2008/08/06 NU – Aníbal Fernández ve legalidad en los prostíbulos

El funcionario minimizó la denuncia

El ministro de Justicia y Seguridad Nacional, Aníbal Fernández, clasificó a la denuncia penal de los diputados nacionales y porteños sobre la red de prostíbulos en Monserrat y Constitución como “conventillerío” y se olvidó de la ley que prohíbe este tipo de locales.

por Lucas Schaerer

El escrache a una red de prostíbulos de Constitución y a la comisaría 16 el pasado martes, y la investigación presentada en la justicia federal por parte de una decena de diputados nacionales y porteños, fue criticada por el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández.

“La prostitución no está prohibida ni por el estatuto de la Ciudad ni por su legislación, y por eso el Gobierno de la Ciudad habilitó un lugar para el comercio de sexo con una nueva zona roja”, sostuvo Fernández, quien de esta manera evitó citar la ley 12.331, artículo 15, que prohíbe los prostíbulos.

Fernández utilizó su derecho a réplica en el canal TN, que emitió la investigación fílmica de las organizaciones La Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) sobre los prostíbulos, la prostitución de menores y la venta de drogas. “Una vez que sepamos donde está radicada la denuncia, se aportará a la causa y el magistrado actuará”.

Precisamente, la denuncia fue radicada el martes al mediodía por la abogada Florencia Permaniri que asesora a la diputada nacional Fernanda Gil Lozano. Quien ratificará la denuncia es el presidente del bloque Coalición Cívica en el Congreso, Adrián Pérez. El juzgado Nº 7, subrogado por Norberto Oyarbide, debe investigar el tema que tomó revuelo nacional.

El ex intendente de Quilmes explicó que si bien Néstor Valleca es el jefe de la Federal, la fuerza está bajo su mando. “Yo soy el responsable político de la policía”, sentenció, y agregó que “hasta ahora no hubo respuestas, porque queremos evitar que se ensucie a la fuerza con conventillerío”, aunque prometió que Valleca entregará a la justicia la documentación sobre cada uno de los locales denunciados.

Por su parte, las organizaciones sociales que llevaron adelante la investigación replicaron con argumentos constitucionales al ministro de Justicia.

“En la argentina existe la ley 12.331 que en su artículo 15 establece que ‘queda prohibido en toda la república el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella’ y en su artículo 17 sostiene que ‘los que sostengan, administren o regenteen, ostensibles o encubiertamente casas de tolerancia, serán castigados con una multa de doce mil quinientos a veinticinco mil pesos. En caso de reincidencia sufrirán prisión de 1 a 3 años, la que no podrá aplicarse en calidad de condicional. Si fuesen ciudadanos por naturalización, la pena tendrá la accesoria de pérdida de la carta de ciudadanía y expulsión del país una vez cumplida la condena, expulsión que se aplicará, asimismo, si el penado fuese extranjero”.

Los artículos de la ley anti-prostíbulos están en consonancia con el artículo 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y el artículo 6 de la Convención sobre Eliminación de toda Discriminación contra la Mujer que tiene jerarquía constitucional. También esta en consonancia con la Convención para la Represión de la Trata y Explotación de la Prostitución Ajena (artículos 1 a 4).

“Esto sin contar, que además se vende droga ostensiblemente violando la ley 23.737 como se ha demostrado en las cámaras ocultas y confesado ayer abiertamente por una señorita de origen dominicano que reconoció ante el diario La Nación de hoy que ‘este es el único país que no nos exige visa y, además, no tienen plata para deportarnos al tiempo que añadió: Nosotros vendemos la droga, pero los argentinos son los que la consumen”, expresaron los organizadores de la investigación y el escrache junto a vecinos de a pie.

Para las organizaciones, Aníbal Fernández “desconoce la ley en puntos neurálgicos de su competencia, entonces no tendría que continuar en dicho cargo o la omite deliberadamente, o entonces estamos en presencia del delito de encubrimiento previsto en el artículo 277 del Código Penal. Si se tratara del último caso, entonces, cuando admitió ayer ‘yo soy el jefe de la Policía Federal, soy el responsable político de esa fuerza’ no sería una simple especificación técnica, sino algo mucho más grave”, concluyeron en una carta reenviada a diferentes medios.

Por su parte, el juez Oyarbide es cuestionado también. “Que curioso que siempre le toquen estas causas a ese juez”, ironizaron los denunciantes que recordaron cuando en la causa contra la marca Soho por talleres clandestinos sobreseyó a los empresarios considerando que la esclavitud es una cuestión cultural Ayliu. Esto trajo problemas al magistrado tanto que intervino el cónsul boliviano, Álvaro “Gringo” Gonxales, y el departamento de Antropología de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En el escrache, además de una decena de policías civiles infiltrados se hablaba de la presencia de la famosa espía de la Policía Federal, Mónica Amoroso, enviada por orden de un magistrado, estuvieron la diputada nacional de C.C. Fernanda Gil Lozano, la macrista religiosa Cynthia Hotton, el radical Rubén Lanceta y el legislador porteño por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Martín Hourest.

Quienes firmaron la denuncia es Adrián Pérez, Fernanda Reyes (Coalición Cívica) Claudio Lozano (Movimiento por Buenos Aires). Silvina Storni (UCR) y los legisladores porteños Facundo Di Filippo y Diana Maffía (CC), y Julián D’Angelo (socialista).

Adhirieron los legisladores porteños Guillermo Smith y Sergio Abrevaya. Mientras que el diputado kircherista autónomo, Miguel Bonasso, pidió la denuncia penal con el fin de estudiar el tema y posiblemente adherir su firma a la de sus colegas.

http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=b32103802969f4d07ee59e9e79fb6298

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