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Masoneria y aborto legal

Comparto con ustedes la invitación a esta charla abierta sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Ciclo de charlas: “Cultura, Género y Diversidad”

Sábado 21 de julio, 17hs.

Exponen:

  • Diana Maffía, Directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.
  • Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
  • Juana Garay, Presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires.

Salón República. Pres. Perón 1242, CABA.

Las chicas de pañuelos verdes – Los Andes

Comparto con ustedes esta nota publicada en el Diario Los Andes por Agustín Hauder.

Las chicas de pañuelos verdes

“Son las que nos demostraron que la unión hace la fuerza y que las diferencias puedan quedar en otro plano cuando se lucha por un objetivo”.

Por Agustín Haudet – Jefe de la sección Últimas Noticias

Ya pasaron varios días de la histórica (adjetivo trillado, lo sé, pero no creo que le quepa otro) sesión que se dio en la Cámara de Diputados en la que se consiguió media sanción a la despenalización del aborto. Y no puedo dejar de pensar en ellas. Me refiero a esas chicas de pañuelos verdes que nos dieron una lección a todos.

Esas cientos de miles de mujeres argentinas que soportaron el frío y “bancaron los trapos” defendiendo sus ideales, que son mucho más que la suma de los artículos que  este proyecto de ley propone.

Esas chicas de pañuelos verdes se multiplican por las calles. Las veo yendo a la escuela, saliendo del trabajo o jugando con sus hijos en alguna plaza.

Pueden ser nuestras hermanas, amigas, primas o compañeras de laburo.

Son las que nos demostraron que la unión hace la fuerza y que las diferencias puedan quedar en segundo plano cuando se lucha por un objetivo en común.

Esos pañuelos verdes, que son fuente de trabajo para una pequeña cooperativa de 10 trabajadoras de la localidad salteña de Vaqueros, me hicieron parar la pelota, reflexionar y cambiar de opinión.

Por esas chicas de pañuelos verdes pude nombrar sin temor o vergüenza la palabra aborto. Me daba miedo. Al nombrarla me sentía cómplice de un delito.

Por ellas entendí que es una realidad que no podemos negar. También comprendí que no toda mujer quiere ser madre, ni que todas buscan interrumpir sus embarazos.

Pero si visualicé distintas realidades, las obvias, las que como hombre jamás padeceré; ni aquellas que por educación, condición social o suerte viviré.

En la madrugada del debate escuché decir de boca de nuestros legisladores bravuconadas a las que aún no doy crédito. Las compararon con perras y hasta que iban a fomentar el tráfico de cerebros de fetos. Aún sigo sin comprender como mujeres pueden hablar así de otras mujeres.

No estoy a favor del aborto, creo que nadie lo está. Pero como dijo un diputado, de los que pude escuchar sin que me dieran ganas de apagar el televisor, “la criminalización de la mujer fracasó”. Es así. Las estadísticas lo de muestran y ellas también.

Entre las chicas de pañuelos verdes hay diferencias. Algunas son profesionales, vacacionan donde quieren y pueden darse todos los gustos. Otras viven con lo junto y miles no llegan a fin de meses.

Unas conocieron el amor verdadero y otras sólo el horror. Pero en esta se saben juntas. Tal vez las unió el espanto, pero entendieron que ahora o nunca.

Muchas, tal vez, desconocían la historia de lucha de Martha Rosenberg, Marta Aanis, Nelly Minyersky, Diana Maffía,  Carmen Argibay o de las otras mujeres nombradas en el emocionante discurso de la diputada  Silvia Lospennato. Pero no les hacía falta. Estaban allí por ellas, sus amigas, hermanas y sus hijas.

Las mujeres argentinas están haciendo historia. Las marchas en las que exigían #NiUnaMenos lo demostraron. Las pibas de los pañuelos verdes, también.

A ellas, solo mi respeto y admiración.

Desventuras del feto wi-fi, de Perfil

Comparto con ustedes esta columna que escribí para Perfil.com y fue publicada el 10 de junio.

Desventuras del feto wi-fi, operado desde un centro confesional

¿Cómo es este presente argentino que discute la ley? Detrás del símbolo del muñeco en las manifestaciones antiaborto hay una política y una idea del embarazo y del amor.

Con el debate parlamentario de la ley de interrupción voluntaria del embarazo asistimos a un momento histórico. Especialmente las mujeres lo vivimos así. En parte por el ámbito donde se produce, el Congreso, la institución que expresa la pluralidad de ideas políticas de una sociedad. Pero sobre todo porque estamos discutiendo el aborto, algo que impacta en la vida de todas las mujeres y que casi un siglo atrás fue legislado sin nosotras; y esta vez estamos presentes para que se consideren nuestras razones, nuestros testimonios y nuestras experiencias.

A pesar de desvíos y faltas de pertinencia insistentes, en la audiencia pública quedó claro que lo que se decide no es si las mujeres deben abortar o no (es un desafío unánime bajar el número de abortos) sino en qué condiciones lo harán. Las mujeres abortamos, la cifra es elocuente y el fracaso del camino punitivista también. El movimiento de mujeres, a través del socorrismo, hace años ha tomado en sus manos acompañar a las mujeres a abortar de modo seguro. El que está ausente es el Estado, y sobre eso se debe legislar. El desencuentro entre el Estado y las mujeres es lo que estamos subsanando, y esta legislatura deberá demostrar con su voto si en este encuentro nos considera o no ciudadanas capaces.

La criminalización del aborto no ha resultado eficaz para bajar el número, pero sí ha resultado eficaz para amenazar la vida, la salud y la autonomía de todas, las que parimos y las que abortamos. Porque fuimos objeto de un siglo de leyes insensibles a nuestras experiencias, donde nuestra condición adulta no nos evitó la tutela permanente. Y porque la aplicación de esas leyes también desoyó nuestras demandas sustituyendo la decisión de las mujeres por un conjunto de representantes de poderes patriarcales. En 1921, cuando se redactó el artículo del Código Penal que hoy intentamos cambiar, las mujeres éramos consideradas incapaces, pasábamos del dominio del padre al del marido, no votábamos, no legislábamos, no administrábamos nuestros bienes, no ejercíamos profesiones ni patria potestad sobre nuestros hijos, nuestra palabra no valía y ni siquiera podíamos ser testigos en un juicio. En nuestro sistema normativo no fuimos representadas sino sustituidas, no fuimos protegidas sino tuteladas.

Es una paradoja ética: la dignidad que se ha insistido en otorgar a un embrión, un ser en gestación potencialmente humano, se nos niega desde hace siglos a las mujeres. Se desconoce nuestra condición de sujetos morales, se obstruye nuestra autonomía y se debilita el reconocimiento de nuestra ciudadanía. La exclusión y la invisibilidad de las mujeres y otras personas gestantes en un asunto que nos impacta de un modo en que ninguna ley ni prohibición afecta a los varones tiene su ícono en un feto gigante que tomó el espacio público, en afiches, películas y alusiones donde se presenta a embriones con título universitario y se ignora a quien los porta en su útero como alguien que representa algo más que un recipiente desprovisto de trascendencia, de dignidad y de proyecto de vida propio. Quienes se oponen a la ley obsequiaron a los legisladores y legisladoras pequeños fetos en primorosas cajitas. Allí nos dicen qué somos para ellos las mujeres: NADA.

Como en procesión, vimos exhibir en las marchas antiderechos un gigantesco feto rosado, inviable sin una persona gestante pero orondamente independiente, un feto de nadie, con un cordón umbilical que no lo conecta a ningún cuerpo ni persona humana, un feto wi-fi que no se liga a una vida amorosa que lo anida y lo recibe con alegría (como debería ser desde un punto de vista humanista cualquier nacimiento) sino uno cuyo centro de operaciones son instituciones confesionales y misóginas, religiosas y académicas, que durante siglos han hablado por nosotras.

Nos hablan de prevención, al fin, pero no nos engañemos: los mismos que hoy argumentan en contra del derecho al aborto legal estuvieron en contra del divorcio vincular, de la patria potestad compartida, de la educación sexual, del acceso a la anticoncepción, del matrimonio igualitario, siempre con argumentos tremendistas que fueron desmentidos por la sociedad, porque lo que se obstaculiza y niega es que somos perfectamente capaces de hacer un uso racional de la ley. Esos segmentos de la sociedad que se autoatribuyen y ejercen con un poder de macho cruel una función de tutela sobre nosotras siguen tratándonos como menores de edad perpetuas. Estamos aquí un siglo después y todavía se pretende que debemos demostrar que podemos tomar decisiones autónomas sobre nuestra vida.

En un explícito abuso de poder, la cúpula de la Iglesia católica usó el tedéum oficial nacional y en las provincias para demandar la oposición a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Eso es ofensivo de muchas maneras. Se obliga a los legisladores y gobernantes en una fecha patria a recibir pasivamente las admoniciones extorsivas de una religión que tiene privilegios económicos y políticos, y lo hace en las voces de una institución que por motivos dogmáticos excluye a las mujeres, de modo que nunca deberán poner a prueba en sus cuerpos y decisiones morales sus dogmas sobre aborto. Si tuvieran en los púlpitos la persuasión dogmática buscada, no necesitarían esta insistencia para transformar el pecado en delito. Si sus castigos fueran eficaces, no necesitarían perseguirlo con la fuerza pública. Para un Estado laico, esta interferencia (sumada al privilegio de la financiación pública del culto) es claramente antidemocrática.

Los argumentos filosóficos formulados en contra de este proyecto de ley presentan notorias debilidades lógico-semánticas vinculadas con la comprensión de la vaguedad conceptual, la construcción del significado de los conceptos de clases naturales y la diferencia aristotélico-escolástica entre acto y potencia. No es este el espacio para exponerlas. Pero hay uno de otra índole que aparece en ámbitos culturales diferentes y que es ilustrativo de la difundida ceguera al trasfondo prejuicioso de numerosos opositores a este proyecto. Sin base en investigaciones científicas, sin siquiera apreciar su necesidad, con recurso a la mera intuición individual, se teme que la ley dispare un libertino descontrol sexual con ilimitado crecimiento de la tasa de embarazos, derivado de la incontinencia emocional y la inferioridad intelectual de las mujeres.

Es curioso que se pase por alto que, en las situaciones típicas, el embarazo requiere la participación de varones y que entonces, si acaso se disparase semejante desenfreno, el hecho revelaría en ellos pareja (al menos) torpeza moral e indigencia racional, difícilmente paliadas por hipotético recurso a circunstanciales intervenciones de serpientes diabólicas de incidencia exclusiva en las avanzadas mentes varoniles y cuya permanencia en las sombras servía muy bien al propósito de conservar, irracionalmente, un privilegio de género en la elaboración de las leyes.

El aborto constituye una demanda permanente del movimiento de mujeres desde el retorno de la democracia. En todos los Encuentros Nacionales de Mujeres se ha expresado de modo elocuente. En estas décadas nos hemos ocupado de desarmar muchas falacias, recolectar datos y evidencias genuinas y refinar nuestras razones. Muchas de esas razones han sido expuestas en las audiencias públicas. Los derechos de toda persona en relación con su sexualidad pueden ser reproductivos o no reproductivos, y el Estado debe garantizar ambos tipos de derechos con políticas adecuadas.

Las mujeres somos capaces de gestar, de parir, de amamantar, pero esa capacidad no puede transformarse en una obligación. Tenemos el derecho a una maternidad deseada y no el deber de una maternidad forzada. Un embarazo deseado coincide con la voluntad procreacional, y el Estado está obligado a garantizar el respeto a ese proyecto vital. Un embarazo forzado se da cuando no hay voluntad procreacional, o cuando hay obstáculos que nos dañan, y se evalúa entonces su continuidad o interrupción; y la persona gestante es quien debe decidirlo y debería tener derecho a interrumpirlo respaldada por el Estado.

Recordemos que el Código Civil establece la prioridad de la voluntad procreacional sobre la maternidad o paternidad biológica, pero las objeciones a la interrupción del embarazo pretenden que la mera condición de gestación obligue a la maternidad, aunque sea involuntaria o amenace con un daño o sea expresamente contradictoria con la voluntad de la persona gestante, y esto afecta su libertad y su dignidad. Se nos obliga a una conducta heroica, supererogatoria, y eso no es exigible moralmente. El punto es quién toma la decisión: esta es la cuestión política. Porque involucra relaciones de poder, y porque forma parte de la construcción de ciudadanía.

En este debate se decide si se reconoce el estatus moral de las mujeres para tomar decisiones autónomas sobre sus propias vidas, o si continuamos bajo tutela. La autonomía sobre el propio cuerpo gestante es un derecho inalienable; por ende, la clandestinización, la criminalización y la muerte por abortos inseguros no deberían ser NUNCA MAS una política de Estado. Lo que se discute es si una mujer que aborta debe ir presa o no, y si hacerlo de modo seguro o inseguro debe depender de su estatus económico; por eso se pide aborto legal, seguro y gratuito.

Quienes estamos a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo no intentamos imponer nuestras decisiones a quienes están en contra del aborto. Y nos hemos asegurado de que ninguna mujer sea obligada a abortar, porque su consentimiento debe ser explícito. Pero quienes objetan la ley pretenden imponer sus preferencias morales e impedir que el resto de la sociedad pueda planificar su vida con otras convicciones éticas. La ética es racional y crítica, no dogmática; el dogma es religioso. Quienes sigan un dogma podrán no abortar.

Que la interrupción voluntaria del embarazo se legalice es un hecho político que repara la desigualdad de poder en la apropiación de las decisiones sobre los cuerpos gestantes. Que no se legalice y se perpetúen los abortos clandestinos y riesgosos también es una acción política, esta vez a favor de la apropiación de los cuerpos gestantes como medios para fines que no son propios de su decisión autónoma. Y no considerar a las mujeres un fin en sí mismas es un hecho inmoral que nos obliga a un sometimiento indigno de la condición humana.

Por otra parte, se puede defender el derecho a la vida de las personas nacidas y en etapas gestacionales sin penalizar el aborto. La vida se defiende positivamente y no mediante prohibiciones; es bueno que algunas de las formas estatales de esta defensa positiva se hayan recordado en el debate. Cuando promovimos normas (todavía incumplidas y obstaculizadas) sobre educación sexual y acceso a la anticoncepción, lo hicimos pensando en la autonomía de las mujeres para evitar un embarazo no deseado y una maternidad forzada.

Nosotras defendemos la vida. La legalización disminuye las muertes maternas, y también disminuye el número de abortos. La conclusión es lógica: si quieren salvar las dos vidas, como dicen, aprueben la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

(Fuente www.perfil.com).

Para aportar al debate sobre el aborto

Comparto con ustedes las palabras de mi presentación del día 31 de mayo en el Congreso Nacional, en el marco del debate sobre los proyectos de ley de interrupción voluntaria del embarazo y legalización del aborto.

A continuación, el texto completo de mi exposición:

Quiero expresar mi agradecimiento por la oportunidad de expresar mi opinión ciudadana ante diputados y diputadas en este debate histórico, donde esperamos que se salde una deuda democrática: el debate legislativo, en la institución que expresa la pluralidad de ideas políticas de una sociedad. Histórica porque estamos discutiendo el aborto, algo que impacta en la vida de todas las mujeres, y porque esta vez nosotras estamos presentes para que consideren nuestras razones pero también nuestros testimonios y nuestras experiencias.

Hoy concluimos una extraordinaria oportunidad de audiencia pública donde hubo muchos desvíos y faltas de pertinencia, pero quedó claro que lo que se decide no es si las mujeres deben abortar o no, sino en qué condiciones lo harán. Las mujeres abortamos, la cifra es elocuente. Y también el movimiento de mujeres, a través del socorrismo, ha tomado en sus manos acompañar a las mujeres a abortar de modo seguro. El que está ausente es el Estado, y sobre eso se debe legislar. El desencuentro entre el Estado y las mujeres es lo que estamos subsanando, y esta legislatura deberá demostrar con su voto si en este encuentro nos considera o no ciudadanas capaces.
Todos queremos que haya menos abortos, pero hay que buscar el mejor camino para eso, dado que la criminalización no ha resultado eficaz para bajar el número. Pero sí ha resultado eficaz para amenazar la vida, la salud y la autonomía de todas, las que parimos y las que abortamos.

En 1921, cuando se redactó el artículo que hoy intentamos cambiar, las mujeres éramos consideradas incapaces, pasábamos del dominio del padre al del marido, no votábamos, no legislábamos, no administrábamos nuestros bienes, no ejercíamos profesiones, ni patria potestad sobre nuestros hijos, nuestra palabra no valía y ni siquiera podíamos ser testigos en un juicio. En nuestro sistema normativo no fuimos representadas sino sustituídas, no fuimos protegidas sino tuteladas.

Es una paradoja ética: la dignidad que se ha insistido en otorgar a un embrión, un ser en gestación potencialmente humano, se nos niega desde hace siglos a las mujeres. Se desconoce nuestra condición de sujetos morales, se obstruye nuestra autonomía y se debilita el reconocimiento de nuestra ciudadanía. La exclusión y la invisibilidad de las mujeres y otras personas gestantes en un asunto que nos impacta de un modo en que ninguna ley ni prohibición afecta a los varones, tiene su ícono en un feto gigante que tomó el espacio público (y en pequeños fetos en primorosas cajitas obsequiados a los legisladores. Allí nos dicen qué somos para ellos las mujeres: NADA. Un feto de nadie, con un cordón umbilical que no lo conecta a ningún cuerpo ni persona humana, un feto wi fi cuyo centro de operaciones son instituciones confesionales y misóginas, religiosas y académicas, que aquí han hablado por nosotras.

Y no nos engañemos, los mismos que hoy argumentan en contra del derecho al aborto legal, estuvieron en contra del divorcio vincular, de la patria potestad compartida, de la educación sexual, del acceso a la anticoncepción, del matrimonio igualitario, siempre con argumentos tremendistas que fueron desmentidos por la sociedad, porque somos perfectamente capaces de hacer un uso racional de la ley. Esos segmentos de la sociedad que se autoatribuyen y ejercen con un poder de macho cruel una función de tutela sobre nosotras, nos sigue tratando como menores de edad perpetuas. Estamos aquí un siglo después y todavía se pretende que debemos demostrar que podemos tomar decisiones autónomas sobre nuestra vida.

El aborto constituye una demanda permanente del movimiento de mujeres desde el retorno de la democracia. Desde entonces nos hemos ocupado de desarmar muchas falacias, recolectar datos y evidencias genuinas y refinar nuestras razones. Muchos de esas razones han sido expuestas aquí: Los derechos de toda persona en relación a su sexualidad pueden ser reproductivos o no reproductivos, y el Estado debe garantizar ambos tipos de derechos con políticas adecuadas.

Las mujeres somos capaces de gestar, de parir, de amamantar, pero esa capacidad no puede transformarse en una obligación. Tenemos el derecho a una maternidad deseada y no el deber de una maternidad forzada. Un embarazo deseado coincide con la voluntad procreacional, y el Estado está obligado a garantizar el respeto a ese proyecto vital. Un embarazo forzado es cuando no hay voluntad procreacional, o cuando hay obstáculos que nos dañan, y se evalúa entonces su continuidad o interrupción; y la persona gestante es quien debe decidirlo y debería tener derecho a interrumpirlo respaldada por el Estado. Recordemos que el código civil establece la prioridad de la voluntad procreacional sobre la maternidad o paternidad biológica, pero las objeciones a la interrupción del embarazo pretenden que la mera condición de gestación obligue a la maternidad, aunque sea involuntaria o amenace con un daño o sea expresamente contradictoria con la voluntad de la persona gestante, y esto afecta su libertad y su dignidad. Se nos obliga a una conducta heroica, supererogatoria, y eso no es exigible moralmente.

El punto es quién toma la decisión. Esta es la cuestión política porque involucra relaciones de poder, y porque forma parte de la construcción de ciudadanía. En este debate se decide si se reconoce el estatus moral de las mujeres para tomar decisiones autónomas sobre sus propias vidas, o continuamos bajo tutela. La autonomía sobre el propio cuerpo gestante es un derecho inalienable, por ende la clandestinización, la criminalización y la muerte por abortos inseguros no deberían ser NUNCA MÁS una política de estado.

Lo que se discute es si una mujer que aborta debe ir presa o no, y si hacerlo de modo seguro o inseguro debe depender de su estatus económico: aborto legal, seguro y gratuito. Quienes estamos a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo no intentamos imponer nuestras decisiones a quienes están en contra del aborto. Y nos hemos asegurado de que ninguna mujer sea obligada a abortar, porque su consentimiento debe ser explícito. Pero quienes objetan la ley pretenden imponer sus preferencias morales e impedir que el resto de la sociedad pueda planificar su vida con otras convicciones éticas.

Que la interrupción voluntaria del embarazo se legalice es un hecho político que repara la desigualdad de poder en la apropiación de las decisiones sobre los cuerpos gestantes. Que no se legalice y se perpetúen los abortos clandestinos y riesgosos también es una acción política, esta vez a favor de la apropiación de los cuerpos gestantes como medios para fines que no son propios de su decisión autónoma. Y no considerar a las mujeres un fin en sí mismas es un hecho inmoral que nos obliga a un sometimiento indigno de la condición humana.

Por otra parte, se puede defender el derecho a la vida de las personas nacidas y en etapas gestacionales sin penalizar el aborto. La vida se defiende positivamente y no mediante prohibiciones, nosotras defendemos la vida.

La legalización disminuye las muertes maternas, y también disminuye el número de abortos. La conclusión es lógica: si quieren salvar las dos vidas, como dicen, aprueben la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Diana Maffía

Aborto: cuestiones jurídicas, médicas y sociales en la Biblioteca Nacional

Les invito a esta actividad que organizamos en conjunto entre la Biblioteca Feminaria del CC Tierra Violeta y la Biblioteca Nacional.

“Aborto: cuestiones jurídicas, médicas y sociales”

Biblioteca Nacional – Sala Jorge Luis Borges (Agüero 2502)

lunes 28 de mayo de 19 a 21 hs (Día internacional de acción por la salud de las mujeres)

Mesa Redonda organizada por la Biblioteca Nacional y el Centro Cultural Tierra Violeta (Biblioteca Feminaria)

Participantes:
Analia Messina medica y Mag en Ciencias Sociales
Mario Sebastiani, Doctor en Medicina
Paola Bergallo, Doctora en Derecho
Luis Costa, Sociólogo y analista político

Coordinadora:
Diana Maffía, Doctora en Filosofía