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autoradmin2 fecha19 Mar 2009 categoria comentariosDejá tu comentario

03/18 – Maffía adhiere a la Marcha Mundial por la Paz y la No violencia


La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires invita a la comunidad a la presentación oficial en Argentina de la Marcha Mundial por la Paz y la No violencia, a desarrollarse el próximo viernes 20 de marzo a las 18,30 hs. en el Salón Dorado de la Legislatura porteña. En la oportunidad la legisladora Diana Maffía, adherente a la marcha, les dará la bienvenida al recinto acompañada por el Vicepresidente 1º de la Legislatura Diego Santilli. Luego, el presidente de la ONG Mundo sin Guerras Javier Zaldarriaga contará las características de la Marcha Mundial por la Paz, que este año se realiza para recordar el centenario del nacimiento de Mahatma Gandhi.  Para este evento fueron invitad@s destacad@s personalidades del ambiente artístico, cultural e intelectual que ya expresaron su adhesión.  Claudia Puyó, Laura Albarracín, Divina Gloria y el grupo de tango rock Buenos Aires Negro son algun@s de l@s artistas que cerrarán el evento con un show artístico. Estará presente además el compositor Victorio Menghi, autor de la canción oficial de la Marcha “Se alzan las voces”. La Marcha Mundial por la Paz comenzará en Nueva Zelanda el 2 de octubre de 2009, Día Internacional de la No Violencia y finalizará en la cordillera de Los Andes, en Punta de Vacas al pie del Monte Aconcagua, el 2 de enero de 2010.  Los objetivos de la marcha son: señalar la urgencia del desarme nuclear y crear conciencia sobre la necesidad de la paz y la no violencia.     Durante estos 90 días, pasará por más de 90 países y 100 ciudades, en los cinco continentes. De manera casi simbólica un equipo de cien personas de distintas nacionalidades hará el recorrido completo y habrá actividades en más de 300 ciudades para difundir los objetivos. Para mas información ingrese a www.marchamundial.org.ar 

“Los varones nos comprometemos a respetar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas”

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Con estas palabras y con el compromiso de acompañar y generar acciones en defensa de los derechos de las mujeres, un grupo de varones representantes de colectivos sociales, políticos y culturales asistieron ayer al Acto en conmemoración del Día internacional de la mujer organizado por la Comisión Especial de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Varones y la Comisión de Mujer Infancia Adolescencia y Juventud de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El acto “Todas y todos”. Con los varones en la defensa de los derechos de las mujeres, tuvo el objetivo de que ellos se comprometan frente a mujeres reconocidas por su trabajo en la defensa de derechos, legisladores, legisladoras y el público en general a difundir y defender los derechos de las mujeres durante el año 2009.

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Mientras ellas iban enunciando sus derechos, ellos respondían comprometiéndose a luchar para conseguir el goce efectivo de los mismos. Una de las lecturas fue protagonizada por la prestigiosa periodista de Canal 13 Liliana Hendel quien expresó: “Todas las mujeres tenemos derecho a decidir si queremos ser madres. También tenemos derecho a decidir libremente en qué momento tener hijos y cuántos tener. Todas las mujeres tenemos derecho a la educación, información y medios que permitan hacer realidad estas decisiones. También tenemos derecho a elegir qué cuidados darle a nuestro cuerpo durante el embarazo y el parto”. A lo que el rabino rabino de la Comunidad Bet-el Daniel Goldman respondió: “Los varones nos comprometemos a estar codo a codo con nuestras compañeras en el momento de decidir ser madres y padres y durante el embarazo y el parto, respetando sus tiempos y sus deseos”.

También asistieron al acto especialmente invitados/as Mariana Romero, médica, investigadora asociada al Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES); Mariano Fernández Valle, activista autor del blog Masculinidades en Reconstrucción; Graciela Di Marco, socióloga, profesora Universidad de San Martín (UNSAM); Martín Bohmer, profesor de derecho y director de la Carrera de Derecho de la Universidad de San Andrés; Graciela Morgade, investigadora y profesora Universidad de Buenos Aires; Jorge Casin, Coordinador de la Agenda de los varones por la equidad; Zunilda Valenciano, Consejo directivo Nacional de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN); Jorge Vinacur, presidente de SOGIBA (Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires); Fanny Edelman, dirigente política; entre otros/as.

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“Éste es un intento para que los cuerpos de varones y mujeres no sean proyectos ya dibujados de una cultura, sino que sean una invitación a las libertades y a las utopías personales. Con este compromiso, quisimos distinguir a personas valiosas que luchan permanentemente por los derechos de las mujeres” resaltó la legisladora porteña Diana Maffía, presidenta de la Comisión Especial de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Varones durante el cierre del evento.

Lea aquí el compromiso

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autoradmin2 fecha13 Mar 2008 categoria comentariosDejá tu comentario

Vivir sin Violencia

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El proyecto Vivir sin Violencia comenzó en el año 2003 y es una iniciativa de diversas instituciones interesadas en erradicar una de las más graves y extendidas violaciones de los derechos humanos: la violencia contra las mujeres. Consideramos que para una intervención efectiva en esta situación se requiere una estrategia que considere las múltiples dimensiones que presenta el problema: a) la promoción de los derechos de las mujeres de manera tal que puedan ser exigidos, b) la visibilización de las prestaciones disponibles para las personas afectadas, c) el fortalecimiento del compromiso de las instituciones gubernamentales para proporcionar contención adecuada, especialmente el Poder Judicial y los servicios de Salud Pública y c) la sensibilización de la comunidad respecto de las diferentes manifestaciones de la violencia contra las mujeres.

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En el año 2003 se desarrolló la primera etapa del proyecto Vivir sin Violencia con la participación del Defensor del Pueblo de Vicente López, la Adjuntía en Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo de Avellaneda y la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología (RAGCYT). El primer objetivo era efectuar un relevamiento de los recursos para la asistencia de personas involucradas en situaciones de violencia contra las mujeres en Ciudad de Buenos Aires, Avellaneda y Vicente López. Los productos del primer año de trabajo son el diseño y la distribución de una base de datos de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en la materia en las tres localidades mencionadas. Por otra parte, en la Ciudad de Buenos Aires y en el partido de Vicente López organizamos la Campaña de la Cinta Blanca el día 25 de noviembre (Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres) a fin de sensibilizar a tomadores/as de decisiones respecto de la relevancia del compromiso institucional en lo referido a la violencia contra las mujeres.

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La segunda etapa del proyecto Vivir sin Violencia se llevó adelante durante el año 2004. Las instituciones que participaron fueron el Defensor del Pueblo de Vicente López y la Red Argentina de Género Ciencia y Tecnología (RAGCYT). Las actividades que realizamos en esta etapa son diversas: evaluación y actualización de la base de datos de recursos para la atención de violencia contra la mujeres; elaboración de un diagnóstico de necesidades basado en consultas grupales y entrevistas individuales con operadores/as de distintas reparticiones estatales que ofrecen atención especializada (personal del Programa de Salud Reproductiva, de los Centros Integrales de la Mujer de la Dirección General de la Mujer y de servicios hospitalarios especializados en violencia de la Ciudad de Buenos Aires) y representantes de organizaciones no gubernamentales que trabajan en la materia. Además, organizamos jornadas de trabajo a fin de consensuar buenas prácticas para la atención de violencia con la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Vicente López. Por último, las integrantes del proyecto Vivir sin Violencia participamos de un seminario con Ann Hamilton, miembro del consejo de Zero Tolerance Charitable Trust una organización británica que desde el año 1995 desarrolla campañas de comunicación de prevención de la violencia masculina contra mujeres y niños/as.

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En los años 2005 y 2006 trabajamos en la tercera etapa del proyecto Vivir sin Violencia, que implicó el diseño y la producción de herramientas de comunicación que sirvan tanto para sensibilizar acerca de la violencia contra las mujeres como un problema social acuciante como para difundir los principales servicios de atención de violencia relevados. Entre las herramientas de comunicación producidas se encuentra una serie de afiches y la versión impresa de una Guía de Recursos para la atención de violencia.
Esperamos que la serie de afiches y la guía de recursos constituyan un instrumento útil para quienes trabajan cotidianamente con mujeres afectadas por la violencia y que contribuyan a visibilizar tanto los esfuerzos que se están realizando en la atención de mujeres que atraviesan situaciones de violencia como el camino que aún nos queda por recorrer para garantizar el ejercicio del derecho a una vida libre de violencia de las y los integrantes de nuestras comunidades.

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Equipo Campaña Vivir sin Violencia

Andrea Conde
Gladys Daverio
María Isabel Gómez
Carmen hernáez
Diana Maffia
Aluminé Moreno


autoradmin2 fecha28 Ene 2008 categoria comentariosDejá tu comentario

un nuevo contrato moral

Decir basta y cambiar las reglas

El contrato moral es indispensable sustrato de una nueva democracia sustantiva, de paz y prosperidad.

La alianza moral se inscribe en millones y en la lucha perseverante por reinscribirla hasta que constituya una práctica generalizada. Sellar el contrato implica el compromiso de su traducción en normas jurídicas institucionales.

Toda sociedad que ha podido transitar hacia el futuro con desarrollo económico, justicia social y construcción de ciudadanía es porque ha sellado una alianza entre el libre albedrío y reglas morales básicas de carácter prohibitivo: la dignidad de una persona como la de un pueblo son el resultado de esa alianza y la caída en la indignidad es la consecuencia de su quiebre.

Cuando una política económica y social rompió todas las categorías morales, las mujeres y hombres pasan a ser medios de uso y abuso.

No matar, no mentir, no excluir, no humillar ni votar contra los pobres son cláusulas prohibitivas que se traducen luego, como derechos de ciudadanía, en la Carta Constitucional. Este es el acuerdo fundamental de una Nación que define de modo central la posibilidad de la congregación y construye un futuro común. No creemos en la lucha de clases, sino en la alianza moral de conciencias de todas las clases para luchar contra la exclusión y la pobreza.

Un nuevo contrato moral implica, una ciudadanía:

  • De la alimentación de toda la sociedad.
  • De la infancia por ingreso y derechos.
  • De la tercera edad por ingresos y derechos.
  • Con relación al trabajo individual, colectivo y comunitario.
  • En el acceso a la educación de todas las generaciones.
  • En el acceso a la salud, la atención primaria y los medicamentos.
  • En el acceso a una vivienda.
  • En el acceso a la cultura.
  • Que garantice la igualdad de oportunidades y de trato de hombres y mujeres.
  • En el acceso a una justicia independiente e imparcial, seleccionada por mérito.

Que garantice el acceso al diálogo a través del derecho a saber de la sociedad.

Un nuevo Contrato Moral como fundamento de la Paz, la Justicia y la Prosperidad

Violencia y fuga son rasgos de nuestra identidad presente que están profundamente imbricados. La imposibilidad de relatar la violencia nos ha impulsado a fugar hacia delante, montando quimeras que enmascaren lo que somos, lo que queremos ser. Romper las trampas y las ficciones es posible. Así podremos recuperar la solidaridad social y la esperanza de futuro. De eso se trata este contrato: de recobrar la ética sustantiva del reconocimiento del otro.

A mediados de la década del setenta, la última dictadura militar perpetró un genocidio perfectamente planeado para aniquilar, primero, y silenciar, después, toda forma de resistencia a la violencia social y económica que se ejerció desde el Estado. Los distintos proyectos de país que estaban en discusión en el seno de la sociedad desde los años sesenta fueron desaparecidos igual que los cuerpos de decenas de miles de trabajadores organizados, militantes políticos e intelectuales. Se impuso así un régimen económico que perpetró un escandaloso saqueo de la riqueza nacional, basado principalmente en políticas de endeudamiento público, fuga de capitales, transferencia de patrimonio público, caída del empleo y de los ingresos de las y los trabajadores.

Se trata de un modelo capitalista excluyente, ineficiente y depredador de recursos. La ganancia e inversión productivas fueron relegadas por la especulación financiera y la fuga de divisas. A esto se sumó la política tributaria regresiva con altos niveles de evasión –el peso de los impuestos cayó sobre los que menos tenían–, y al mismo tiempo se instaló la práctica de privilegiar a los grupos cercanos al poder político. Las tasas de la deuda pública fueron cada vez más elevadas. La concentración de la riqueza en manos de unos pocos y la fuga de los capitales son los principales rasgos de este modelo. Desde entonces, ante cada crisis económica se plantea como única salida la socialización de la deuda pública y se traslada a toda la población el costo de la acumulación privada.

El aumento de la deuda pública y la valoración de la actividad financiera por sobre la producción produjeron el cierre masivo de industrias, dejando a miles de trabajadores en la calle y precarizaron las condiciones de empleo de quienes todavía conservaban sus fuentes de trabajo. Mientras los grupos de capital concentrado, tanto nacionales como extranjeros se aliaban, los lazos sociales fueron desintegrándose. Cada vez más personas y recursos fueron excluidos del circuito productivo. Este proceso que fue desenvolviéndose en el campo económico, descargó toda su violencia en el ámbito social.

Sobre los desaparecidos de la dictadura militar, en los años que siguieron, la Argentina cavó lenta y pacientemente la fosa de los desaparecidos sociales. Se destruyó el principal vínculo de carácter social: el del ser humano y su trabajo.

La ciudadanía es hoy rehén de situaciones insoportables, propias de las sociedades más atrasadas. Como consecuencia de la exclusión, crece la espiral de violencia. Y esas víctimas, que buscan salidas desesperadas en el delito, devienen en victimarios.

Violencia de la palabra y de la comunicación

El lenguaje no es sólo un medio de expresión. Es una de las más importantes instituciones para el pleno desarrollo de los individuos y de la sociedad. Puede ser utilizado para imponer pretensiones de verdad o para inventar y crear realidades sociales inexistentes.

Hoy, la sociedad argentina asiste a una hegemonía del fatalismo en el lenguaje económico, político y social. Se pretende imponer un discurso único, incapaz de construir consenso y futuro, basado en las falsas premisas: “No hay otro camino”, “no hay alternativa económica”, “nada puede hacerse”.

Una avalancha de eufemismos ha impregnado el discurso público del país en los últimos tiempos. Así se han construido imágenes distorsionadas de las verdaderas formas de funcionamiento y de las consecuencias presentes y futuras del nuevo régimen de organización social que se ha entronizado.

Los cambios sociales impuestos desde el monopolio de la fuerza de la palabra, tanto como aquellos que se imponen desde el monopolio de la fuerza física, son excluyentes. Estimulan comportamientos vacíos de trascendencia y de proyección colectiva, alentados únicamente por rendimientos de muy corto plazo e intereses particulares.

Este monopolio del lenguaje congela un único sistema de interpretación del mundo, de la vida de las personas, y así, neutraliza toda posibilidad de transformación de la realidad social.

Se debe construir una nueva república desde el diálogo, rescatando el compromiso con la palabra, pero no cualquier palabra, sino aquella basada en la memoria, la verdad y la justicia. No la palabra de engaño y de dominación, la palabra traicionada por la clase dirigente argentina, que simula dialogar.

Violencia Institucional

La Constitución habla de República, de Estado, de soberanía, de derechos humanos y de bien común. Sin embargo, las prácticas corporativas y mafiosas se han arraigado en los tres poderes del Estado constituyendo un régimen antagónico a los principios fundantes de la Carta Magna.

El clientelismo, los negocios privados que se confunden con los asuntos públicos, la dominación corporativa, la partidización y el amiguismo en el acceso a los cargos judiciales y técnicos son consecuencia de esta tergiversación del sentido democrático.

Lo mismo sucede cuando los representantes del pueblo defienden intereses privados: quitan razón de ser a la voluntad popular que los ha elegido.

Cuando el Estado no asume la responsabilidad que le cabe y prescinde de observar las normas jurídicas más elementales para su funcionamiento termina penalizando tramposamente el reclamo social mediante la represión y la persecución penal arbitraria.

La brutal distancia que existe hoy entre las prácticas políticas reales y lo que prescribe el sistema jurídico formal es una de las propiedades sobresalientes de nuestro sistema institucional.

Hoy nos enfrentamos a una crisis institucional orgánica. No es meramente una crisis de representación o de representatividad, sino que el propio entramado institucional ha entrado en descomposición.

El nuevo Contrato Moral

La única respuesta a la violencia es la paz y el reconocimiento de la dignidad humana. La paz es fortaleza y libertad en la incertidumbre. Es renunciar a toda forma de violencia reconociendo al otro. La paz es ética de las convicciones más profundas, coraje para la perseverancia. Construir la paz demanda lucha interior y testimonio público.

Alcanzar un nuevo contrato moral exige asumir errores y responsabilidades, reconocer el pasado y asumirlo mediante el arrepentimiento y la renuncia explícita a repetir la historia.

La solución está en nacer de nuevo como sociedad. Desde la profundidad de nuestras conciencias. Debemos saber qué hacer con el pasado, con lo que hicimos y omitimos, lo que vimos y lo que violamos, con la culpa que impide hablar y nos lleva a negar la realidad. Hoy necesitamos reconstruir nuestra voluntad de transformación social profunda. El contrato moral exige nuestro compromiso con la justicia, con la paz, con la palabra, con la solidaridad, en una construcción colectiva que nos permita acceder al derecho de la dignidad humana, a la estabilidad social y a la búsqueda de una nueva prosperidad.

Debemos reconstruir el entramado institucional, político y social, sobre la base de principios morales que permitan una gobernabilidad alternativa y una refundación nacional.

En el ámbito público, la construcción de la paz exige reconocer a quienes han luchado inclaudicablemente por la verdad y la justicia e impulsar los procesos judiciales tendientes a lograr juicio y castigo a los responsables. Debemos reconstruir un espacio público donde la mentira y el engaño sean castigados socialmente e instaurar un sistema jurídico que premie la verdad y el mérito.

La ausencia de un contrato moral lleva a la desinstitucionalización económica y política, corrompe las sociedades y frena el desarrollo económico sostenido de una Nación.

El punto de partida

La construcción de un nuevo contrato moral es el punto de partida indispensable donde se asentará una verdadera democracia de paz y prosperidad; que es además, condición previa para lograr un desarrollo económico y la justicia social.

Para que exista un compromiso moral no es suficiente que un pueblo y sus gobernantes firmen un documento. La alianza moral se inscribe y sella en la conciencia de millones y en la lucha perseverante por reinscribirla todos los días, hasta que se constituya en práctica generalizada. Una nueva moral compartida, debe fundarse en dos conceptos de valor propositivo: la paz, como lucha por la verdad y la justicia y el respeto a la dignidad humana, en tanto reconocimiento del otro.

La propuesta es refundar una República en la que cada ciudadano sea respetado y donde se luche contra la humillación, la mentira y la exclusión. Para que cada argentina, cada argentino tenga la garantía de que se cumplirán sus derechos ciudadanos básicos.

Queremos asegurar para todos y para todas:

  • La alimentación de toda la sociedad. La soberanía alimentaria es un objetivo prioritario del proyecto nacional.
  • Ingresos y derechos para la infancia. Cada niño y cada niña contará con un ingreso ciudadano. El respeto de sus derechos constitucionales será inviolable, especialmente en materia penal
  • Ingresos ciudadano y derechos para los adultos y adultas mayores.
  • Trabajo individual, colectivo y/o comunitario, socialmente reconocido y económicamente retribuido, dirigido a fortalecer la dignidad personal.
  • Acceso a la educación permanente e integrada a la vida comunitaria de todas y de todos, sin discriminación por edad.
  • Acceso a la salud, la atención primaria y los medicamentos.
  • Acceso a una vivienda digna.
  • Acceso a la cultura.
  • Igualdad de posibilidades y trato entre hombres y mujeres.
  • Acceso a una justicia independiente e imparcial, seleccionada en base al mérito.
  • Derecho a ser informado, a no ser manipulado por la desinformación.

Sólo a partir de un nuevo contrato moral se podrá refundar la República, ya sea a nivel económico, social, constitucional, político, cultural… En síntesis, una nueva manera de construir un futuro común y una República de Iguales. Una República en la que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar a cada uno de los argentinos y argentinas sus derechos ciudadanos.