2008/10/03 Página 12 – Cómo evitar que se impida un derecho

por Mariana Carbajal 

La Comisión de Salud de la Legislatura porteña abre hoy la discusión sobre los proyectos que buscan unificar el criterio en los casos de aborto autorizados por el Código Penal. Expondrán varios expertos y se prevé una sesión con polémica

La Legislatura porteña comenzará a debatir hoy en una audiencia pública con expertos y expertas los proyectos de regulación de los abortos no punibles previstos en el artículo 86 del Código Penal. La reunión está convocada para empezar a las 11 en el Salón Montevideo. Y se presume que será movida por las posiciones enfrentadas que despierta el tema. La primera media hora estará destinada a manifestaciones del público. En total, serán cuatro encuentros entre octubre y noviembre: para el último ya comprometió su presencia el ex ministro de Salud de la Nación Ginés González García.

Las audiencias fueron acordadas en el marco de la Comisión de Salud, que preside la macrista Lidia Saya. En ese ámbito se inició la discusión de los cuatro proyectos para reglamentar la atención de los abortos no punibles presentados por Diana Maffía, de la Coalición Cívica; Gabriela Alegre, de Diálogo por Buenos Aires, y Juan Cabandié y Pablo Failde, ambos del Frente para la Victoria. Aunque tienen algunas diferencias, los cuatro textos establecen que no se debe exigir una autorización judicial para llevar adelante la práctica médica en hospitales porteños, si encuadran en los supuestos de los incisos 1º y 2º del artículo 86 del Código Penal.

Para hoy fueron invitados a exponer la investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) Mariana Romero, quien coordinó el equipo interdisciplinario autor de la Guía Técnica para la Atención Integral del Aborto no Punible, elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación, bajo la gestión del ex ministro González García; el presidente de la Corporación de Abogados Católicos, Alberto Solanet, y la coordinadora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la ciudad de Buenos Aires, Silvia Oizerovich, médica especialista en ginecología endocrinológica del Hospital Pirovano, vicepresidenta de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (Amada) y ex titular de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil. Los nombres de los expositores fueron propuestos por legisladores de la Comisión de Salud. Las posturas enfrentadas dentro de un mismo bloque quedaron en evidencia en la Coalición Cívica con los especialistas sugeridos. El presidente de la bancada, Enrique Olivera, invitó a Solanet, conocido por sus posturas ultraconservadoras, para quien el aborto siempre es un crimen y no deberían existir excepciones que no lo penalicen. Maffía, en cambio, invitó a Romero, una médica partidaria de allanar el camino para que no se obstaculicen los abortos no punibles. Las mismas diferencias se dan al interior de otros bloques también.

Las demás audiencias se efectuarán los viernes 17 y 31 de octubre y 14 de noviembre. Todavía no están definidos los expositores de cada encuentro, pero ya confirmó su presencia, a partir de una invitación del kirchnerista Cabandié, el ex ministro González García, actual embajador en Chile.

Asesores de Alegre, Failde, Maffía y Cabandié avanzaron en los últimos días en un borrador que unifica los cuatro textos en debate y cuyos aspectos centrales son los siguientes:

– En la misma línea que el proyecto de ley que el kirchnerismo presentó en los últimos días en la Cámara de Diputados, interpreta que el artículo 86 habilita cuatro situaciones en las cuales no es punible el aborto: cuando corre peligro la vida de la mujer; cuando está en peligro su salud; en casos de violación (a cualquier mujer) y si el embarazo proviene de un abuso sexual a una mujer con discapacidad mental.

– Para la constatación de los casos de violación o abuso sexual, el médico tratante deberá solicitar que se le exhiba una constancia de denuncia policial o trámite judicial, que se incorporará a la historia clínica.

– Todo hospital tiene la obligación de garantizar la permanente disponibilidad de profesionales no objetores.

– La interrupción del embarazo debe realizarse en un plazo no mayor a los diez días corridos desde la solicitud de la mujer o de su representante legal.

– Un solo médico evaluará si el caso encuadra en los supuestos de no punibilidad. Se prohíbe la imposición de exigencias adicionales como que sean más profesionales los que se tengan que expedir o la intervención de un comité de bioética o la autorización de un juez.

Después de debatirse y aprobarse un dictamen en la Comisión de Salud, está previsto que el tema pase a las comisiones de Mujer y Justicia. Originalmente no estaba previsto que pasara por Justicia, pero el macrismo -tal como reveló PáginaI12- logró días atrás un giro adicional a ese ámbito, donde tiene amplia mayoría.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-112655-2008-10-03.html

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