que aborta debe ir presa o no, y si hacerlo de modo seguro o inseguro debe depender de su estatus económico; por eso se pide aborto legal, seguro y gratuito.

Quienes estamos a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo no intentamos imponer nuestras decisiones a quienes están en contra del aborto. Y nos hemos asegurado de que ninguna mujer sea obligada a abortar, porque su consentimiento debe ser explícito. Pero quienes objetan la ley pretenden imponer sus preferencias morales e impedir que el resto de la sociedad pueda planificar su vida con otras convicciones éticas. La ética es racional y crítica, no dogmática; el dogma es religioso. Quienes sigan un dogma podrán no abortar.

Que la interrupción voluntaria del embarazo se legalice es un hecho político que repara la desigualdad de poder en la apropiación de las decisiones sobre los cuerpos gestantes. Que no se legalice y se perpetúen los abortos clandestinos y riesgosos también es una acción política, esta vez a favor de la apropiación de los cuerpos gestantes como medios para fines que no son propios de su decisión autónoma. Y no considerar a las mujeres un fin en sí mismas es un hecho inmoral que nos obliga a un sometimiento indigno de la condición humana.

Por otra parte, se puede defender el derecho a la vida de las personas nacidas y en etapas gestacionales sin penalizar el aborto. La vida se defiende positivamente y no mediante prohibiciones; es bueno que algunas de las formas estatales de esta defensa positiva se hayan recordado en el debate. Cuando promovimos normas (todavía incumplidas y obstaculizadas) sobre educación sexual y acceso a la anticoncepción, lo hicimos pensando en la autonomía de las mujeres para evitar un embarazo no deseado y una maternidad forzada.

Nosotras defendemos la vida. La legalización disminuye las muertes maternas, y también disminuye el número de abortos. La conclusión es lógica: si quieren salvar las dos vidas, como dicen, aprueben la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

(Fuente www.perfil.com).