2008/10/02 El Argentino – El remedio es peor que la enfermedad

Jorge Rey, interventor Pro de ObSBA, realizó millonarias contrataciones directas e insólitos gastos en publicidad. Los privilegios de su chofer.

Por Carlos Romero y Franco Mizrahi

Cuando el interventor Jorge Rey desembarcó en la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA), su objetivo era claro: poner a esa entidad «en caja», con una gestión de claro estilo PRO. Lo primero se viene dando a la perfección, pero la meta de normalizar la ObSBA parece cada vez más lejana. Lo que Rey sí puede reclamar como un logro personal es haber sido el que dio el puntapié inicial para el pacto de no agresión y mutua conveniencia que esta semana rubricaron el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y la cúpula del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad (Sutecba).

La decisión de Macri de discontinuar a los trabajadores públicos mayores de 60 años, y la aprobación silenciosa de Sutecba, revelan un trato que viene gestándose hace meses entre las dos facciones que estuvieron enfrentadas por el control de la ObSBA, cuando el macrismo acusó al gremio de malversación de fondos e intervino para «traer orden». Pero, lejos de eso, Rey parece seguir la misma línea de irregularidades que sus antecesores, con los que ahora se asocia. Sobreprecios, despilfarro y advertencias de la Auditoría que pocos escuchan. Una vez más, el viejo truco de cambiar algo para no cambiar nada.

Cuadro. Tiempo antes de intervenir en la ObSBA, Rey (de 60 años, casado y con cuatro hijos) se fogueó en la relación entre el Estado y el sector privado, el manejo del personal y la negociación con los sindicatos. Como muchos de los hombres del jefe porteño, su pasado se vincula a las empresas del Grupo Macri: desde 1976 hasta 1985 trabajó para la constructora IECSA, una de las patas de SOCMA, el holding que Franco Macri, papá de Mauricio, recientemente decidió vender a su sobrino Ángelo Calcaterra. En IECSA, Rey fue gerente de relaciones industriales, un rol que desempeñó en diferentes compañías, hasta que su amigo y ex jefe le encomendó hacer pie en ObSBA.
Desde que Rey llegó a la obra social, dejó en claro que su perfil es el de un macrista puro: se mueve casi como si estuviese en una de las empresas por donde formó su currículum, no se preocupa demasiado por las formalidades y controles que exige el derecho administrativo, y prefiere la compañía del sector privado a los mecanismos estatales. Por eso, no dudó en destinar gran parte del presupuesto de la ObSBA a la contratación (generalmente a dedo y sin llamados a licitación) de varias consultoras:

– Punto Doxa SRL realizó un «proyecto de investigación cualitativa de la marca ObSBA», con un costo de 48.400 pesos.
– La consultora internacional Watson Waytt prestó servicios para «contar con la mejor información sobre la cobertura social ofrecida a los afiliados».
– Segón y Asociados, firma radicada en Salta y especializada en materia previsional, trabajó en «los agentes próximos a jubilarse».
– Hidalgo y Asociados, y HS Consultora Latin America también fueron contratadas.
– Videco SRL, dedicada al rubro de la seguridad privada, firmó un acuerdo de 2.118.413 pesos por 12 meses.
– Bernardo Hidalgo SRL realizó informes para «establecer parámetros y procedimientos que permitan optimizar la planificación de recursos humanos», y cobró 28 mil pesos.

Un caso insignia es el de Gladys Meich y Asociados, consultora contratada en tres oportunidades. El 17 de abril, en una de sus primeras resoluciones, Rey le encomendó una «auditoría de corte» para determinar el estado de la ObSBA previa intervención. Después, le pidió que trabajara sobre los estados contables y, por último, en la «revisión de procesos y procedimientos» para diagnosticar el funcionamiento del organismo. Sumadas, estas dos últimas resoluciones fijan un valor de 513.000 pesos, en tanto que la auditoría de corte -el más arduo de los trabajos pedidos a la consultora- aún no tiene un costo estipulado. Según fuentes extraoficiles cercanas a la ObSBA, el monto total abonado a Gladys Meich por los tres informes podría superar el millón de pesos.
Si se bucea en los trabajos anteriores de esta firma, la mayoría de las empresas que auditó la contadora Gladys Elizabeth Meich -titular de la consultora- son o fueron propiedad de los Macri: Sevel, Manliba, Ecol o Transmetro, entre otras. También realizó informes para Madero Plaza SA, de Nicolás Caputo, un «íntimo» de Mauricio.
Esta «confianza» explica que en su resolución Nº 415 del 4 de agosto pasado, Rey haya aprobado un acuerdo para la prestación de servicios profesionales, bajo la modalidad de «préstamo de personal», con la firma Sinectra SA, consultora que entre sus dueños tiene justamente a la antes mencionada contadora Gladys Meich. El costo es de unos 83.000 pesos por cuatro meses, pero lo que podría derivar en un escándalo es que el contrato es para una sola persona -«un profesional Senior», según aclara en sus considerandos la resolución firmada por Rey- que tendrá un increíble sueldo semanal de 4.598 pesos.

Pauta. Sólo entre mayo y julio de este año, la ObSBA distribuyó 324.310 pesos en pauta publicitaria radial, televisiva y online. Suena extraño una erogación tan alta en una obra social con un público cautivo. Quizás este sea el camino hacia la desregulación que busca el jefe porteño Mauricio Macri, aunque este argumento choca con las palabras del propio Rey, que suele defenderse explicando que él no hace más que seguir prácticas de gestiones anteriores. Justamente esas que su intervención debería buscar erradicar.
«Los avisos tuvieron como destino mostrar que el hospital de la ObSBA está totalmente renovado, cuando a muchos de los usuarios les reprogramaron la asistencia o les negaron subsidios que debían recibir», explica la diputada porteña Diana Maffía, de la Coalición Cívica. «Si es necesario un segundo período al frente de la obra social, como exigen desde el macrismo, es porque no hay nada que publicitar», remata la legisladora.
Fiel a su estilo, Rey no dudó en sacarle punta al lápiz para hacer contrataciones directas. Desde su llegada hasta el primero de agosto pasado, la ObSBA llevaba gastados casi cinco millones y medio de pesos a través de este mecanismo, que cuando se vuelve sistemático puede derivar en discrecionalidades, tanto en el manejo de fondos como en la elección de las empresas. Más allá de la autarquía de que goza un organismo como la obra social porteña, el estilo que le imprimió Rey a su gestión tiene niveles de control muy débiles si se los equipara con lo que dispone la ley de compras de la Ciudad.
«Las contrataciones directas estaban al arbitrio del interventor y él las explotó. Lo más sospechoso son los casos de las consultoras, como Gladys Meich. No se entiende por qué Rey no confió en la Auditoría General de la Ciudad para realizar esos trabajos», remarcó Maffía. En ese ente de control -que sigue de cerca la gestión de Rey y ya reveló varias irregularidades en la ObSBA- se preguntan lo mismo: para qué pagarle a  privados si la propia Auditoría viene realizando, con costo cero, un examen exhaustivo.
Pero las quejas no se agotan en las desprolijidades administrativas. El personal de la propia ObSBA admite que los contratos con los prestadores que brindan atención sanatorial son elevados en relación a los precios de mercado. Por citar dos ejemplos, para un socio de esta obra social, un servicio de obstetricia o una internación clínico-quirúrgica puede terminar resultándole más cara que si la abonara de forma privada.
El dinero que Rey dedica al gasto publicitario y a su task force de consultoras privadas no parece condecirse con una intervención que vino a poner orden en las cuentas -la ObSBA tiene un pasivo de casi 120 millones de pesos- y ajustar gastos desmedidos.

Como un duque. Un detalle de color que pinta la gestión de Rey es la contratación de un «servicio de automóvil con chofer» por 45 mil pesos. Según la resolución Nº 32, se trata de Hugo Antonio Zapata y su Renault Clio TD 2005, a quien se contrató desde el 1 de marzo de este año hasta el 31 de diciembre por 4.500 pesos al mes. Quienes caminan los ajetreados pasillos de la ObSBA aseguran que es el chofer particular del interventor macrista. Otro dato: a Zapata lo contrataron en abril, pero está trabajando desde marzo.
Veintitrés intentó contactarse con el interventor en varias oportunidades, pero al cierre de esta edición Rey no había respondido. Tal vez, tan acostumbrado al sector privado, cree que no debe dar respuestas sobre la forma en que se manejan los fondos públicos.

http://www.elargentino.com/nota-8835-El-remedio-es-peor-que-la-enfermedad.html

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