Diana Maffía

En una conferencia de prensa realizada ayer en la Legislatura porteña, el juez Roberto Gallardo denunció al Ejecutivo porteño por desplazarlo de su función “a través de una maniobra procesal”. El magistrado, que fue recusado por la Procuración General de la ciudad en aproximadamente 400 causas, denunció “el avasallamiento sobre el Poder Judicial” y le pidió al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, la renuncia del procurador Pablo Tonelli. Pocas horas después, en otra conferencia de prensa, el ministro de Justicia de la ciudad, Guillermo Montenegro, y el propio Tonelli le respondieron que “en ningún momento es intención del gobierno apartar a un juez de sus expedientes” y anticiparon que analizan todas sus actuaciones para iniciarle un proceso de juicio político. Legisladores de la oposición estudiaban pedir la interpelación del procurador, mientras que asociaciones de abogados y colegas del juez le manifestaron su apoyo y criticaron la actitud del macrismo.

Al comenzar la conferencia de prensa, el juez Gallardo relató que el gobierno porteño, “mediante un artilugio”, le “armó” un juicio por daños y perjuicios. La acción se inició el miércoles pasado, el mismo día en que, por otro caso, Gallardo había allanado siete oficinas públicas y citado a una “audiencia de explicaciones” a Macri y parte de su gabinete. Al día siguiente, comenzaron a llegar los cientos de pedidos de recusación al juzgado. “El jefe de Gobierno tiene que saber que sus decisiones avanzan hacia la ruptura del orden constitucional local y eso está claramente prescripto en la Constitución”, sentenció Gallardo. Y agregó que sienta “un antecedente central para cualquier intento de intervención federal”.

Para el gobierno porteño, el juez es responsable de la pérdida de intereses por 136.876 pesos, generada por un embargo que Gallardo dispuso para la construcción de viviendas sociales en el predio de Casa Amarilla. Según los vecinos del lugar, Macri planea la venta de esos terrenos al club Boca. Ahora, tanto el juez como los que reclamaban las viviendas fueron querellados.

“Es un tema en el cual no está ni probado el error judicial ni acreditada la ilegalidad de mi decisión, sino todo lo contrario”, sostuvo Gallardo. Consideró que se trata de una “muy clara orden política” para dejarlo sin expedientes. El juez, que le trajo más de un dolor de cabeza a Macri con sus intervenciones, aseguró que el desencadenante de las recusaciones masivas fue la investigación que lleva adelante por la muerte de un bebé de cuatro meses en el centro de evacuados de Villa el Cartón.

“Ese lugar cumple hoy con todos los requisitos para violar la mayoría de los derechos humanos de los cuales nuestro país es signatario. Hacinamiento, desnutrición, problemas de acceso a la educación, falta de agua potable, falta de servicios de salud. Hay centenares de personas en total indignidad”, dijo Gallardo, quien agregó que esa situación la venían denunciado el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo de la ciudad hace aproximadamente un año. Tras la muerte del bebé, el juez citó a los funcionarios porteños para que explicaran por qué desconocieron las intimaciones y no enviaron un solo médico al lugar donde viven 335 familias.

“Ese episodio no tiene nada que ver con la demanda que le hemos interpuesto al juez Gallardo ni con las recusaciones, es un caso que está fuera de discusión”, respondió Tonelli. “El hecho es, por supuesto, lamentable”, aclaró. Ante la acusación de vaciamiento del juzgado, el ministro de Justicia advirtió que las recusaciones se tratan de “un remedio procesal” que poseen las partes y que el magistrado “no puede ampararse en ello para llevar adelante una conferencia de prensa política”.

Además, el procurador agregó que el magistrado fue recusado “solamente en los juicios de amparo y en las medidas cautelares que deben ser unos 400 expedientes”. Según el funcionario, todavía debe tener otros 10 mil expedientes, en cuya mayoría el gobierno porteño es parte. “No lo hemos recusado, por ejemplo, en las ejecuciones fiscales”, completó.

Sin embargo, la respuesta del macrismo apuntó a las supuestas posiciones políticas del magistrado. “Un juez debe hablar a través de sus expedientes y no en una conferencia de prensa”, dijo Montenegro, quien le recomendó que si tiene aspiraciones políticas se presente a elecciones. El ministro de Justicia también apuntó contra los legisladores de la oposición que acompañaron a Gallardo en su conferencia. “Lo grave es que, so pretexto de la división de poderes, se están entrometiendo en el Poder Judicial.” El mensaje fue para los diputados porteños Martín Hourest, Gonzalo Ruanova, Verónica Goméz, Julián D’Angelo, Diana Maffía, Liliana Parada y Juan Cabandié.

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